En todas las regiones del mundo, bien por los discursos antiderechos contra las personas LGBTI, bien por la aprobación de leyes que de facto recortan estos derechos, aumenta la presión contra este colectivo, lo que repercute en el aumento del acoso y la violencia a la que se enfrentan. Las personas transgénero son las más perjudicadas.
62 Estados miembros de la ONU criminalizan los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo. Al menos 59 tienen leyes, normas y reglamentos que prohíben formas de expresión relacionadas con cuestiones de diversidad sexual y de género, e imponen barreras legales a las organizaciones que defienden abiertamente los derechos de las personas LGBTI. Entre ellos, 12 países condenan o podrían condenar a pena de muerte a personas que tienen relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo: Arabia Saudí, Brunei, Mauritania, Irán, Nigeria, Uganda y Yemen, además de Afganistán, Pakistán, Qatar, Somalia y Emiratos Árabes Unidos. Junto al retroceso de países que criminalizan la homosexualidad con penas de cárcel o castigos físicos, las narrativas contrarias a las personas LGBTI crecen en todo el mundo, así como la aprobación y modificación de leyes que socavan sus derechos.
“No hay ninguna zona del mundo que escape a la amenaza de que se recorten los derechos de las personas LGBTI, es como una especie de contagio de discursos antiderechos. Algo que nos demuestra que los derechos del colectivo no están garantizados, por lo que tenemos que seguir luchando para que no se dé ningún paso atrás”, manifestó Beatriz Martos, responsable del trabajo sobre diversidad sexual en Amnistía Internacional España.
“Algo que nos demuestra que los derechos del colectivo no están garantizados, por lo que tenemos que seguir luchando para que no se dé ningún paso atrás.”
Retrocesos de los derechos LGBTI
En Europa, más personas LGTBI afrontaron en 2023 acoso motivado por odio con respecto a 2019, según la encuesta realizada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que advierte que el 55 por ciento de las personas encuestadas dijeron haber sufrido acoso, frente al 37 por ciento registrado en el mismo estudio cinco años antes. También aumentó el número de personas que dijo haber sufrido violencia física o sexual, alcanzando un 14 por ciento frente al 11 por ciento registrado en 2019.
No obstante, Europa sigue siendo el continente en el que se registra menos discriminación hacia la comunidad LGBTI, donde todavía el 52 por ciento de los entrevistados reconoce seguir viviendo su orientación sexual de manera más abierta. Sin embargo, hay países que tienen en marcha leyes o están impulsando leyes anti-LGBTI que marcan importantes retrocesos para el colectivo.
Hungría, donde la “Ley de propaganda” de 2021 ha coartado la libertad de expresión, limita la representación de las personas LGBTI y contenidos sobre este colectivo en los centros educativos, en el mundo editorial y en los medios de comunicación. Rusia, que tras la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de noviembre de 2023 que declaraba “extremista” al movimiento LGBTI, las redadas policiales en establecimientos de ambiente LGBTI no han dejado de sucederse. Georgia, pese a pretender entrar en la UE, está impulsando una ley que también considera al movimiento LGBTI como movimiento extremista. Y Turquía, que desde 2015 ha prohibido y reprimido con uso de la fuerza innecesaria las marchas del Orgullo en todo el país.
Europa debe garantizar políticas inclusivas que no limiten los derechos de las personas LGBTI en ninguno de los países miembro y debe presionar para que ningún Estado miembro de la Unión Europea recorte los derechos del colectivo. “Con independencia de los resultados de las últimas elecciones europeas, Amnistía Internacional recuerda a los políticos y políticas sus obligaciones en materia de derechos humanos y exige responsabilidades a los eurodiputados y eurodiputadas para lograr una Unión Europea más justa e inclusiva”, señaló Beatriz Martos.
“Con independencia de los resultados de las últimas elecciones europeas, Amnistía Internacional recuerda a los políticos y políticas sus obligaciones en materia de derechos humanos y exige responsabilidades a los eurodiputados y eurodiputadas para lograr una Unión Europea más justa e inclusiva.”
