Madrid.- Amnistía Internacional ha llevado a cabo una nueva investigación sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), en la que denuncia el automatismo con el que toman los jueces las decisiones de privar de libertad a personas migrantes en situación irregular, sin valorar otro tipo de alternativas. Personas migrantes que son detenidas, en muchas ocasiones tras controles policiales racistas, son enviadas a los CIEs en medio de un clima de falta de datos y opacidad. Algunas de estas detenciones podrían considerarse arbitrarias si no cumplen los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. La organización exige reformar la Ley de Extranjería, para asegurar que la privación de libertad sea la última medida a tomar, después de haber estudiado todas las alternativas, y teniendo en cuenta factores de vulnerabilidad u otras circunstancias, entre ellos problemas relativos a la salud mental, que se agravan con la privación de libertad. Amnistía Internacional también pide que se prohíban expresamente las redadas racistas, que contribuyen a este automatismo en la detención.
Cada año, alrededor de 100.000 personas son detenidas en Europa por motivos relacionados con la migración, casi la mitad de las que llegan, dado que según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2022 llegaron un total de 213.896 personas migrantes a Europa. Aunque se desconoce el número de personas que después de ser privadas de libertad son finalmente expulsadas de España, nuestro país no aplica, ni en la legislación ni en la práctica, las salvaguardas suficientes para impedir que se produzcan detenciones arbitrarias de las personas migrantes, especialmente cuando la expulsión o devolución no se ejecuta, por lo que se podría estar violando la prohibición internacional sobre detenciones arbitrarias. La falta de datos públicos acerca de cuántas personas de las internadas en los CIEs son finalmente expulsadas, denuncia Amnistía Internacional, contribuye a la opacidad existente, ya que la medida de internamiento solo puede estar justificada si finalmente se va a ejecutar la expulsión de las personas migrantes.
“La libertad incondicional debe ser siempre el punto de partida”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Pero hemos visto como España prefiere usar la excusa del control migratorio para tratar a las personas migrantes como criminales”, añade.
Fallos encadenados
La organización denuncia en el informe cómo existen cuatro fallos encadenados que hacen que la decisión sobre la privación de libertad no siempre se estudie de manera adecuada e individual caso por caso. Por un lado, el automatismo para el internamiento. La organización señala que cuando la policía, tras la detención de la persona en situación administrativa irregular, solicita su internamiento en un CIE, los jueces de instrucción suelen autorizar el internamiento siguiendo principalmente el criterio policial sin valorar otro tipo de alternativas.
Amnistía Internacional también denuncia la insuficiente motivación de los autos de internamiento: "Todas las personas entrevistadas han señalado que los jueces encargados no profundizaban suficientemente en el caso individual, sino que en muchas ocasiones utilizan argumentación estereotipada, y los autos contienen escasa motivación de las causas que justifican el internamiento", relata Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional.
Además, la organización argumenta que la insuficiente formación sobre la realidad de las personas migrantes por parte de las personas encargadas del internamiento, así como la mala coordinación entre los distintos operadores jurídicos que intervienen en la privación de libertad en un CIE, son otras de las causas de ese automatismo. Otra de las causas, por último, es la falta de una asistencia letrada de calidad en los procedimientos, que suele conllevar que la persona migrante se vea envuelta en un laberinto de procedimientos y papeleos de los que no es debidamente informada, lo cual contribuye al automatismo a la hora de valorar la privación de libertad.
El caso de Brian Daniel refleja estos fallos. Brian fue detenido y posteriormente internado en el CIE de Algeciras en 2023 durante un mes, hasta que finalmente fue expulsado del país. Llevaba años viviendo en España, junto a sus padres y tres hermanos, que todavía viven y trabajan aquí, a donde migraron desde Argentina, y estaba a punto de regularizar su situación. Incluso sus sobrinos habían nacido en España. Sin embargo, el auto para su internamiento dictado por el juzgado número 5 de Algeciras consta de tres páginas y carece de cualquier valoración sobre la situación personal de Brian, y su arraigo en el país.
Su madre, Elisa, relata así la ansiedad con la que vivió su internamiento y repentina deportación: "Le trataron como si fuera un delincuente. Un mes sin poder darle un beso, sin poder tocarle. El director del CIE le engañó, le dijo que si se portaba bien no le deportarían, pero luego se lo llevaron a Madrid y le deportaron, así sin avisar. Estoy con mucha angustia porque él está allí solo, con un familiar mío lejano”, cuenta.
“Pasar por un CIE no es cualquier cosa. Las consecuencias sobre los derechos humanos de las personas migrantes son variadas: provocan indefensión, obstaculizan su acceso a la justicia y repercuten en su salud mental”, asegura Virginia Álvarez.
