Hace algunos meses, las vacunas no eran, ni mucho menos, un tema de conversación común. Sin embargo, a consecuencia de la COVID-19 se han hecho protagonistas en nuestras redes sociales, tertulias radiofónicas, conversaciones y preocupaciones. Posiblemente, hasta en nuestros sueños.
No resulta extraño si consideramos que, a 10 de febrero de 2021 y según la John Hopkins University, el número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo superaba los 107 millones, y el de personas fallecidas los 2,3 millones. En España, el número de casos confirmados superaba los 3 millones y el de personas fallecidas se acercaba a 64.000.
Ante esta realidad de dolor y muerte, las personas nos refugiamos en la esperanza que supone una vacuna eficaz y segura que pueda poner fin a la pandemia. Una esperanza ensombrecida por la escasez de dosis y la probable falta de acceso a ellas de buena parte de la población mundial.
El mismo 10 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitían un comunicado conjunto con un elocuente titular: "En la carrera para la vacuna contra la COVID-19, la victoria o la derrota es de todos".
Según estas agencias de Naciones Unidas, de los 128 millones de dosis de vacunas administradas hasta esa fecha, más de tres cuartas partes se habían aplicado en 10 países desarrollados. En otros 130 países que sumaban 2.500 millones de habitantes no se había administrado ni una sola.
Las preocupaciones de la OMS y UNICEF comparten las de Amnistía Internacional, que en diciembre del año pasado alertó: "Mientras los países ricos sigan acaparando dosis, existe el riesgo de que el potencial de las vacunas para salvar vidas se vea menoscabado por la desigualdad".
Este post aspira a proporcionaros argumentos para este nuevo tema de conversación recurrente, pues la cuestión de las vacunas está íntimamente ligada con los derechos humanos, como vais a ver.
Un anciano, mayor de 75 años, recibe una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en un centro de vacunación en Lamballe-Armor, Francia, el 22 de enero de 2021. © REUTERS / Benoit Tessier
¿Qué son las vacunas?
Según la Real Academia de la Lengua, vacuna es un "preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa". La OMS asegura que "la vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario".
¿Cuál fue la primera vacuna?
La vacuna contra la viruela desarrollada por el inglés Edward Jenner en 1796, en un tiempo en que esta enfermedad mataba unas 400.000 personas al año.
Jenner confirmó que las campesinas que ordeñaban vacas nunca padecían viruela e intuyó que se debía a que estaban inmunizadas debido a que estaban expuestas a un virus parecido pero más leve: la viruela de las vacas.
A las lecheras les salían unas pocas pústulas en las manos que sanaban en pocas semanas. Después de eso, eran inmunes a la viruela humana. Jenner inyectó pus extraído de la mano de una de ellas al hijo de su jardinero. Cuando el pequeño James Phipps se recuperó de la viruela de las vacas, le inyectó viruela humana. El chaval no manifestó ningún síntoma: estaba inmunizado.
Tras el descubrimiento de Jenner, se tardaría casi un siglo en descubrir nuevas vacunas. En la década prodigiosa de 1880 el francés Louis Pasteur desarrolló las vacunas contra el ántrax y la rabia y el español Jaume Ferrán i Clua logró una vacuna contra el cólera.
A partir de 1890, el alemán Emil von Behring desarrolló las vacunas para prevenir el tétanos y la difteria. Después vendrían vacunas contra el tifus, la tuberculosis... y, por supuesto, en 2020, contra el coronavirus.
Un empleado recoge viales que contienen CoronaVac, la vacuna de Sinovac contra la COVID-19, en el centro de producción biomédica de Butantan en Sao Paulo, Brasil, el 22 de enero de 2021. © REUTERS/Amanda Perobelli
¿Cuáles son las vacunas que más vidas han salvado en la historia?
Es imposible saberlo a ciencia cierta, pero algunos ejemplos pueden darnos una idea de la importancia del descubrimiento que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad:
- El número de casos de polio en el mundo ha pasado de 350.000 en 1988 a sólo 22 en 2017.
