“Mientras el mundo avanza hacia mayores garantías en el derecho al aborto, contados países como Estados Unidos, Polonia o China, se empeñan en devolvernos a un oscuro pasado que pretende anclar a las mujeres en su rol reproductor”, ha declarado Maribel Tellado, responsable del trabajo sobre derechos de las Mmujeres en Amnistía Internacional España con motivo del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, que se celebra cada 28 de septiembre.
El acceso al aborto legal y seguro es un componente esencial de cualquier sociedad justa e igualitaria y, cada vez hay un mayor consenso mundial a favor de respetar y garantizar este derecho. En los últimos 25 años, se han acelerado los avances y más de 50 países han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto. Asia representa una quinta parte de ellos, y en América Latina la legislación ha avanzado en Chile, Argentina, México, Ecuador y Colombia. Europa es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido e Irlanda fue el último país en despenalizarlo, a finales de 2018.
“Sin embargo, desgraciadamente, no podemos dar por sentados derechos humanos que en los últimos tiempos se han visto en peligro. Hay que volver a recordar que el acceso al aborto legal y seguro es un derecho humano, y que los países que lo penalizan ponen en riesgo no sólo la salud de las mujeres y las niñas sino también su derecho a la autonomía corporal, a la intimidad, a la no discriminación y a igual protección ante la ley”.
“Países como Estados Unidos, China o Polonia son solo algunos malos ejemplos de Estados que han dado pasos hacia atrás en el acceso al aborto. Gracias a la lucha imparable de muchas activistas, tenemos éxitos que celebrar, como los que se han producido en Colombia, que en marzo de este año despenalizaba el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo, igual que lo hacía México en 2021, o Argentina, que legalizaba el aborto el año pasado. Sin embargo, el recorrido todavía es largo: Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Madagascar, Malta o Andorra, entre otros países, todavía mantienen leyes que prohíben el aborto en todas las circunstancias y, otros países como Polonia, sólo lo permiten en caso de que la vida de la embarazada esté en peligro o en caso de violación. En definitiva, casi el 50% del total de las mujeres en edad reproductiva viven en países donde el abordo está fuertemente restringido”.
Un repaso de avances y retrocesos
Europa lleva más de 60 años liderando la tendencia mundial a la liberalización de la legislación sobre el aborto y del acceso de las mujeres y otras personas susceptibles de embarazo a un aborto seguro y legal. Es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido y los avances son continuos. Irlanda fue el último país en despenalizarlo a finales de 2018. Más recientemente, el 26 de septiembre de 2021, hubo una rotunda votación popular a favor de reformar la prohibición del aborto en San Marino, vigente desde hace 156 años. Y en España, el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que se encuentra en trámite parlamentario, contiene importantes avances respecto a la actual legislación. Entre ellas, permitirá el acceso al aborto a las adolescentes de 16 y 17 años y a las mujeres con discapacidad, sin necesidad de la autorización de sus progenitores o tutores. Además, promueve la eliminación de barreras en el acceso, como el llamado “plazo de reflexión” y la obligatoriedad de recibir información acerca de recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. Y se regula la denegación de servicios por motivos de conciencia (“objeción de conciencia”), de manera que se garantiza la prestación del aborto en los servicios públicos. Aún quedan también por resolver en la ley cuestiones pendientes de derechos humanos, como la garantía del acceso al aborto en situaciones de emergencia, y también acometer la reforma del Código Penal para la eliminación del aborto de la legislación penal, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Entre los retrocesos más graves en el acceso al aborto legal y seguro en Europa se encuentra el caso de Polonia, cuya legislación sobre el aborto es una de las más restrictivas de Europa desde que en octubre de 2020, el muy cuestionado Tribunal Constitucional de Polonia declaró inconstitucional el aborto por malformación mortal o grave del feto. Eliminó así uno de los pocos supuestos legales permitidos del aborto al que se acogían más del 90% de los aproximadamente 1.000 abortos practicados anualmente en el sistema de salud de Polonia. Además, el país ha empezado a procesar a defensoras de derechos humanos por ayudar a embarazadas que necesitan un aborto sin riesgos como Justyna Wydrinska que se enfrenta a tres años de cárcel. Otro país que ha seguido esta nefasta estela contra los derechos humanos de las mujeres es Hungría, que recientemente ha firmado un decreto que obliga a las embarazadas que quieran abortar a escuchar los latidos del feto, un preocupante retroceso que hará más difícil el acceso al aborto y traumatizará aun más a las mujeres que ya se encuentran en situaciones difíciles.
Fuera de Europa
En América la legislación ha avanzado en numerosos países como Chile, Argentina, Ecuador, México y Colombia, pero sigue siendo el continente con mayor número de países que prohíben totalmente el aborto, como El Salvador que el pasado mes de mayo condenó a una mujer a 30 años de prisión por homicidio agravado por sufrir una emergencia obstétrica. Y el reciente y grave retroceso de casi 50 años en Estados Unidos, cuando el pasado 24 de junio de 2022 el Tribunal Supremo dictaminó que dejará de proteger el derecho al aborto y que, por lo tanto, serán los estados los que regulan este derecho. Esto originó una respuesta inmediata por parte del presidente Biden que firmó una orden ejecutiva para salvaguardar el derecho al aborto y la protección de la intimidad de los y las pacientes, entre otras protecciones de los servicios de aborto. Además en Kansas, un estado muy conservador, se blindó el derecho al aborto cuando en agosto, la población de este Estado votó mayoritariamente a favor de que su legislación siga protegiendo este derecho, manteniéndose como un “Estado refugio” para las mujeres. En septiembre, en un nuevo y peligroso ataque a este derecho, el senador Lindsay Graham ha introducido un proyecto de ley en el Senado de Estados Unidos que prohibiría en todo el país la mayoría de los abortos después de 15 semanas, lo que, de promulgarse, supondría una prohibición nacional del aborto. Esto contrasta con el caso de Canadá, donde el acceso al aborto es un procedimiento médico gratuito que no tiene regulación ni barreras específicas.
En Asia, que representa una quinta parte de los países liberalizadores de los últimos años, el aborto se despenalizó en Corea del Sur en enero de este año, tras un fallo previo del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional su prohibición. En febrero fue el Parlamento de Tailandia el que reformó el Código Penal para legalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de embarazo. En el lado opuesto se encuentra China, que en 2021 anunció que limitará los abortos con “fines no médicos”. Este país lleva décadas aplicando políticas de reproducción restrictivas de cara a controlar su tasa de natalidad, utilizando el aborto y los anticonceptivos para poder cumplir su política de hijo único. Estas medidas han conducido al país a la menor tasa de natalidad desde el año 1960. Para enfrentar la evidente crisis demográfica, el gobierno ha anunciado que se limitarán los abortos con “fines no médicos” y que “mejorarán la educación sexual y los servicios de planificación familiar tras un aborto o embarazo”. El Gobierno chino no ha detallado las especificaciones de estas restricciones, pero sí que tendrá una duración de 10 años, lo que resulta preocupante para los derechos reproductivos de las mujeres y niñas.
Por su parte, en África se encuentran casi la mitad de los países que han avanzado en el derecho al aborto en los últimos 25 años. No obstante, aún se criminaliza en numerosos países, como en el caso de Ruanda, dónde, afortunadamente, un indulto presidencial permitió la liberación de 10 niñas y mujeres encarceladas por delitos relacionados con el aborto.
