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El Consejo de Seguridad debe actuar urgentemente para abordar la crisis

Miles de musulmanes se han visto obligados a huir de sus hogares para escapar de los ataques de venganza sectaria llevados a cabo por las milicias cristiana anti-Balaka. © Amnistía Internacional.

“Es urgente que el Consejo de Seguridad autorice esta operación de mantenimiento de la paz, a la que debe darse un sólido mandato de protección de la población civil”, ha dicho Netsanet Belay, director de Investigación y Relaciones Institucionales para África.
Los actuales esfuerzos por resolver la crisis no son en absoluto adecuados, y la nueva misión de la ONU debe tener capacidad para abordarla”, ha dicho Belay. “Hemos sido testigos del despliegue de las fuerzas de mantenimiento de la paz a zonas en las que no tenían ni idea de lo que sucedía, ni siquiera de dónde estaban. Las tropas tenían la moral baja, estaban mal equipadas y en muchos casos se quejaban de que llevaban meses sin cobrar.”   Las promesas internacionales de financiar la MISCA aún no se han materializado plenamente. “Gran parte del dinero prometido para reforzar la MISCA no ha llegado, y la mayoría de las instituciones internacionales miran hacia otro lado. Mientras, continúa el desplazamiento interno de cientos de miles de personas y miles de musulmanes luchan para salir del país temiendo por su vida.” “El Consejo de Seguridad debe tomar medidas decisivas. Se trata de un asunto de máxima urgencia: cada día cuenta. Hay cientos de miles de personas que sufren. Salvar vidas debe prevalecer frente a las cuestiones políticas”, ha dicho Belay.   Notas para los periodistas
El secretario general de la ONU presentó la semana pasada al Consejo de Seguridad de la ONU una iniciativa de seis puntos concebida para reforzar las actuales operaciones, que incluye el reforzamiento rápido de las tropas francesas y de la MISCA en al menos 3.000 efectivos militares y policiales bajo un mando coordinado, y el apoyo fundamental logístico y económico de las fuerzas africanas. La iniciativa también propone planes para mejorar la capacidad de las instituciones gubernamentales y apoyar el sistema de justicia.

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