El fallo del tribunal de apelación contra un ex asesor presidencial constituye un "nuevo golpe" a la libertad de expresión

07 de enero de 2013

Un tribunal militar de apelación tunecino ha confirmado la declaración de culpabilidad de un ex asesor presidencial por los cargos de difamación y le ha impuesto una pena aún más severa

declarado culpable de “socavar la reputación del ejército" y “difamar a un funcionario público".

Además, lo privaron de determinados derechos civiles, como servir en el ejército, trabajar como funcionario, o la posibilidad de que el Estado le concediese honores o distinciones.

Los cargos contra Massoudi se presentaron por haber criticado públicamente la extradición del ex primer ministro libio Al Baghdadi al Mahmoudi de Túnez a Libia en junio de 2012.

“El endurecimiento de la pena transmite un mensaje muy claro: que las autoridades tienen intención de actuar con dureza contra quienes las critican”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Este veredicto debe anularse de inmediato; con él se pretende castigar a alguien simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión. En todo caso, los civiles nunca deben ser juzgados ante tribunales militares”.

Según ha afirmado Amnistía Internacional, no sólo se ha vulnerado el derecho de Massoudi a la libertad de expresión, sino que ha sido juzgado en el sistema de justicia militar de Túnez y con ello se ha socavado también su derecho a un juicio con garantías.

Una de las autoridades objeto de la difamación de la que se le acusó –el ministro de Defensa tunecino– también preside el Alto Consejo de Jueces Militares, encargado de supervisar el nombramiento, la destitución, la disciplina y la promoción de los jueces militares. La otra persona es el jefe de las fuerzas armadas, el general Rachid Ammar. Este hecho plantea graves interrogantes en torno a la capacidad del sistema de justicia militar de manejar el caso de Massoudi con imparcialidad e independencia.

Además, Amnistía Internacional pide a las autoridades tunecinas que levanten de hecho la prohibición de viajar impuesta a Massoudi antes del comienzo del juicio.

En junio de 2012, Amnistía Internacional afirmó que la extradición del ex primer ministro libio vulneraba el derecho internacional de los derechos humanos.

"El fallo contra Massoudi es una nueva señal de que las autoridades tunecinas están limitando el alcance de la libertad de expresión”, ha declarado Hadj Sahraoui.

“Las autoridades deben poner fin a estos ataques a la libertad de expresión, uno de los derechos que los tunecinos defendieron con tanto ahínco en el levantamiento que provocó el derrocamiento del ex presidente Ben Alí en enero de 2011”.

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