Principales preocupaciones
Modificación de delitos contra el orden público
- Se modifican los delitos de atentado contra la autoridad y de desórdenes públicos. El anteproyecto ya no considera necesario que, por ejemplo, la resistencia a la autoridad sea activa y grave; por lo que la propia resistencia pasiva podría ser castigada de igual manera que una agresión, lo que va en contra del principio de proporcionalidad. La ambigüedad de algunas definiciones en el nuevo proyecto podría generar inseguridad jurídica, por lo que el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado han pedido que se aclaren estos términos.
penas más graves si se producen en el contexto de manifestaciones y reuniones numerosas
- Se introducen nuevos tipos penales como la invasión u ocupación de domicilios de personas jurídicas y de interrupción de los servicios de telecomunicación o medios de trasporte, siempre que haya una alteración grave de la “actividad normal”, algo que tampoco está claramente definido. Lo que crea nuevamente inseguridad jurídica que difícilmente concuerda con el principio de legalidad.
- Se crean nuevos delitos como el de difusión de mensajes o consignas, que refuercen la “disposición” a alterar el orden público. Para Amnistía Internacional, con la ambigüedad de este nuevo delito, se corre el riesgo de que la difusión de cualquier opinión o crítica se pueda convertir en un comportamiento punible. Circunstancia de la que también ha alertado el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Crímenes de derecho internacional
tortura violación sexual bajo custodia como forma de torturadesaparición forzadaejecución extrajudicial esclavitud sexual
Prisión permanente revisable
prisión permanente revisable
Indefinición de terrorismo
casos de terrorismo
Invisibilidad de los ciudadanos extranjeros
Información complementaria
análisis realizado sobre el nuevo texto
