Ceuta/Madrid.- Amnistía Internacional ha llevado a cabo una misión de investigación y ha comprobado sobre el terreno que acceder al asilo en Ceuta es una carrera de obstáculos casi insuperable debido a la impunidad con que actúan en frontera los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la colaboración entre las autoridades españolas y marroquíes. Esta impunidad se ve reforzada por el no cumplimiento de algunas sentencias judiciales por parte de las autoridades o el no reconocimiento, cuatro años después, de que se expulsó ilegalmente a menores de edad en agosto de 2021.
“Acceder al asilo en Ceuta depende de la destreza del nadador o de su fortaleza física al saltar la valla, o de la suerte. Las autoridades españolas y marroquíes tratan de evitar que puedan acceder a su derecho al asilo”, señala Esteban Beltrán, director de la organización en España.
Las personas que buscan protección internacional entrevistadas por AI, algunas de ellas procedentes de lugares en actual situación de conflicto armado, o pertenecientes a minorías sexuales perseguidas en Marruecos y Argelia, contaron que deben primero superar las redadas de la policía marroquí en los alrededores de Ceuta; posteriormente nadar en el mar durante varias horas sin ser interceptados por patrulleras; o saltar la valla y, finalmente, evitar que la policía española les devuelva en caliente a Marruecos. Devoluciones automáticas sin los debidos procedimientos donde, según relatan, los agentes de la Guardia Civil no consideran si quieren solicitar protección internacional o manifiestan alguna situación de vulnerabilidad.
Una vez más, Amnistía Internacional ha podido comprobar la imposibilidad de que una persona que huye de la guerra o de otras violaciones de derechos humanos pueda solicitar asilo en los puestos fronterizos entre España y Marruecos, desmintiendo de nuevo el argumento del Gobierno español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que, para justificar las expulsiones sumarias y sin procedimiento en las vallas, arguyó que los solicitantes de asilo podían hacerlo en puesto fronterizo, en la sentencia Nd, Nt contra España. Por poner un ejemplo: en 2025, solo una persona ha podido solicitar en puesto fronterizo en Ceuta este año, y se trata de un policía marroquí.
La organización también ha recogido testimonios de las dificultades añadidas que las personas marroquíes o argelinas enfrentan a la hora de pedir asilo. Según personal del Centro de Estancia Temporal de Migrantes (CETI), las personas de estas nacionalidades no pueden realizar las peticiones de asilo desde el CETI sino que tienen que hacerlo ellas mismas a través de una aplicación y con un teléfono español. Muchos se encuentran con una dificultad añadida porque no hablan el idioma y no entienden el procedimiento, las citas se cierran y deben estar pendientes de cuando se abre el cupo de nuevo.
”Hasta la próxima vez”: expulsiones en caliente
No existen datos de cuántas devoluciones sumarias y sin respetar ningún tipo de procedimiento y garantías se han producido en 2025, tanto en frontera terrestre como en el mar. Sin embargo, la mayoría de las personas entrevistadas por AI en España cuentan que han intentado saltar la valla o tratado de entrar nadando a Ceuta y han sido expulsadas en varias ocasiones por la policía española, o se les ha impedido el acceso a España por parte de la policía marroquí. Para Amnistía Internacional cualquiera de estas devoluciones es preocupante porque viola la posibilidad de que se estudie individualmente su caso.
”He intentado entrar en España nueve veces, en casi todas me ha detenido la policía marroquí, excepto en una en que la Guardia Civil española me devolvió por la puerta después de que me entregué al ver que iban a rociarme con un spray que me da miedo porque sé que un amigo mío lo sufrió y se quedó inconsciente. Le dije al Guardia Civil que era de Sudán cuando me entregó a la policía marroquí, pero no me hizo caso, solo me dijo en inglés: “Hasta la próxima vez”, relata A.M., sudanés de 24 años.
"El gobierno sigue escudándose en la figura del "rechazo en frontera" que introdujo en la Ley de Extranjería a través de la Ley de Seguridad Ciudadana para seguir llevando a cabo devoluciones en caliente. A veces, cuando no son colectivas, pasan desapercibidas, y no provocan tanto ruido mediático como otras, pero siguen siendo ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. No olvidemos que estas prácticas constituyen una violación del principio de no devolución y del derecho a solicitar asilo y, además, pueden vulnerar la prohibición de las expulsiones colectivas y,con frecuencia, se ejecutan con una violencia que equivale a un trato inhumano o degradante, a veces incluso tortura, además de exacerbar o crear vulnerabilidades", asegura Esteban Beltrán.
M.C, que alega ser menor, procedente de Gambia, intentó entrar en España hasta en siete ocasiones. En dos de ellas asegura que la policía española, al verle intentar cruzar la valla, avisó a la marroquí, quien, una de esas ocasiones, le golpeó brutalmente.
“Hemos hablado con personas que han sido devueltas sin procedimiento varias veces. Esto no es algo nuevo, lamentablemente llevamos años denunciándolo. Pero sí cada vez es más peligrosa la impunidad que se establece en la frontera sur, donde parece que las personas migrantes y refugiadas no tienen los mismos derechos que el resto de personas, especialmente las que proceden de Marruecos", lamenta Beltrán.
Por lo tanto, ya es hora de que el gobierno ponga fin a esta práctica que llevamos décadas denunciando y ofrezca las debidas garantías procesales a todos los migrantes que se encuentren bajo la jurisdicción o el control efectivo del Estado", indica Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior en Amnistía Internacional España.
