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Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Debe romperse el ciclo de discriminación en el que se encuentran las personas de etnia romaní



















Casos
  • En Bulgaria, al menos 200 romaníes perdieron sus hogares cuando las autoridades locales los desalojaron a la fuerza y demolieron sus casas en los asentamientos de Gorno Ezerovo y Meden Rudnik en la ciudad de Burgás, a orillas del Mar Negro, en septiembre de 2009.
  • El “Plan Nómadas”, presentado en julio de 2009 en Roma, Italia, prevé la destrucción de más de 100 asentamientos romaníes en la capital. Se calcula que unos 6.000 romaníes serán reasentados, sin un proceso de consultas adecuado, en tan sólo 13 campamentos nuevos o ampliados a las afueras de la ciudad. El plan puede dejar sin hogar a más de 1.000 romaníes.
  • El 3 de abril de 2009, las autoridades serbias desalojaron por la fuerza a 250 romaníes de un asentamiento temporal en Nuevo Belgrado. Para muchos residentes, que originariamente eran desplazados procedentes de Kosovo, no era la primera vez que los expulsaban de sus hogares. Las autoridades ofrecieron a las familias unos contenedores en otro barrio del Belgrado como vivienda, pero los residentes locales intentaron incendiarlos. En ningún momento se ofreció a las familias alojamiento alternativo adecuado.
  • Desde junio de 2006, más de 100 familias romaníes que vivían originalmente en el centro de Atenas, Grecia, han sido desalojadas en cuatro ocasiones sin que en ningún momento se les consultase u ofreciese alojamiento alternativo.
  • En 2004, más de 100 romaníes fueron desalojados a la fuerza de un edificio en el centro de Miercurea Ciuc, en el centro de Rumania. Las autoridades reasentaron a la mayoría de ellos en cabinas metálicas a las afueras de la ciudad, detrás de una planta de tratamiento de residuos. Algunos decidieron trasladarse a un vertedero cercano, en lugar de vivir cerca de la planta. Los barracones provisionales instalados cerca de la planta de tratamiento de residuos se encuentran dentro de la zona de protección de 300 metros que, según la legislación rumana, debe separar las viviendas de los riesgos potencialmente tóxicos. Las familias romaníes llevan seis años viviendo esta difícil situación.


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