Madrid. Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, Amnistía Internacional recuerda que sigue sin haber un sistema de denuncias de acoso escolar útil y eficaz que complemente al servicio telefónico actual. Es imprescindible poner en marcha cuanto antes un mecanismo que utilicen habitualmente los y las adolescentes y que sea anónimo para garantizar la privacidad de las denuncias.
Tal y como hizo el pasado mes de junio durante la presentación de su informe sobre esta materia, Hacer la vista… ¡gorda!, la organización insiste en que es necesario contar con niños, niñas y adolescentes para la prevención del acoso escolar y en la identificación de soluciones. En los lugares donde se han implementado programas de apoyo entre iguales, se ha demostrado que es una herramienta muy eficaz para prevenir el acoso y abordar otras alteraciones de la convivencia escolar.
Amnistía Internacional mantuvo una reunión con el Secretario de Estado de Educación, el pasado mes de julio, para abordar las medidas y actuaciones previstas por el Gobierno sobre este tema. El Gobierno comunicó a la organización que se están implementando “algunas medidas” del actual Plan Estratégico de Convivencia Escolar para combatir el acoso escolar. Este plan tiene un periodo de ejecución 2016-2020 y el Gobierno también informó que está trabajando en uno nuevo.
El servicio de atención telefónica, una herramienta de denuncias desfasada
Según la investigación de Amnistía Internacional, la mayoría de los casos de acoso escolar identificados de forma preliminar por el servicio de atención telefónica del Ministerio de Educación (900 018 018) en 2017 y 2018 no fueron denunciados a la inspección educativa.
El Ministerio afirmó en los medios de comunicación, a raíz de la denuncia de Amnistía Internacional, que había modificado el protocolo de funcionamiento del servicio telefónico. Según las declaraciones del secretario de Estado de Educación, “el nuevo reglamento establece que el 100% de los casos deben ser derivados, pero a distintas entidades: la Fiscalía de menores, el centro educativo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios sociales, sanitarios o la Inspección. Cada caso requiere un tipo de atención”. Según ha comprobado Amnistía Internacional, esta modificación del protocolo de funcionamiento del servicio telefónico no ha sido publicada en la web del Ministerio por el momento, y solo se han mencionado en medios de comunicación datos del mes de abril de 2019, lo que impide conocer la magnitud real del problema. Se desconoce cuáles son los criterios para derivar los posibles casos a los diferentes servicios y los indicadores bajo los que se decide informar o no a la inspección educativa.
Amnistía Internacional reitera que es necesario que la inspección educativa tenga conocimiento de todos los casos de acoso escolar con el objetivo de tener datos reales sobre la magnitud del acoso escolar en España, así como de los factores de riesgo y posible discriminación. Si los centros educativos tienen conocimiento de un caso de acoso escolar a través de la información proporcionada por el Ministerio, en aplicación de los protocolos de las comunidades autónomas, deberían también ponerlo en conocimiento de la inspección.
Un servicio de atención telefónica infrautilizado
Durante su primer año de funcionamiento, el servicio de atención telefónica recibió 25.366 llamadas, de las que 7.508 fueron identificadas como posibles casos de acoso escolar. Sin embargo, sólo se informó a la inspección educativa de 278 de ellas (el 3,7% del total), y ello a pesar de que el protocolo del servicio telefónico dice claramente que se debe informar a la inspección de todos los casos.
A finales de abril de 2019, el Ministerio de Educación informó de que en su segundo año de funcionamiento (entre noviembre de 2017 y octubre de 2018), el teléfono había recibido 12.799 llamadas, de las que 5.557 fueron identificadas como posibles casos de acoso. El Gobierno atribuye este notable descenso con respecto al año anterior a la puesta en marcha de servicios equivalentes por varias comunidades autónomas.
Las razones de Amnistía Internacional para pedir un sistema complementario de denuncias se sustentan en datos del propio Ministerio. Según el informe de actividades de 2017 del servicio de atención telefónica, sólo el 3% de quienes llamaron dijo haber tenido conocimiento del servicio en el centro de enseñanza. Los niños, niñas y adolescentes apenas usan el teléfono de ayuda; las principales personas usuarias son padres y madres. En 2017, sólo el 4% de las llamadas fueron realizadas por las propias víctimas (3,78% en 2018), y alrededor del 1% fue de amigos/as o compañeros/as de clase de la víctima de acoso.
Ciberacción en Internet y movilización en la calle para frenar esta situación
Amnistía Internacional tiene en marcha una campaña en Internet en www.pupitreslibres.org que recoge firmas dirigidas al nuevo gobierno central y a las comunidades autónomas en la que pide que conviertan la lucha contra el acoso escolar en parte central de sus políticas. Desde que se lanzó la campaña en junio pasado, se han recogido ya casi 20.000 firmas. Además de en la web, también han salido a la calle para recoger firmas activistas de más de 40 localidades en España.
