“Las autoridades saudíes parecen decididas a continuar con su sangrienta campaña de ejecuciones, que este año ya se ha cobrado al menos 151 víctimas, lo que significa una media de una persona ejecutada cada dos días”, ha afirmado James Lynch, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.En Arabia Saudí se impone con frecuencia la pena capital por delitos sin resultado de muerte, como los relacionados con drogas, y en juicios que carecen de las garantías procesales elementales que exigen las leyes y normas internacionales de derechos humanosKilling in the Name of Justice: The death penalty in Saudi Arabia.De las 63 personas ejecutadas este año por delitos relacionados con drogas, la inmensa mayoría –45– eran extranjerasLa pena de muerte es abominable en todas las circunstancias, pero lo más alarmante es que las autoridades saudíes sigan imponiéndola en contravención de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, en una escala tan amplia, y en juicios manifiestamente injustos que, en ocasiones, tienen motivación política”Aplicar la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad constituye una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos. Usar la amenaza de las ejecuciones como instrumento de castigo e intimidación contra disidentes políticos es, por parte de las autoridades saudíes, un abuso de poder deleznable
