- Desarrollar procesos de evaluación de las medidas establecidas en la Ley Integral, acordes con las obligaciones de derechos humanos y los instrumentos especializados, y hacer públicos sus resultados.
- Garantizar la especialización real, no sólo nominal, de los jueces y juezas que acceden a los JVM, de la fiscalía y del personal de las Unidades de Valoración Forense Integral, modificando para ello los requisitos de acceso a estas plazas.
- Garantizar que la Fiscalía, a través de formación y de mecanismos de rendición de cuentas, realiza una labor diligente en la persecución de los delitos relacionales con la violencia de género, especialmente en lo que respecta al impulso del procedimiento, diligencias probatorias y la investigación de la violencia habitual.
- Aportar la financiación necesaria para garantizar que todos los colegios de abogados del Estado disponen de turnos de asistencia a víctimas de violencia de género las 24 horas, integrados por abogados/as suficientes en número y con formación específica en la materia.
- Promover mecanismos legales y de otra índole que garanticen el derecho de las víctimas de violencia de género y sus familiares a una reparación justa y adecuada, que incluya indemnización, completa rehabilitación y garantías de no repetición por parte del Estado.
- Prever cauces accesibles y ágiles para las víctimas o sus familiares que les aseguren la reparación ante situaciones en las que la violencia sufrida está relacionada con una falta de diligencia de una institución o agente del Estado, y garantizar la rendición de cuentas del agente o institución que no actuó con la debida diligencia.
