La pena capital no traerá la justicia que merecen las víctimas ni la seguridad a la que aspira Afganistán. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Seis hombres fueron ejecutados el 8 de mayo de 2016 tras ser condenados por su participación en una sucesión de violentos ataques de gran resonancia, entre ellos el asesinato deBurhanuddin Rabbani, ex presidente y líder del Alto Consejo de la Paz, cometido en 2011, y un atentado perpetrado ese mismo año en un supermercado de Kabul.
Con estas ejecuciones, es la primera vez que el Gobierno del presidente Ashraf Ghani recurre a esta pena cruel, injusta e irreversible en 2016. A partir del atentado con bombas perpetrado el pasado mes en Kabul, en el que murieron más de 64 personas, el Gobierno afgano ha prometido aplicar la pena capital con mayor frecuencia.
“Las familias que han perdido a seres queridos en ataques violentos merecen justicia por estos crímenes atroces”Champa Patel, directora regional de AI para Asia Meridional
“La pena de muerte sólo sirve como venganza, perpetúa el ciclo de violencia y no actúa sobre las causas originarias", ha afirmado Champa Patel, directora regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
“Afganistán debe parar de inmediato todas las ejecuciones y declarar la suspensión de la aplicación de la pena de muerte como primer paso hacia su abolición total. Cuando la mayoría de los Estados del mundo han vuelto la espalda a esta práctica cruel, el presidente Ashraf Ghani avanza en la dirección equivocada".
“No hay indicios de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial. En Afganistán, donde existen importantes dudas respecto a la imparcialidad y transparencia del proceso legal, y al uso de la tortura y otros malos tratos por las fuerzas de seguridad para obtener ‘confesiones’ de los acusados, no hace sino agravar la injusticia del castigo".
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
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En un discurso pronunciado recientemente ante el Parlamento, el presidente Ashraf Ghani afirmó que su Gobierno “tratará con severidad a quienes derramen la sangre de nuestros soldados y nuestro pueblo inocente” y “no mostrará clemencia al aplicarles el castigo”. Los talibanes han amenazado repetidamente con llevar a cabo ataques de represalia por la ejecución de sus miembros.
En 2015, Amnistía Internacional documentó una ejecución en Afganistán y se impuso la pena de muerte al menos a doce personas por asesinato y violación.
El recurso a las ejecuciones por parte de Afganistán rompe con la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. La mayoría de los países del mundo ya han abolido esta pena para todos los delitos y 140 Estados son abolicionistas en la ley o en el práctica. Cuatro Estados más —Fiyi, Madagascar, República del Congo y Surinam— abolieron la pena capital en 2015 y Mongolia aprobó un nuevo Código Penal que declara abolida esta pena a partir de septiembre de 2016.
En Afganistán, la pena de muerte se ha aplicado con frecuencia tras un proceso judicial que no reunía las garantías procesales que exigen las normas internacionales.
