En vista de la magnitud y el horror de los abusos infligidos a la población rohingya, cualquier acuerdo sobre devoluciones debe abordar en primer lugar las condiciones de apartheid de las que huyeron.
- el énfasis en el calendario y las cuotas, que aumenta el riesgo de coacción a los rohingyas para que regresen;
- las condiciones actuales en Myanmar, donde las autoridades se niegan a reconocer la magnitud de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante la campaña represiva del año pasado o para desarticular el régimen de apartheid;
- la exigencia de presentar pruebas de su residencia anterior en Myanmar a los rohingyas que desean ser repatriados, algo imposible para muchos de ellos, privados desde hace tiempo de la nacionalidad y de documentación de ese país, y que seguramente han perdido cualquier documento en su huida de la violencia militar;
- que el ACNUR no tenga acceso garantizado a las posibles personas retornadas en todas las etapas del proceso;
- la falta de reconocimiento explícito del derecho de la población rohingya a ser protegida de su devolución a un lugar donde corre peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos;
- la falta de reconocimiento explícito del derecho de la población rohingya a regresar a Myanmar, su país de origen, si verdaderamente desea hacerlo.
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