tal y como había exigido Amnistía Internacional en su último informe, “La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España”.
El acceso a la vivienda no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos
En Madrid, se presentaron 5.810 solicitudes de orden de protección en 2016, de las que se aceptaron 2.954más del 50% de las mujeres que denunció vio su denuncia rechazada, y, como consecuencia, podrían no haber tenido un acceso prioritario a la vivienda social. estas mujeres residen actualmente en algunas de las viviendas sociales que fueron vendidas por la CAM y el Ayuntamiento de la localidad a fondos de inversiónnecesitan medidas de protección urgente “El derecho a la vivienda no se vende”
