- Las autoridades italianas, y otras autoridades pertinentes, deben abordar la actual crisis humanitaria ofreciendo una respuesta humanitaria, en vez de partir de un planteamiento basado únicamente en la vigilancia de las fronteras y el control de los flujos migratorios. Teniendo en cuenta la “emergencia humanitaria” que se está desarrollando, el patrullaje de las aguas nacionales e internacionales debe ir encaminado a cubrir las necesidades humanitarias inmediatas de las personas halladas en el mar; en concreto, los barcos patrulleros deben garantizar que se da prioridad a las necesidades de las personas en peligro y de aquellas en una situación especialmente vulnerable, como mujeres embarazadas, menores no acompañados y personas que necesiten asistencia médica inmediata.
- El principal objetivo de las actividades de patrullaje llevadas a cabo por autoridades italianas, tunecinas o de cualquier otro Estado, y, llegado el caso, por Frontex, debe consistir en garantizar la seguridad e integridad física de las personas halladas en el mar. La actuación de Frontex debe ser conforme a las Directrices de 2010 que rigen sus operaciones marítimas y que establecen que dichas operaciones deben respetar los derechos humanos, incluidos los derechos de los refugiados. En concreto, los barcos patrulleros deben proceder a la búsqueda y el salvamento de las personas en peligro y ofrecerles auxilio inmediato, en vez de intentar interceptarlas para “obligarlas a retroceder” a sus países de origen. Todas las operaciones deben llevarse a cabo cumpliendo plenamente con las correspondientes leyes y normas internacionales de derechos humanos y de los refugiados, así como con las pertinentes obligaciones con arreglo al Derecho del Mar, como, por ejemplo, el deber de búsqueda y salvamento.
- Debe ofrecerse la posibilidad de solicitar asilo a toda persona que desee hacerlo; por ejemplo, garantizando que desembarca en un lugar en el que pueda presentar su solicitud y en donde ésta se pueda tramitar mediante un procedimiento justo y efectivo. En concreto, deben establecerse salvaguardas efectivas para garantizar que, de conformidad con el derecho de los derechos humanos y de los refugiados, no se expulsa a las personas de territorio italiano ni se procede a su traslado antes de ofrecerles la posibilidad efectiva de impugnar la expulsión o el traslado, si así lo desean. Toda persona que desee impugnar su traslado, expulsión o deportación debe disponer de los medios para ello, de modo que se cumplan plenamente las obligaciones de Italia con arreglo a las leyes y normas de derechos humanos y de los refugiados en el ámbito nacional, regional e internacional.
- Las autoridades italianas deben garantizar que todos los centros de recepción disponibles están operativos y cuentan con los recursos necesarios para ofrecer una asistencia adecuada a personas migrantes y solicitantes de asilo, prestando especial atención a los grupos vulnerables. Todas las personas que llegan a las costas italianas deben recibir asistencia en centros abiertos.
- Las autoridades italianas deben garantizar que se informa a las personas de su derecho a solicitar asilo y que tienen derecho a un procedimiento de determinación del asilo justo y satisfactorio. En este sentido, las organizaciones que se dedican a informar a las personas de la posibilidad de solicitar asilo y de los procedimientos establecidos para ello, especialmente el ACNUR, deben tener acceso sin restricciones a todos los centros en donde puedan estar alojadas personas refugiadas y solicitantes de asilo.
- En caso de que la situación evolucione de modo que las medidas adoptadas por las autoridades italianas resulten insuficientes, las autoridades italianas deben solicitar a otros países de la UE que actúen solidariamente y compartan la responsabilidad de ofrecer asistencia humanitaria a las personas rescatadas en el mar o que llegan a las costas italianas.
