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Desde siempre las personas nos hemos desplazado de un lugar a otro. Las migraciones han sido una constante en la historia humana y uno de sus motores de progreso.
El derecho de las personas a migrar está reconocido y protegido por leyes internacionales. Como resultado de las guerras, el cambio climático y las enormes desigualdades, a finales de 2022 más de 108,4 millones de personas se han visto desplazadas a la fuerza y más de 35 millones de personas refugiadas en el mundo, el mayor número jamás registrado, encontrándose la mayoría (el 85%) en países de ingresos bajos y medios.
Amnistía Internacional lleva años denunciando los múltiples obstáculos que se encuentran las personas en su intento de entrar en España. Las cifras actuales de la inmigración y refugio en España son aún mayores, puesto que a inicios de 2022 más de cinco millones de personas habían huido de Ucrania debido a las acciones militares llevadas a cabo por Rusia en este país.
En diciembre de 2018, el Estado español firmó el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech que, aunque no vinculante jurídicamente, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar estos derechos a todas las personas, sin discriminación alguna y propiciar vías seguras para la migración.
Amnistía Internacional exige al gobierno de España que deje atrás las políticas migratorias ambiguas, pare las devoluciones ilegales en frontera y apueste claramente por proteger los derechos de estas personas, recordando la necesidad de establecer vías legales y seguras para que las personas migrantes y refugiadas no se jueguen la vida en viajes peligrosos. Amnistía Internacional también recuerda la importancia de combatir los discursos demonizadores y racistas, así como la criminalización de las organizaciones que trabajan con las personas migrantes y refugiadas en España, o la urgencia de una solidaridad europea.
“Queremos una sociedad más acogedora y solidaria, que dé la bienvenida a quienes más apoyo necesitan”
CANARIAS: DÉCADAS DE FRACASO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS
A lo largo de los últimos quince años, Amnistía Internacional ha denunciado las deficiencias del sistema de asilo español y visibilizado las vulneraciones de derechos humanos de las personas que acceden a España.
¡LEE NUESTRO INFORME!Acogida digna y traslado urgente de personas migrantes y refugiadas en España
Las llegadas a Canarias aumentaron en 2023 de manera considerable cerca de 40.000 personas llegaron a sus costas, una tendencia creciente que parece consolidarse en 2024.
La ruta canaria es una de las más peligrosas del mundo. Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en 2023 se registraron 959 personas que habían muerto en esta ruta, aunque la cifra real podría ser mucho mayor y que sigue incrementándose ante la falta de rutas legales y seguras.
Amnistía Internacional, tras seguir durante más de quince años la situación de los derechos humanos en Canarias y realizar en 2021 dos misiones de investigación a las islas, relató en su informe “Canarias: un año de análisis, décadas de fracasos de políticas migratorias” la saturación de los centros de recepción de personas refugiadas e inmigrantes, unas condiciones indignas de acogida que se prolongan en el tiempo y la falta de protección adecuada de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como los niños y niñas no acompañados o las mujeres víctimas de trata. Todo ello en el marco de un sistema de asilo degradado.
En nuestro último informe sobre la situación en las islas de noviembre 2023, Amnistía Internacional ha detectado que, ante un nuevo repunte de llegadas a Canarias, continúan sin solucionarse aspectos clave para garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, especialmente de los y las menores que viajan solos.
Falta de información sobre sus derechos, incluido el derecho a solicitar asilo; ausencia de asistencia letrada y de interpretación de calidad; niños y niñas no acompañados a quienes la policía no identifica, detenidos y enviados a centros para personas adultas y que ven sustraídas sus pertenencias; y falta de infraestructuras para una adecuada recepción de la isla de El Hierro, son algunos de los problemas estructurales a los que las autoridades no han dado solución.
Expulsiones "en caliente", otra realidad de la migración y refugio en España
Ante los intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas, Amnistía Internacional denuncia la persistencia de expulsiones “en caliente” por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, aquellas procedentes de países en conflicto, con graves inestabilidades políticas, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como Siria, Irak, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Mali, entre otros.
El Tribunal Constitucional español se pronunció en 2020 sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana, que modificaba la Ley de Extranjería introduciendo una nueva figura reguladora de los “rechazos en frontera” aplicable solo a Ceuta y Melilla. Este aparente “amparo” judicial no puede hacernos olvidar que las devoluciones sumarias son prácticas que vulneran derechos humanos, ya que la aplicación práctica de garantías de derecho internacional, como tener acceso a los procedimientos de solicitud de asilo y a recurrir cualquier decisión, no resulta compatible con una expulsión inmediata de territorio europeo.