- Cada año 29 millones de personas en todo el mundo son vacunadas contra la rabia después de ser mordidas por animales, impidiendo que desarrollen la enfermedad.
- Antes de que la vacuna contra el sarampión se introdujese y generalizase en 1963, cada año morían entre dos y tres millones de personas a causa de esta dolencia.
- Según UNICEF Las vacunas más importantes (tuberculosis, hepatitis B, poliomielitis, difteria, tétanos, tos ferina, hib, neumococo, rotavirus, sarampión, paperas, rubeola y virus del papiloma humano) salvan cada año entre dos y tres millones de vidas.
¿Por qué la vacunación contra la COVID-19 debe ser gratuita y aplicarse sin discriminación?
El acceso a la vacuna de la COVID-19 es una cuestión básica de derechos humanos que afecta sobre todo al derecho a la salud ("disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y al derecho al disfrute de los beneficios de los avances científicos y sus aplicaciones.
Pero el tema de la vacunación contra la COVID-19 es tan complejo que afecta a muchos otros derechos: a la vida, la información, la privacidad, la participación, y el desarrollo. Además, el impacto de la pandemia en la vida de las personas es tan intenso que la posibilidad de acceder o no a una vacuna repercute en una amplia variedad de derechos: educación, trabajo digno, libertad de reunión pacífica o libertad de circulación.
Por todo ello, es necesario garantizar que, como explica la asesora de Salud de Amnistía Internacional Tamaryn Nelson, la vacuna "se distribuya equitativamente y se ponga a disposición primero de quienes más riesgo corren, con independencia de donde vivan, quiénes sean o lo que puedan pagar". Esto solo se puede garantizar si la vacuna está disponible también en los países de ingresos bajos y medios y si se aplica de forma gratuita a la población, sin excluir a nadie por ningún motivo, incluido el estatus migratorio, la etnia, o el género.
Sin embargo, hay países que ya están discriminando a determinados grupos como ha denunciado Amnistía Internacional en relación a la población palestina en Israel o migrantes sin documentos legales en varios países de América.
Keisha Skipper observa a su hijo William, de dos años, reaccionar después de recibir la vacuna contra la influenza H1N1 en el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, Illinois, el 6 de octubre de 2009. © REUTERS / Frank Polich
¿Por qué el acceso a las vacunas contra la COVID-19 debe ser universal y equitativo?
Hay muchas razones. La respuesta a la pregunta anterior exponía claramente la gran cantidad de derechos humanos afectados por la COVID-19. Sí esa razón no fuera suficiente, hay otra evidentes: estamos ante una crisis sanitaria y económica mundial que solo se puede resolver mediante la cooperación global.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, los países tienen la obligación de trabajar unidos para responder a la pandemia, y los Estados más ricos tienen la responsabilidad de ayudar a los Estados que disponen de menos recursos.
En lugar de eso, muchos gobiernos han adoptado el enfoque “yo primero”, conocido también como "nacionalismo de las vacunas". Algo poco inteligente. Según el Secretario General de Naciones Unidas António Guterres "nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo", pues mientras perviva un solo foco de infección en el planeta la enfermedad sigue viva. O, en palabras de la OMS y UNICEF: en la carrera por la vacuna ganamos o perdemos toda la humanidad.
¿Qué personas deben ser vacunadas primero contra la COVID-19?
Es una pregunta compleja. Por un lado, todas las personas tenemos derecho a recibir protección frente a la COVID-19. Por otro lado, los suministros iniciales son limitados y debemos dar prioridad a quienes corren más riesgo, con independencia de en qué país vivan.
El personal sanitario, las personas mayores y las personas con problemas de salud son grupos de riesgo evidente. Pero incluso aquí se necesita una visión amplia. Cuando hablamos de personal sanitario deberían estar incluidas las personas que trabajan en servicios anexos como limpieza, mayoritariamente mujeres, transportes o seguridad. Y quienes se encargan de los cuidados de personas en riesgo, a veces en los domicilios, también fundamentalmente mujeres, muchas de ellas migrantes. Además, los gobiernos deberían priorizar la vacunación de comunidades especialmente vulnerables como los pueblos indígenas o las personas que viven en campos de refugiados.