- Los derechos humanos deben ser la piedra angular en la que se basen todas las actividades de cooperación en el ámbito del “control de la migración” entre Italia y Túnez o cualquier otro país del Norte de África; loa acuerdos bilaterales deben garantizar normas de protección adecuadas y respetar plenamente los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
- La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros deben revisar el modo en que gestionan las cuestiones relacionadas con la migración, e incluir un análisis del impacto que tienen sobre los derechos humanos las actuales políticas dirigidas a luchar contra la migración irregular. Las rutas migratorias no pueden eliminarse, sólo pueden desviarse hacia otros lugares: la inestabilidad política y la enorme desigualdad son factores clave que alientan la migración desde todas las regiones del planeta. La respuesta habitual por parte de la Italia y el resto de la UE, consistente en convencer a terceros países para que controlen la circulación de personas que se dirigen a Europa, no soluciona el problema que subyace a las presiones migratorias, como ocurre con las personas que buscan protección. Existe el riesgo de que quienes intentan migrar, por la razón que sea, recurran a otras rutas aún más peligrosas y cada vez se encuentren más a merced de personas que se dedican a la trata y al tráfico ilícito de personas.
- La UE y sus Estados miembros deben apoyar la transición de Túnez hacia un sistema democrático, así como su desarrollo socioeconómico, en especial la creación de puestos de trabajo y perspectivas de futuro concretas para la juventud del país.
- El compromiso de la política exterior de la UE con la región se debe centrar no sólo en la estabilidad, sino también en la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico. Es necesario que la UE elabore un planteamiento mejorado y más integral en cuanto a la migración y el asilo, que debe incluir: 1) la condición de respetar los derechos humanos en los acuerdos de cooperación en materia de migración que suscriba con terceros países; 2) la garantía de permitir el acceso al asilo y el respeto pleno del principio de no devolución (non-refoulement); 3) un debate renovado y en profundidad sobre la creación de canales legales de migración a la UE; y 4) el tratamiento de las causas fundamentales de la migración, apoyando los procesos de transición democrática y el desarrollo económico.
- Las autoridades italianas (o de cualquier otro país) no deben llevar a cabo operaciones de "retroceso”, consistentes en interceptar en el mar a personas migrantes y solicitantes de asilo que intentan llegar a la frontera marítima italiana del Mediterráneo Meridional para enviarlas a Estados no europeos sin ofrecerles acceso a un procedimiento de solicitud de asilo justo y satisfactorio. Las autoridades italianas no deben repetir la política de “retroceso” que aplicaron contra las embarcaciones llegadas de Libia en 2009 y las que transportaban albaneses en la década de 1990.
- La supuesta solidaridad que han mostrado otros Estados europeos no debe basarse en actuaciones policiales, sino en necesidades humanitarias. Recurrir a Frontex —sobre todo si sólo se recurre a este organismo— para dar respuesta a una emergencia de carácter humanitario sería inadecuado y podría dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Ante el reto que plantea la migración, la UE no puede continuar respondiendo mediante iniciativas operativas basadas fundamentalmente en el control.
- Las autoridades de los Estados miembros de la UE, y especialmente las italianas, deben reconocer que restringir u obstaculizar la circulación de las personas es contrario al derecho de esas personas a solicitar y obtener asilo; quienes desean abandonar Túnez pueden estar ejerciendo sus derechos humanos internacionalmente reconocidos, incluido el derecho a solicitar asilo, puesto que puede que huyan de sufrir persecución o daño grave. Otra posibilidad es que estas personas estén simplemente ejerciendo su derecho a salir de su propio país.
- No debe recurrirse a la detención automática. Las autoridades italianas deben evitar la detención de las personas rescatadas en el mar o que llegan a las costas italianas. Toda decisión con respecto a la restricción de las libertades individuales debe tomarse tras un examen individualizado de su necesidad, proporcionalidad e idoneidad en cada caso, y después de haber analizado las alternativas disponibles. La detención siempre debe ser el último recurso. No debe procederse a la detención de personas que pertenezcan a grupos vulnerables; en concreto, nunca debe detenerse a menores.
- Las autoridades italianas deben abstenerse de llevar a cabo expulsiones masivas; por ejemplo, no debe procederse a la devolución de personas a sus países de origen sin haber examinado adecuadamente sus necesidades individuales de protección internacional.
- Las autoridades italianas deben abstenerse de propagar el alarmismo entre la opinión pública en general al calificar de “éxodo bíblico” los recientes flujos migratorios, y no deben relacionar de forma indiscriminada a personas que han llegado recientemente a las costas italianas con posibles delincuentes o terroristas, puesto que este tipo de declaraciones pueden promover el racismo y la xenofobia.
