- Falta de investigaciones sobre las necesidades de las víctimas de violencia contra las mujeres y de los grupos más vulnerables de mujeres, como las inmigrantes, las mujeres objeto de trata, las mujeres de zonas rurales y las mujeres con discapacidad.
- Falta de coordinación entre las autonomías y el gobierno central.
- Falta de centros de acogida públicos.
- Falta de medios para la aplicación de medidas con que combatir la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, distribución desigual entre las regiones de los medios disponibles y falta de transparencia en su uso.
- Falta de medidas para erradicar estereotipos tradicionales que perpetúan directa e indirectamente la violencia contra las mujeres.
- Falta de participación de las mujeres y las organizaciones no gubernamentales en el proceso de elaboración de políticas sobre la violencia contra las mujeres.
- Falta de formación de los profesionales de la salud en el trabajo con víctimas de violencia contra las mujeres.
- Falta de medidas efectivas de protección de las mujeres que presentan denuncias y falta de reparación a las víctimas.
- Impunidad de los funcionarios del Estado y falta de asistencia legislativa a las víctimas.
El gobierno debe cumplir con sus obligaciones en la protección de los derechos de las mujeres
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