Motivos de preocupación de Amnistía Internacional
- No se cumple la ley en el ámbito sanitario. Un ámbito fundamental en cuanto a la detección de la violencia de género y la atención a la mayor parte de las víctimas. Amnistía Internacional ha comprobado que la mayor parte de sus resultados previstos en este ámbito siguen en el papel. A seis meses de que finalice la vigencia del Plan Nacional (2007-2008), que establecía la formación de “todos” los profesionales del ámbito sanitario, no existe un plan de formación con acciones, calendario, y presupuesto. Y aunque se lanzó el Protocolo Común de Actuación Sanitaria, no se han evaluado las necesidades profesionales para su correcta aplicación.
- La asistencia integral sigue siendo insuficiente y desigual en función de la Comunidades Autónoma y no se garantiza a todas las mujeres. La Ley Integral estableció el derecho de las víctimas a la “asistencia social integral”. Sin embargo, este derecho continúa sin ser una realidad para todas las mujeres y en todo el territorio estatal, ya que no existe un compromiso interinstitucional de mínimos, ni una financiación suficiente y estable. Por un lado, sigue sin existir un centro de recuperación integral en todas las Comunidades Autónomas, se sigue haciendo uso de hostales y albergues como “centros de emergencia” y las mujeres extranjeras carecen de intérpretes en todo el proceso de asistencia. Y por otro, se ha reducido el presupuesto destinado a Comunidades Autónomas y Corporaciones locales casi a la mitad. En 2006, el presupuesto destinado a éstas era de 12 millones de euros, pero un cambio de criterio que actualmente sólo apoya “proyectos innovadores”, ha limitado el presupuesto en 2007 y 2008 a 6,5 millones de euros cada año.
- La asistencia letrada inmediata y especializada no se garantiza. En estos tres años no se ha logrado garantizar la asistencia letrada especializada ni desde el momento de interponer una denuncia o solicitar la orden de protección, debido a la inexistencia de “turnos de guardia 24 horas” en numerosos colegios de abogados, o a la escasez de personal previsto en los colegios profesionales que sí prevén turno de este tipo.
- Obstáculos para la interposición de la denuncia. Pese a los avances, se siguen detectando casos de falta de diligencia y trato policial inadecuado a las víctimas de violencia de género. A Amnistía Internacional le preocupa que esto sea debido a la falta de formación adecuada de los agentes policiales no pertenecientes a “unidades especializadas” que muy a menudo son quienes toman el primer contacto con la víctima, y a que no se incrementen las plantillas de las “unidades especializadas”.
- Especial vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes. En el caso de las mujeres extranjeras en situación administrativa irregular y a causa de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, la organización expresa preocupación porque, salvo en el País Vasco, el trámite de la denuncia supone para ellas el riesgo de que se les incoe un expediente sancionador o incluso una orden de expulsión si no consiguen una orden de protección y una sentencia que acredite la violencia sufrida. Para Amnistía Internacional esta medida puede tener un efecto disuasorio a la hora de denunciar y hacer visibles los abusos sufridos.
- Medidas de protección poco efectivas. En los últimos tres años el número de mujeres asesinadas con orden de protección en vigor haya ido en ascenso. Sin embargo, sigue siendo escaso el número de efectivos de las fuerzas de seguridad encargados de realizar el seguimiento y la protección de las víctimas sujetas a este tipo de medidas.
- Falta de formación del personal de los Juzgados. Pese a que la creación de juzgados especializados en violencia de género ha supuesto un importante avance, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios de estos juzgados inciden en la revictimización de las víctimas y los obstáculos para la obtención de justicia. Amnistía Internacional sigue detectando falta de formación adecuada por parte de las plantillas de estos juzgados. No existe una previsión de formación obligatoria de todos los jueces con competencias en esta materia.
- Déficit en la persecución e investigación de estos delitos. Para Amnistía Internacional es preocupante que la puesta en marcha de los juzgados especializados no haya mejorado la persecución e investigación de estos delitos. Por un lado, la organización ha constatado el incremento de la cifra de sobreseimientos de los casos, en una proporción sensiblemente superior al incremento de las denuncias. En los últimos tres años, el número de causas sobreseídas o archivadas en estos juzgados creció anualmente un 67,3%, es decir, seis veces más que el número de denuncias. En esta línea, llama la atención la inacción del Ministerio Fiscal, que en muchos casos sin entrevistarse con la víctima solicita el archivo de las actuaciones. Por otro lado, Amnistía Internacional ha comprobado la falta de coordinación entre estos juzgados ante los casos de denuncias cruzadas. Y por último, las Unidades de Valoración Integral Forense que asisten estos juzgados no siempre cuentan con personal con experiencia o formación previa en esta materia. Todos estos puntos son claves para la revictimización de las mujeres que sobreviven a la violencia de género.
- La reparación a las víctimas sigue esperando. En lo que se refiere a la reparación de las víctimas, una de las lagunas que quedaron pendientes en la Ley Integral, sigue sin encontrar cauces ágiles y accesibles. Para Amnistía Internacional es necesario asegurar una reparación justa, especialmente en los casos en los que el Estado no ha actuado con la debida diligencia.
