Amnistía Internacional ha nombrado hoy preso de conciencia a Pedro Albert Sánchez, profesor y activista político, y ha instado al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a que lo ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a la vez que emitió una declaración públicaen el contexto del tercer aniversario de las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, instando a las autoridades cubanas a liberar a todas las personas injustamente encarceladas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, incluyendo a los presos de conciencia José Daniel Ferrer García, líder de oposición; los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo; y los sacerdotes yorubas Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro.
Pedro Albert Sánchez, de 68 años, es conocido por su crítica al gobierno cubano y su defensa de la libertad de expresión y reunión pacífica. Pedro fue detenido múltiples veces desde 2020 por participar en protestas pacíficas y expresar opiniones disidentes. Su participación pacífica en las marchas del 11 de julio de 2021 es la base de los cargos de "desacato" y "desórdenes públicos" por los que fue condenado a 5 años. Desde noviembre de 2023 se encuentra en prisión bajo condiciones duras que han deteriorado aún más su salud, ya que sufre de cáncer y otras enfermedades. Amnistía Internacional ha emitido una acción urgentemotivando a personas de todo el mundo a exigir al presidente de Cuba su liberación.
Por otra parte, en la declaración, la organización asevera que el Estado cubano debe cesar la represión sistemática contra activistas, artistas, familiares de personas presas por razones políticas, intelectuales y periodistas. Esto incluye derogar artículos del Código Penal que criminalizan la disidencia y violan el derecho a la libertad de expresión.
"Es inaceptable que las autoridades cubanas continúen utilizando tácticas represivas para silenciar a quienes se atreven a alzar la voz en defensa de sus derechos humanos. Esta represión constante para intentar sofocar cualquier forma de disidencia debe detenerse de una vez por todas", afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
“Es inaceptable que las autoridades cubanas continúen utilizando tácticas represivas para silenciar a quienes se atreven a alzar la voz en defensa de sus derechos humanos”
La situación de derechos humanos en Cuba se sigue deteriorando, con un incremento en la represión y la criminalización de la disidencia. Desde la implementación de nuevas disposiciones legales en 2022, incluyendo el Código Penal, se ha documentado un uso indebido de éstas para perseguir a personas que exigen o intentan ejercer libremente sus derechos.
Asimismo, se ha observado el uso sistemático por parte de las autoridades de tácticas de represión que incluyen la criminalización, detenciones arbitrarias, detenciones domiciliarias de facto y hostigamiento, citaciones y sanciones administrativas contra activistas, periodistas, y defensores de derechos humanos, así como cortes de internet en locaciones donde se ubican protestas espontáneas.
Uno de los casos más notorios es el de José Daniel Ferrer García, líder de oposición y preso de conciencia, quien ha estado en confinamiento solitario desde agosto de 2021 en repetidas ocasiones y con largos períodos bajo régimen de incomunicación desde el 17 de marzo de 2023. Durante este tiempo, se le ha negado sistemáticamente el derecho a recibir visitas de su familia, lo que puede constituir tortura u otros malos tratos.
Amnistía Internacional denuncia las violaciones a los derechos humanos sufridas por la joven Mayelín Rodríguez Prado, el activista Wilber Aguilar Bravo, el músico Gorki Águila, el periodista Yuri Valle Roca, y las historiadoras Alina Bárbara López, y Jenny Pantoja, ejemplos de un patrón sistemático de represión en Cuba, donde la libertad de expresión y de reunión pacífica están gravemente restringidas.
"El número de personas injustamente encarceladas y reprimidas por motivos políticos demuestran la urgente necesidad de desmontar las políticas y el marco legal que facilita la represión en Cuba. Muchas de estas personas continúan tras las rejas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Su liberación inmediata e incondicional y el respeto a su derecho de disentir es esencial para garantizar los derechos humanos en el país", afirmó Johanna Cilano Pelaez, Investigadora Regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
En los últimos tres años, organizaciones como Justicia 11J, Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han documentado que entre 963 y 1113 personas se encuentran detenidas por razones políticas. Al menos 671 permanecen en prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Las protestas en Cuba, impulsadas por una crisis económica persistente, la falta de acceso a servicios básicos, y reclamos de libertad y derechos han sido respondidas con una sofisticada maquinaria represiva. Las personas que exigen derechos y cambios políticos han sido detenidas arbitrariamente, amenazadas con ser encarceladas y condenadas bajo cargos como "desórdenes públicos", "desacato", y "atentado", entre otros. Las personas manifestantes han sido estigmatizadas de manera sistemática como parte de una estrategia mediática de las autoridades de deslegitimación, desprecio y minimización de las protestas.
Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez para que respete el derecho a la protesta pacífica, ponga fin a la represión hacia quienes disienten y libere a las personas injustamente encarceladas solo por exigir derechos humanos.
