El Gobierno sigue ignorando los abusos de la "guerra contra el terrorismo"

20 de enero de 2010

"Un compromiso con los derechos humanos empieza con normas universales y con responsabilizar a todos ante esas normas, incluyéndonos a nosotros... Cuando la injusticia se ignora en algún lugar, se niega la justicia en todo lugar. El reconocer y remediar errores no nos hace más débiles, sino que reafirma la fortaleza de nuestros principios e instituciones."

se ha acogido al privilegio del secreto de Estado para desestimar una demanda interpuesta por cinco detenidos por violación de sus derechos humanos, incluidos crímenes recogidos en el derecho internacional, y de los que dicen fueron objeto en el programa de “entregas extraordinarias” de la CIA;
se ha opuesto a una demanda interpuesta por cuatro ciudadanos británicos por la tortura y la detención arbitraria de la que fueron objeto en Guantánamo. La administración sostuvo que en el momento en que estos hombres fueron detenidos “no estaba claramente definido” si tenían los derechos que dicen les fueron violados y que, por tanto, los funcionarios implicados estaban “protegidos” frente a la responsabilidad civil. En diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos se puso de lado de la administración y declinó hacerse cargo del caso;
ha tomado parte en una petición a un tribunal federal para que destimara una demanda interpuesta contra John Yoo, el que fuera ayudante adjunto del fiscal general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por la implicación que según la demanda tuvo en condiciones de detención y técnicas de interrogatorio ilegales. La administración Obama declaró que en el marco de “la detención y el trato de aquellas personas consideradas enemigas durante un conflicto armado [...] en el que intervienen asuntos de seguridad nacional y poderes de guerra” se desaconseja “la creación judicial de un remedio económico de daños y perjuicios”;
ha mantenido la negativa y el rechazo de la administración Bush a que aquellas personas detenidas en la base aérea de Bagram, en Afganistán, tengan acceso a abogados y a tribunales, lo que refuerza la falta de rendición de cuentas por los abusos cometidos allí y la imposibilidad de que los detenidos puedan presentar recursos efectivos;
ha rechazado hacer públicas fotografías y otro material documental relacionado con los abusos de los detenidos.

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