Un claro ejemplo de estas prácticas tuvo lugar el 24 de junio de 2022, en la llamada masacre de Melilla, en la que más de 100 personas podrían haber perdido la vida tras las actuaciones policiales a ambos lados del puesto fronterizo del Barrio Chino. En esa ocasión, se produjo la devolución en caliente de 470 personas, según cifras del Defensor del Pueblo.
También en mayo de 2021 más de 8.000 personas, entre las que había alrededor de 2.000 menores no acompañados, entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos. Según informes, las fuerzas armadas españolas desplegadas en la frontera llevaron a cabo devoluciones colectivas y forzosas sin ninguna salvaguardia.
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha reclamado que el Acuerdo de Gobierno para la reforma de la Ley de Seguridad ciudadana aparque la prohibición de las expulsiones sumarias y colectivas, contrarias al derecho internacional, y se limite a derivar la cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería.
Exige justicia por las muertes y las desapariciones en Melilla
Haz que el gobierno se comprometa a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la masacre de Melilla
Criminalización de quienes ayudan a personas migrantes, una realidad de la inmigración y refugio en España
Frente a una política migratoria capaz de poner en primer término la defensa de la vida, tanto los gobiernos europeos como las instituciones europeas han seguido criminalizando a personas u organizaciones que trataban de prestar ayuda a las personas migrantes.
En los últimos años se han venido desplegando una serie de medidas restrictivas, sancionadoras y punitivas contra personas y grupos que defienden los derechos de la población en movimiento.
En toda Europa se ha procesado y hostigado a gente por actos de solidaridad con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes (como proporcionar ropa de abrigo, ofrecer refugio y salvar vidas en el mar, cuando los propios Estados no lo estaban haciendo). Al castigar a quienes se ofrecían a paliar las carencias existentes, los gobiernos europeos han hecho que las personas en movimiento corran mayor peligro aún. Las autoridades españolas han hecho un uso indebido de normas administrativas para restringir las operaciones de salvamento de barcos de ONG, a las que han amenazado con multas de hasta 901.000 euros.
No permitas estas frases racistas
¡Vacúnate contra el odio!
¡Lee nuestro reportaje sobre los bulos que más odio generan!¿Qué queremos que cambie con respecto a la inmigración y refugio tanto en España como en Europa?
Europa es una región con un alto nivel de vida. Todos los Estados de la Unión deben acoger según su tamaño y capacidad porque queremos una sociedad más acogedora y solidaria que dé la bienvenida a quienes más apoyo necesitan, a pesar del retroceso que supone el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Queremos que todas las personas tengan la oportunidad de vivir dignamente con independencia de su origen. España y Europa deben abrir rutas legales y seguras de acceder a su territorio, ofrecer una acogida digna, unos procesos de asilo justos (que ofrezcan protección efectiva a quienes la necesitan) y acabar con las devoluciones ilegales en las fronteras.
¿Qué pide Amnistía Internacional a las autoridades españolas?
- Garantizar en la frontera sur (Canarias, Ceuta y Melilla) el accesoa procedimientos de asilo con todas las garantías, incluida la asistencia letrada e intérprete desde el principio y de calidad, así como una adecuada acogida, adaptando el sistema a las necesidades y los perfiles de las personas solicitantes de asilo e integrando un enfoque de igualdad de género y diversidad.
- Asegurar la protección jurídica efectiva de los niños y niñas no acompañados y velar por que se aplique el principio de no devolución y se tenga en cuenta el interés superior del niño como consideración primordial.
- Reconozcan públicamente el papel y la contribución de los y las defensoras de los derechos humanos y la legitimidad de sus actividades, incluida su participación en los esfuerzos de salvamento y rescate, de conformidad con el derecho del mar.
- Terminen con las prácticas de expulsiones ilegales y apliquen las normas internacionales de derechos humanos, también en la frontera, incluyendo la zona vallada. Y rindan cuentas ante las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestras fronteras.
- Deroguen la disposición adicional de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que busca dar cobertura legal a las expulsiones sumarias de España a Marruecos.
- Garanticen el derecho de asilo de las personas refugiadas y migrantes en España, estableciendo mecanismos adecuados que permitan identificar a personas con necesidades de protección internacional, asegurando la presencia de traductores, y facilitando el acceso de las organizaciones especializadas que pueden informarles de cuáles son sus derechos.
- Se debe incluir en la legislación la prohibición de privación de libertad por motivos migratorios a personas en situación de vulnerabilidad, tales como solicitantes de asilo, víctimas de trata y menores de edad, entre otros, y la prohibición los controles de identidad con sesgo racista.
“El derecho de las personas a migrar está reconocido y protegido por leyes internacionales.”
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