Cumplir las sentencias judiciales
A Amnistía Internacional también le preocupa, tras las conversaciones con la Delegación del Gobierno durante la visita, la renuencia de las autoridades a cumplir con sentencias judiciales. Una reciente sentencia como la del 24 de marzo de 2025, del Tribunal de Justicia de Andalucía ha considerado que expulsar a las personas que entran por mar sin respetar el procedimiento administrativo previo que incluya garantías como la asistencia letrada, es ilegal y no está amparado por la figura de rechazo La delegación del gobierno dijo a la organización que esta sentencia está recurrida por el gobierno y que hasta que no haya sentencia final del Tribunal Supremo no se tiene por qué cumplir. Es decir, que se puede seguir devolviendo en caliente a personas que lleguen por mar.
A. de nacionalidad argelina, y que actualmente está intentando solicitar asilo por la persecución que ha sufrido en su país por motivos religiosos, contó a Amnistía Internacional que era la segunda vez que había entrado a Ceuta a nado. La primera vez, la Guardia Civil le devolvió a Marruecos sin procedimiento. Las autoridades marroquíes le llevaron al sur y le dejaron en el desierto: “Empecé a nadar a las dos de la mañana, tuve que hacerlo durante muchas horas. Los españoles me cogieron cuando estaba ya en la carretera, y sin preguntarme nada, me pusieron unas bridas en las manos y me llevaron a la frontera. Allí estuve dos horas hasta que llegaron los marroquíes, nadie habló conmigo ni me dijo nada”.
Otro ejemplo más de desprecio a la legalidad vigente fue la expulsión de 55 menores marroquíes en agosto de 2021, sobre la cual se está celebrando el juicio en Ceuta esta semana. Durante esta actuación, Amnistía Internacional considera que se produjo una violación del interés superior del menor puesto que fueron expulsados sin ser escuchados, sin acceso a asistencia letrada y sin ninguna de las garantías de procedimiento individualizado de repatriación contemplado en la normativa española y en los acuerdos de repatriación entre España y Marruecos, o la normativa internacional de derechos humanos como la Convención de Derechos del Niño.
El propio Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de enero del año 2024, estableció que la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos llevada a cabo por las autoridades españolas en agosto del 2021 fue ilegal por la “absoluta inobservancia“ de las prescripciones de la Ley de Extranjería, que exigen un procedimiento administrativo individual y, entre otras garantías, intervención del Ministerio Fiscal.
Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional, ha declarado este miércoles en sede judicial que en esos días, entre mayo y agosto del año 2021, dirigió cartas a las autoridades del Gobierno Central y del Gobierno de la Ciudad de Ceuta y publicó cuatro notas de prensa, pidiendo que no se repatriaran a Marruecos los menores de edad en violación del principio del interés superior del menor y sin la debida intervención de la entidad pública protectora de menores y, muy especialmente, del Ministerio Fiscal como establece la propia Ley Orgánica 4/2000.
Algunos menores, todavía en condiciones inadecuadas
Amnistía Internacional ha visitado varios centros de menores en la localidad de Ceuta, que tiene bajo tutela alrededor de 400 niños (y cuatro niñas) en nueve centros. Para la organización resulta preocupante que algunos de los menores se encuentren en instalaciones como naves o edificios prefabricados que no cumplen con las condiciones adecuadas, especialmente el centro de primera acogida Nueva Esperanza, que se encuentra en una nave en un polígono industrial abandonado. “Las autoridades deberían hacer un esfuerzo para garantizar que todos los niños tengan acceso a los mismos estándares de acogida, así como por contar con personal cualificado con la formación adecuada para tratar con menores”, explica Virginia Álvarez. “Eso sí, valoramos positivamente el esfuerzo que han hecho las autoridades de la ciudad autónoma para documentar a los menores y facilitar su transición a la vida adulta, y el compromiso de buscar una nueva ubicación para los menores y cerrar los dispositivos que están en el polígono industrial” .
El pasado mes de marzo se aprobó el Real Decreto-Ley 2/2025 que establece una serie de criterios para la reubicación de niños y niñas no acompañados de una Comunidad o Ciudad Autónoma a otra, cuando la primera exceda tres veces su capacidad de acogida. La aplicación de este decreto supondría el traslado de más de 4.000 niños y niñas desde Canarias y Ceuta a otros puntos de España. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que los niños y niñas no acompañados tienen que quedar fuera de la pelea política y garantizar que se adopta una solución que respete todos sus derechos. afirma Virginia Álvarez.
Más información
En lo que llevamos de año y hasta el 15 de junio, casi 800 personas habrían llegado a Ceuta por vía terrestre y marítima, un 76,9% menos que durante el mismo periodo en 2023. Actualmente Ceuta acoge a alrededor de 400 menores. Estas cifras son una muestra de cómo las medidas adoptadas por el Gobierno español para obstaculizar la entrada de personas procedentes de Marruecos a territorio español han “funcionado” y se ha traducido en un descenso de entradas tanto por Ceuta como por Melilla, debido en parte a los controles fronterizos realizados también por las fuerzas de seguridad marroquíes así como a las devoluciones en caliente que, según fuentes como el ACNUR, siguen produciéndose por parte de las autoridades españolas. Tal y como señala Amnistía Internacional: o se establecen rutas legales y seguras para las personas migrantes y refugiadas o éstas corren el riesgo de tomar otras muchos más peligrosas, como es el caso de la ruta canaria.
