Un año después de aquel 24 de junio de 2022 ni Marruecos ni España han realizado una investigación adecuada de lo ocurrido, la impunidad y el oscurantismo se han perpetuado, las víctimas y sus familias están desamparadas, y las fronteras de Melilla y Ceuta se mantienen blindadas.
¿Qué pasó en la masacre de Melilla?
El 24 de junio de 2022 alrededor 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, trataron de cruzar la frontera entre España y Marruecos por el puesto fronterizo de Barrio Chino. Tras la intervención de las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera al menos 37 personas fallecieron y el número de desaparecidas sería al menos 76.
La policía española devolvió al menos a 470 personas de forma sumaria y sin garantías a Marruecos, como acredita la investigación del Defensor del Pueblo. Durante horas, cientos de personas heridas permanecieron en el puesto fronterizo, sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria, y a pesar de que al menos una ambulancia de Cruz Roja estaba en la zona, no se requirió que interviniese. En el lado marroquí, las ambulancias no llegaron hasta dos horas después de todo lo sucedido. Algunas de las personas heridas permanecieron allí hasta 10 horas sin recibir ningún tipo de atención médica o sanitaria.
Posteriormente, alrededor de 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Algunas de ellas habrían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera.
Las autoridades españolas no han querido pronunciarse nunca por la actuación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad marroquíes, pero la información disponible indica que las vallas construidas por España y los puestos fronterizos, incluyendo el de Barrio Chino están en territorio español, por lo que claramente los hechos ocurrieron bajo jurisdicción española, así que hay una obligación de investigar todas las actuaciones que allí ocurrieron.
¿Por qué dice Amnistía Internacional que podría haber más de 100 fallecidos?
Amnistía Internacional sostiene que la masacre de Melilla podría haber causado más de 100 fallecidos porque ha tenido acceso a testimonios que indicaban que algunas personas fueron trasladadas en autobús sin recibir ningún tipo de asistencia médica a pesar de la gravedad de las lesiones. Algunos murieron en el traslado. Otros, a pesar de estar heridos, fueron abandonados a su suerte al sur de Marruecos.
Debemos seguir hablando de desaparecidos, pero desde hace un año sus familiares no conocen su paradero, por lo que Amnistía Internacional teme que muchos de ellos desgraciadamente habrían fallecido.
Decenas de migrantes intentaron saltar el paso fronterizo entre Marruecos y Melilla el pasado 24 de junio. © AP Photo/Javier Bernardo
¿Qué ha pasado desde el 24J?
1. Ausencia de investigación
Las autoridades marroquíes han obstaculizado las iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas y fallecidas. Ningún funcionario, marroquí o español, ha comparecido hasta ahora ante la justicia por las violaciones de derechos que provocaron la muerte, la desaparición y heridas de tantas personas.
La Fiscalía española decidió el archivo de la causa en diciembre de 2022. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, su única recomendación al Ministerio del Interior es la apertura de un expediente administrativo contra algunos Guardias Civiles que arrojaron piedras a las personas migrantes y refugiadas. No se ha abierto ninguna investigación adecuada sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional que se cometieron a ambos lados de la frontera. De alguna forma, la fiscalía “aprobó” la respuesta de las fuerzas de seguridad y no entró a investigar la actuación policial española, ni la marroquí en territorio español, que también es objeto de su jurisdicción.
En Marruecos tampoco se ha investigado la violencia empleada por sus fuerzas de seguridad.
Manifestación en el aniversario de la masacre de Melilla. © Alberto Senante/AI
2. Detenidos, cuerpos en la morgue y obstáculos a las familias
De acuerdo a información de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), aún se encuentran detenidas 87 personas en Nador y otras cárceles del país. No hay información pública sobre los juicios a estas personas ni sobre el paradero del resto de personas que fueron trasladadas.
La mayoría de los cuerpos de los fallecidos permanecen aún en la morgue de Nador. Las autoridades marroquíes han declarado que no enterrarán los cadáveres sin identificación, pero tampoco facilitan la identificación de los cuerpos.