¿Por qué las vacunas deben ser seguras y culturalmente aceptables?
Esta es una cuestión tanto de derechos humanos como de efectividad. Las vacunas deben cumplir los criterios científicos más estrictos para garantizar que no afectan al derecho a la salud y a la vida.
Los planes de inmunización deben llevarse a cabo prestando especial atención al consentimiento informado, evitando políticas generales de vacunación obligatoria. Para ello, los gobiernos deben comunicar de forma clara los beneficios de la vacunación y combatir la desinformación de una manera que sea comprensible para todas las personas, en idiomas que entiendan y formatos a los que puedan acceder.
Esto es un componente esencial del derecho a la salud, pero también un incentivo para que las personas consideren que vacunarse es la mejor opción para luchar contra la pandemia, protegerse ellas mismas y proteger a los demás.
El veterinario Rayanapa Jiraban, de la Administración Metropolitana de Bangkok, inyecta la vacuna gratuita contra la rabia a un perro en Bangkok el jueves 4 de marzo de 2010. © Foto AP/Sakchai Lalit
¿Cuáles son las responsabilidades de las empresas?
Cuando se desarrollan nuevos medicamentos, la empresa que los fabrica suele obtener los derechos de propiedad intelectual, lo que implica que es la única empresa que puede producir el fármaco durante un tiempo. Las leyes de propiedad intelectual también pueden restringir el intercambio de datos relacionados con la investigación y el desarrollo de la vacuna.
Esto puede ser muy perjudicial para la salud de las personas. Pasó con los antirretrovirales usados para detener el avance del sida. Decenas de miles de personas que vivían con el VIH quedaron excluidas del tratamiento debido a que las empresas farmacéuticas producían muy pocas dosis de estos medicamentos para mantener los precios altos.
Esto no puede volver a suceder con las vacunas contra la COVID-19. Las normas internacionales de derechos humanos son claras: la salud pública tiene prioridad sobre la propiedad intelectual.
En el caso de la vacuna contra la COVID-19 hay que tener en cuenta un elemento adicional: la enorme cantidad de dinero público que las farmacéuticas han recibido de los gobiernos de los países ricos para desarrollar las vacunas. Este hecho por sí solo justificaría que, como pide la coalición Vacuna para el Pueblo -de la que forma parte Amnistía Internacional-, los gobiernos declarasen una excepción a los derechos de propiedad intelectual sobre estos medicamentos.
¿Cuáles son las responsabilidades de los gobiernos?
Los gobiernos deben tomar medidas para eliminar cualquier obstáculo que impida a la población acceder a la vacuna de la COVID-19 que, en este momento, es un elemento clave para garantizar el derecho a la salud de las personas.
Como hemos ido viendo, esta afirmación general tiene muchas implicaciones: garantizar la gratuidad de las vacunas, colaborar con todos los países para que las vacunas lleguen a quienes más lo necesiten...
La lista de deberes de los Gobiernos es muy larga, pero tal vez su primera tarea deba ser "dejar de bloquear una exención temporal de algunas normas globales sobre propiedad intelectual que contribuirá a impulsar el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19". Así lo pedía Amnistía Internacional en un comunicado conjunto con Human Rights Watch en diciembre.
¿Qué pide Amnistía Internacional?
Muchas de las preocupaciones y peticiones de nuestra organización ya han sido expuestas. En Un pinchazo justo, nuestra guía sobre derechos humanos sobre las vacunas contra la COVID-19, formulamos hasta 34 recomendaciones detalladas. Las más importantes son:
- Los Estados y las empresas deben elaborar y aplicar políticas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para todas personas.
- Los Estados deben cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollan, fabrican en cantidad suficiente y distribuyen a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo.
- Los Estados deben garantizar que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país hacer valer el derecho a la salud.
- Las empresas deben conceder licencias no exclusivas para los productos sanitarios contra la COVID-19 y participar en mecanismos mundiales para compartir innovaciones como el C-TAP.
