Ante el debate sobre el proyecto de ley dirigido a imponer restricciones significativas del derecho a la libertad de reunión pacífica que se celebra hoy, Rado Sloboda, director de Amnistía Internacional Eslovaquia, ha afirmado:
“Este draconiano proyecto de ley es un intento de utilizar la seguridad y el orden públicos como pretexto para reprimir el derecho de reunión pacífica y despojar a la gente de su derecho a protestar. De ser aprobada, esta ley sería una violación flagrante de la Constitución de Eslovaquia y de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Este proyecto de ley debe retirarse de inmediato.
En lugar de abordar motivos de preocupación genuinos relacionados con la seguridad, este proyecto de ley persigue aumentar el poder de las autoridades para restringir e incluso prohibir reuniones pacíficas, y tendría un importante efecto inhibidor en materia de derechos humanos.
Prohibir una protesta debería ser una medida de último recurso, y utilizar la interrupción del tráfico y otras alteraciones como motivo para prohibir una protesta pacífica constituye una burla de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deberían aplicarse.
Es imprescindible que se preserve el derecho a reunirse cerca de sedes gubernamentales y lugares políticamente simbólicos, y que se responda con un firme rechazo a este intento descarado de deslegitimar y demonizar la reunión pacífica y a quienes protestan.”
Información complementaria
Este proyecto de ley forma parte de un paquete de propuestas legislativas conocido como “Legislación en respuesta al intento de asesinato (del primer ministro Robert Fico)”. Prohibiría reunirse no sólo en las inmediaciones del Parlamento —ya prohibido en la actualidad— sino también alrededor de edificios donde residen o trabajan jefes de Estado y de gobierno y altos cargos judiciales.
Asimismo concedería a los ayuntamientos amplias facultades para prohibir reuniones por diversos motivos, entre ellos el riesgo de enfrentamientos entre participantes o grupos y la imposibilidad de garantizar el orden público con medidas menos enérgicas.
Conforme al proyecto de ley, cuando una reunión no sea pacífica, se disolverá y dará lugar a sanciones para “más personas”, y el Ministerio del Interior podrá imponer a los municipios multas de hasta 16.500 euros.
