- Limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que las grabaciones “no autorizadas” de los agentes en el ejercicio de sus funciones “cuando puedan ponerse en riesgo una operación” podrán estar sancionadas hasta con 30.000 euros de multa, con lo que se podrían poner trabas a la hora de documentar abusos policiales;
- Nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones pacíficas en las cercanías del Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas;
- Falta de mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial y de rendición de cuentas ante los abusos.
- Abuso de conceptos indeterminados para justificar controles preventivos, el uso de la fuerza o la imposición de infracciones, dejando éstas al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
- Menor garantía de los ciudadanos frente a la Administración, debido al traslado de las faltas del ámbito penal al administrativo.
- Atribuciones de nuevas facultades preventivas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar manifestaciones y reuniones, que pueden impedir el ejercicio legítimo de estos derechos.
Amnistía Internacional ha recogido casi 40.000 firmas de personas que muestran su oposición a una reforma que castiga la disconformidad
