- Abogue por la reactivación del diálogo de derechos humanos con el gobierno de Colombia durante la reunión con el Presidente Santos.
- Condene públicamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por todos los actores armados en el conflicto, y apoye de forma pública la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, la labor de sindicalistas, activistas y líderes de las comunidades de indígenas, afrodescendientes y campesinos, y de personas involucradas en campañas en favor de la restitución de tierras.
- Pida al Presidente Santos el cumplimiento de las recomendaciones emitidas de forma reiterada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Colombia y de otros organismos de la ONU, lo que incluye proteger de modo efectivo a las comunidades y los grupos expuestos a sufrir ataques, poner fin a la impunidad y tomar medidas para desmantelar los grupos paramilitares y romper los vínculos que mantienen con las fuerzas de seguridad.
- Insista a las partes en el proceso de paz a que se comprometan con el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluido el derecho de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, como un requisito previo fundamental en todo proceso de negociación.
- Pida al Presidente Santos que garantice que los casos de violaciones de derechos humanos se mantienen en los tribunales civiles y no son transferidos al sistema de justicia militar, y que el gobierno colombiano se abstenga de seguir intentando reforzar el sistema de justicia militar, ya que estas acciones serían contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la obligación internacional del Estado de Colombia de poner fin a los abusos y violaciones de derechos humanos y las reiteradas recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
- Inste al Presidente Santos a que reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y estudiar comunicaciones presentadas por víctimas o en su nombre, o por otros Estados partes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Aunque es difícil establecer la cifra, se calcula que al menos 30.000 personas han sido víctima de desaparición forzada desde que se inició el conflicto.
