· Generalización de los abusos graves contra los derechos humanos por parte de todos los participantes en el prolongado conflicto armado nacional –las fuerzas armadas, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos armados de oposición. · Aumento del número de desapariciones forzosas, tortura y otros graves abusos, especialmente en las áreas especiales de seguridad denominadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación, establecidas por el Gobierno en 2002 y posteriormente declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. · Persistencia del hostigamiento y la persecución a defensores de los derechos humanos. · Perpetuación de la impunidad y graves fallos del proceso de desmovilización de paramilitares. · Consolidación de la presencia paramilitar en zonas fuertemente militarizadas y la connivencia entre ambas partes. · Desarrollo de la legislación antiterrorista contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. · Existencia de casi tres millones de desplazados internos y 300.000 personas más obligadas a huir del país. · Los grupos guerrilleros son responsables de infracciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario, incluidas tomas de rehenes y secuestros y homicidios de civiles.
· Reclutamiento de“soldados campesinos”. · Creación de una red de informantes civiles de un millón de miembros. · Dotación de capacidad al Gobierno para efectivamente amnistiar a guerrilleros y paramilitares perpetuando la impunidad endémica que sufre el país. · Otorgamiento de poderes de policía judicial a las fuerzas de seguridad.
· Ejercer su influencia sobre el Gobierno colombiano para reclamar con firmeza avances en la puesta en práctica de las recomendaciones de la ONU sobre el desmantelamiento de los grupos paramilitares, la lucha contra la impunidad y la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunidades civiles. En concreto, debe instar al Gobierno colombiano a poner fin a la campaña de deslegitimación del trabajo llevado a cabo por los defensores de derechos humanos, muchos de los cuales han sido víctimas de detenciones en masa, detenciones arbitrarias y asaltos a domicilios y oficinas. · Instar al Gobierno colombiano a dar marcha atrás en el desarrollo de las medidas de seguridad que involucran más a la población civil en el conflicto como son las redes de informantes y el ejército de soldados campesinos, así como las medidas legislativas que amenazan con fortalecer la impunidad por graves violaciones de derechos humanos. · No autorizar exportaciones ni transferencias de armas, material de seguridad y militar a Colombia mientras no existan garantías claras y suficientes de que las mismas no serán utilizadas para la comisión de violaciones de derechos humanos. Además debe condicionar toda ayuda hacia Colombia al cumplimiento de las Recomendaciones de Naciones Unidas, tal como se acordó en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados el pasado 23 de junio. · Instar a los grupos armados de oposición a que se comprometan públicamente a respetar las normas humanitarias internacionales y a impedir que sus miembros cometan abusos que infrinjan el derecho internacional humanitario.