Nicole Ndongala, presidenta de Karibou (asociación que ofrece un lugar de encuentro a las personas migrantes africanas que llegan a Madrid), señaló a Amnistía Internacional que “se han producido casos de personas que han perdido su trabajo por estar varios días detenidas y no poder avisar a su jefe. Salen [del CIE] tocadas, viven con un miedo que difícilmente hace que puedan ser como antes”. Lo mismo considera el abogado Jose Javier Ordóñez, coordinador de visitas de Migra Studium al CIE entre 2020 y 2024, quien asegura que, “hay personas con trastorno mental previo que se agrava en los CIE, principalmente porque los servicios médicos no están preparados para hacerse cargo. Igual pasa con personas con toxicomanía, lo que lleva a que muchas de ellas terminen en aislamiento. Personas con enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, o con discapacidades físicas, también pueden ver agravada su salud mental por el aislamiento”.
En cuanto al acceso a la justicia, Antonia Avalos, una mujer mexicana representante legal de una asociación de mujeres migrantes supervivientes de la violencia de género en Sevilla, indicó a Amnistía Internacional que aunque la legislación prohíbe la iniciación de un expediente de expulsión a una mujer en situación irregular cuando denuncia ser víctima de violencia de género, “muchas mujeres no se atreven a denunciar, por miedo a que finalmente la sentencia no sea favorable. Si el hombre es español hay más miedo todavía por la contradenuncia. El sistema judicial no nos alcanza, la sospecha se cierne sobre nosotras porque hay muchos prejuicios, la mujer va temerosa y los jueces lo perciben”.
Racismo estructural e hipervigilancia
Al automatismo a la hora de decidir sobre el internamiento en los CIEs de las personas migrantes en situación irregular contribuye el hecho de que en España se estén llevando a cabo, de forma normalizada, redadas por perfil racial que resultan discriminatorias y son una muestra del racismo estructural existente en España. Aunque España reformó el artículo 16 de la LOSC (Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza) referido a la identificación de personas en la vía pública por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, e incorporó la necesidad de observar el principio de igualdad de trato y no discriminación, sigue existiendo un amplio margen de discrecionalidad entre los agentes. Tal y como señalan diversos organismos de derechos humanos como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) o el Comité contra la Tortura, es imposible llevar a cabo este tipo de identificaciones sin aplicar sesgos racistas.
Como consecuencia de los controles de identidad con sesgo racial, muchas personas racializadas se sienten estigmatizadas e hipervigiladas. Mohamed Mboirick, mauritano que lleva más de 22 años viviendo en España y portavoz de la Asociación Africana de Valencia contó a AI que “si vas con un smartphone, te hacen apagarlo y encenderlo de nuevo para comprobar que no lo has robado”. Lamine Sarr, senegalés y cofundador del Sindicato de Manteros de Barcelona también habló de esta sensación de hipervigilancia: “Cuando preguntas, siempre tienen excusa, están buscando a un negro, alguien que ha robado... Para la policía todos los negros somos iguales. Da igual tu aspecto, si tienes un coche de lujo, piensan que lo has robado, es pura discriminación racial”.
Peticiones de Amnistía Internacional
- Debe reformarse el artículo 16 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para que se defina y prohíba expresamente las redadas por perfil racial, incorporando la definición de la ECRI (Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia): "el empleo por parte de la policía, sin justificación objetiva y razonable, de la raza, color, lengua, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional en las actividades de control, vigilancia o investigación".
- Debe introducirse en la Ley de Extranjería que la privación de libertad, concretamente el internamiento de personas migrantes por motivos migratorios, debe ser una medida de último recurso, una vez que se haya valorado cada caso mediante un cuidadoso procedimiento individualizado en el que se justifique la imposibilidad de la aplicación de otras medidas menos coercitivas. Igualmente, hay que fortalecer salvaguardas para garantizar que siempre haya una presunción a favor de la libertad, que solo puede ser limitada en las circunstancias más excepcionales. También debe introducirse la prohibición expresa de aplicar esta medida de privación de libertad a personas como niños y niñas, familias, solicitantes de asilo, víctimas de tortura o trauma, o víctimas de trata, por el impacto tan negativo que provoca en sus circunstancias personales. Diversos organismos de derechos humanos han solicitado a los Estados que revisen su legislación y restrinjan progresivamente la detención de personas migrantes motivada por su situación administrativa, con la intención de abolir esta práctica.
- Finalmente, el Gobierno debe acabar con el secretismo y la falta de transparencia, garantizando el acceso a la información sobre las personas extranjeras que se encuentran privadas de libertad en los CIE sin restricciones.
