Madrid.- Este jueves 13 de junio se celebrará en Madrid la VIII Cumbre España-Turquía, que contará con la asistencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Amnistía Internacional ha aprovechado esta visita para recordar al Gobierno español las preocupaciones en materia de derechos humanos que suscita el país y pedirle que utilice todas las herramientas a su disposición para tratar de cambiar la trayectoria corrosiva del Gobierno turco.
“La sociedad civil en Turquía vive una creciente represión. Los y las defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones corren el riesgo de ser criminalizadas. Las marchas del Orgullo LGBTI también están en peligro de no poder celebrarse, o de ser violentamente reprimidas en caso de llevarse a cabo. Por eso, en el marco de estas reuniones, el Gobierno español debe tener en cuenta que el respeto de los derechos humanos es un principio innegociable de las relaciones de España y de la Unión Europea con Turquía”, señala Carlos de las Heras, Responsable de Europa y Oriente Medio en Amnistía Internacional España.
Entre otros temas, la organización ha apuntado las siguientes preocupaciones:
- Acabar con la represión. Las autoridades españolas deben hacer un llamamiento a las turcas para que se retracten de la ley públicamente conocida como “Agentes de Influencia Extranjera”; que, tal y como está propuesta, corre el riesgo de sumarse al ya amplio arsenal de leyes restrictivas de las que dispone el Gobierno para criminalizar aún más las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil en Turquía. Además, los activistas Osman Kavala, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ deben quedar en libertad inmediata e incondicional.
- Derechos humanos innegociables. España debe dejar claro que el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país dificultará las relaciones basadas en valores compartidos e intereses mutuos. Más concretamente, debería reiterar que los derechos humanos no son negociables y que seguirán siendo parte integral de las relaciones de España y de la UE con Turquía, tal y como declaró la UE recientemente en la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
- Personas migrantes y refugiadas. Las autoridades españolas deben asegurarse de que la aplicación de la Declaración UE-Turquía de 2016 y cualquier cooperación futura en el ámbito de la migración estén condicionados a garantías reforzadas de cumplimiento de los derechos humanos de refugiados y migrantes.
- Personas LGBTI. Ni las autoridades ni el funcionariado público turco no debe participar en ninguna retórica incendiaria, dañina y estigmatizante contra las personas LGBTI, refugiadas y migrantes, y por lo tanto España debe asegurarse de que Turquía condena sin demora las campañas de difamación dirigidas contra estas personas. También se deben asegurar de que las marchas del Orgullo LGBTI, que corren peligro en Turquía, transcurren de manera segura y sin las injerencias y la intimidación de los años anteriores.
