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La decisión del Comité incluye recomendaciones generales para paliar un problema que se demuestra estructural en España, donde solo en 2017 se han producido 57.996 desahucios.
- La reforma de los procedimientos judiciales para que los jueces sean capaces de valorar las consecuencias personales del lanzamiento,
- la necesidad de cooperar más y mejor entre los tribunales y los servicios sociales para evitar que nadie se quede en la calle,
- la obligación de asegurar alternativas habitacionales en caso de desahucio y
- la creación de un plan nacional comprensivo para garantizar el derecho a la vivienda a personas con escasos recursos.
