La detención, hoy, del director del Sindicato de Prensa de Egipto junto a dos colegas representa un alarmante retroceso para la libertad de expresión así como el ataque contra los medios de comunicación más descarado que ha presenciado el país en varios decenios; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Yahia Galash, director del sindicato, y los miembros de la junta directiva Khaled Elbalshy y Gamal Abd el Reheem fueron citados el 29 de mayo por la fiscalía para ser interrogados. Después de 13 horas de interrogatorio, los tres hombres fueron acusados de “cobijar a sospechosos contra quienes se ha dictado orden de detención” y “publicar noticias falsas que amenazan la paz pública relacionadas con su detención”. La fiscalía ordenó poner bajo custodia a los tres hombres y fijó una fianza de 10.000 libras egipcias (1.123 dólares estadounidenses), que ellos se han negado a pagar.
“La detención de personalidades clave de los medios de comunicación pone de manifiesto las medidas extremas que las autoridades están dispuestas a adoptar para reforzar su férreo control del poder”Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África
Sucesivos gobiernos egipcios han intentado controlar los medios de comunicación e imponer restricciones a quienes ejercen el periodismo pero, el 1 de mayo, hasta un total de 40 hombres fuertemente armados de la Agencia de Seguridad Nacional irrumpieron en la sede del Sindicato de Prensa por primera vez desde su creación en 1941. Golpearon a guardias de seguridad, atacaron a periodistas y detuvieron a dos, Amro Badr y Mahmoud al Saqqa, quienes permanecen recluidos en la cárcel de Tora y han sido acusados de formar un grupo ilegal con el propósito de derrocar al gobierno, instigar protestas y publicar noticias falsas, y de pertenecer al Movimiento 6 de Abril, destacado grupo juvenil que tuvo un papel decisivo en la organización de las manifestaciones de 2011.
Días más tarde, el 4 de mayo, miles de periodistas se congregaron a las puertas de la sede del sindicato para reivindicar varias cosas, entre ellas la dimisión del ministro del Interior, Magdy Abdel Ghaffar, la liberación de los periodistas detenidos y encarcelados, así como la adopción de medidas adicionales de refuerzo de la protección de los periodistas.
“Al procesar a miembros destacados del Sindicato de Prensa es evidente que las autoridades intentan castigarlos por hablar públicamente contra el Gobierno y, al mismo tiempo, transmitir un contundente mensaje de intimidación para acallar a todos los periodistas. Las autoridades deben ordenar su libertad de inmediato y retirar los cargos en su contra”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.
Según la legislación egipcia, se necesita autorización de la Fiscalía para registrar la sede del Sindicato de Prensa y cualquier registro debe realizarse en presencia del director del Sindicato u otro alto cargo directivo.
“La violenta irrupción este mismo mes en la sede del Sindicato de Prensa no tiene precedentes. Es el ataque a los medios de comunicación más descarado que ha presenciado el país desde hace decenios. Las autoridades egipcias parecen estar dispuestas a infringir su propia legislación en su escalofriante intento de aplastar toda manifestación de disidencia”, ha dicho Magdalena Mughrabi.
“Las autoridades deben, además, retirar los cargos contra los periodistas detenidos en la sede del sindicato e investigar las circunstancias del registro".
Actualmente hay al menos 20 periodistas encarcelados en Egipto tras ser detenidos cuando realizaban su legítima labor periodística, según el Sindicato de Prensa de Egipto.