En América, pese a contar con leyes que reconocen los derechos de las personas LGBTI, Argentina no escapa de los discursos que incitan al odio, los cuales han dado lugar a actos violentos como el que acabó con la vida de tres mujeres lesbianas e hirió de gravedad a una cuarta cuando quemaron la habitación en la que vivían en Buenos Aires. O con la presión contra activistas como Pierina Nochetti que se enfrenta hasta a 4 años de prisión por pintar un grafiti reivindicativo. En Estados Unidos, se está viviendo un proceso de retroceso legislativo, que arrancó en 2022 en Florida con la ley Don't say Gay, y que ha continuado con el impulso de más de 500 leyes que pretenden limitar los derechos de la comunidad LGBTI.
En África, 31 países aún penalizan la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo, pese a que contradicen claramente las normas internacionales de derechos humanos y de la Unión Africana. Se han endurecido las leyes existentes en países como Uganda, Malawi, Zambia, Kenia y Ghana, que cuenta con uno de los proyectos de ley más severo del continente contra los derechos LGBTI.
En Asia, la legislación aprobada en Irak castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta 15 años de prisión. Lo mismo que Irán, que además impone “terapias de conversión” que constituyen tortura y otros malos tratos. O Yemen, que condena a pena de muerte, flagelación o prisión a personas por su identidad de género u orientación sexual.
La comunidad trans en el punto de mira
Las personas transgénero, pese a ser el colectivo que menos derechos tiene reconocidos y sufrir los niveles más altos de violencia, son las que siguen en el centro de los discursos antiderechos. Desde 2008 hasta septiembre de 2023, 4.690 personas transgénero habrían sido asesinadas en el mundo, 321 solo en 2023, según Transgender Europa. Mientras tanto en Europa, y según los datos de la encuesta de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, las cotas de acoso se disparan en 2023 llegando al 77 por ciento de las mujeres trans, y al 72 por ciento de los hombres trans.
A la par que aumentan los mensajes antitrans, por ejemplo, en el marco de las próximas elecciones de Reino Unido, en otros países como se están discutiendo medidas para aniquilar los derechos de este colectivo, que pasan por la prohibición del acceso a tratamientos de género, sanciones a personal médico que los paute y contra las familias que apoyan la identidad de género de sus menores; o como en Perú, donde se ha puesto en marcha el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que considera la diversidad de género y la orientación sexual como trastornos mentales.
En España, la Ley Trans supuso un avance positivo para el reconocimiento de derechos de las personas transgénero es aspectos como la garantía de acceso a servicios de salud, la prohibición de la mutilación genital intersexual y de las terapias de conversión, y el reconocimiento legal del género para las personas trans a través de la autodeterminación, incluyendo a menores de edad. Sin embargo, la reforma de la Ley Trans en la Comunidad de Madrid supuso un revés para el colectivo al no garantizar que no sean necesarios informes psicológicos o médicos para la acreditación de género; no obligar a las administraciones autonómicas a otorgar acreditaciones acordes con la identidad de género manifestada por la persona solicitante, e imponer dificultades para impartir contenidos sobre diversidad y derechos LGBTI en centros educativos y medios de comunicación autonómicos. Una reforma que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo por suponer un retroceso en la protección de las personas LGBTI. Y que el Gobierno central también ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional.
Buenas noticias
No todo han sido retrocesos en este año, también se han podido celebrar algunos avances. El matrimonio igualitario es una realidad en 37 estados miembro de la ONU. En 2024, países como Grecia, Tailandia y Nepal, lo han legalizado. A su vez, 17 estados permiten el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación. Y Dominica derogaba la Ley de Delitos Sexuales en abril de 2024, despenalizando la homosexualidad, siguiendo los pasos que previamente había dado Mauricio.
Amnistía Internacional en las marchas del Orgullo
Y como es necesario seguir reivindicando los derechos LGTBI en todo el mundo, activistas de Amnistía Internacional participarán en al menos doce ciudades españolas (Burgos, Córdoba, Donostia, León, Madrid, Mallorca, Oviedo, Valencia, Vigo, entre otras) en las marchas y acciones del Orgullo LGBTI con el lema Orgullo de Ser.
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