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El caso Hamdan pone a prueba la legalidad de las comisiones militares

Lo que se hace más patente al observar estas vistas es que la falta de normas y de procedimientos establecidos hace que sea muy difícil, si no imposible, preparar una defensa eficaz. Como las normas cambian constantemente y no hay criterios basados en precedentes o en jurisprudencia, la orientación de la persona acusada y su representante letrado a la hora de actuar es escasa o nula. El resultado es que un número considerable de las garantías necesarias para la celebración de un juicio justo están gravemente restringidas o completamente ausentes; no sólo eso, sino que además el propio proceso parece hecho a la medida del caso. Aunque los abogados de la acusación y la defensa se mostraron competentes y pusieron gran celo en su trabajo, el sistema está diseñado para garantizar una declaración de culpabilidad a pesar de una entusiasta y bien argumentada defensa. El propio organismo encargado de seleccionar y acusar a los detenidos, formular las normas y seleccionar a los miembros del tribunal que debía ver la causa creó delitos que encajaban perfectamente con las pruebas . La persona que ejerce la presidencia de una comisión militar sólo debe responder ante la autoridad designadora que la nombró a ella. En semejante sistema cerrado, ningún juicio puede ser “completo e imparcial”.

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