Las familias sudanesas que creen que sus seres queridos se encuentran entre los muertos no pueden viajar a Marruecos debido a la denegación de visados y a la imposibilidad de comprar un billete. Hace tres meses, el Ministerio sudanés de Asuntos Exteriores permitió a algunas familias sudanesas enviar muestras de ADN a Marruecos para compararlas con el ADN de los cadáveres. Aún no se han publicado los resultados.
No se ha ofrecido ninguna indemnización a las familias de las víctimas por parte de España ni de Marruecos, ni ayudas para conocer sus posibles paraderos. En este sentido, la situación es de absoluto desamparo.
3. Melilla, una frontera blindada>
A pesar de que el gobierno siempre ha asegurado que existen vías legales y seguras para pedir asilo en Melilla, con una oficina de asilo en la frontera, en realidad no hay manera real que permita que personas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan pedir protección internacional. Los únicos datos disponibles son los de entrada de manera irregular. Durante 2023 solo se han producido 60 entradas de migrantes a Melilla, y de ellas sólo 28 por vía terrestre. Según información del propio Ministerio del Interior, desde junio de 2022 hasta hoy no se ha registrado ninguna solicitud de asilo en la oficina de Beni Anzar.
En ese sentido, a la violencia del 24 de junio le ha seguido un blindaje absoluto de la frontera, que formaría parte de la política de control migratorio de la política común “Europa Fortaleza”.
Además, según la información recabada, las personas de origen subsahariano apenas tienen posibilidad de cruzar la frontera entre España y Marruecos, lo que es otra muestra más de un control migratorio basado en un racismo institucionalizado, que dificulta a muchas personas acceder a España y solicitar asilo, principalmente por el color de su piel. La propia Fiscalía General del Estado señala en este sentido que “son notorias la dificultades que tienen las personas migrantes, especialmente si son subsaharianas, para acceder a la parte española de Beni Enzar”.
“Me dicen que todavía no saben dónde está la gente [los desaparecidos en la frontera el 24 de junio]. Echo de menos a mi mejor amigo [al que no ve desde ese día]. No está allí. Estoy seguro que está muerto. Pero no tenemos ninguna posibilidad de saber dónde está su cuerpo, pero está muerto, porque no hay noticias de él. Si estuviera vivo, me llamaría”
Este hecho contrasta con el alto índice de reconocimiento de protección internacional y de resoluciones favorables de solicitudes de asilo en 2022 a nivel estatal de personas procedentes de países como Burkina Faso (99%), Malí (96%) o Sudán (92%), lo que claramente demuestra que a pesar de que se les impide llegar a los puestos fronterizos, aquellas que logran cruzar la frontera, sí son personas merecedoras de protección internacional.
El informe de la Comisaria de Derechos Humanos de la Unión Europea subrayó que no es cierto, tal y como sostiene el Ministerio del Interior, que España permita solicitar asilo en la frontera de Melilla con Marruecos y apuntó que la única forma de cruzar a territorio español es “nadando o saltando la valla”.
Lo cierto es que, tras la masacre en Melilla, la situación de derechos humanos para muchas de estas personas migrantes que han quedado atrapadas en Marruecos se ha deteriorado. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de testimonios de migrantes que, ante esta situación, optan por salir de Marruecos hacia el sur, o volver a Libia, Túnez o Argelia puesto que que saben que si la policía marroquí los encuentra por la calle son multados, amenazados o directamente se los mete en prisión.
Un joven deposita flores en la valla en el aniversario de la masacre de Melilla. © Alberto Senante/AI
4. Continúa la falta de transparencia
A lo largo de este año ha continuado la falta de transparencia acerca de los acuerdos migratorios entre España y Marruecos. Se ha informado de ellos a través de notas de prensa, sin ofrecer detalles sobre cómo operan en realidad ni qué posibles garantías hay de cumplimiento de los derechos humanos a ambos lados de la frontera.
A esta falta información se le une la falta de transparencia sobre los usos que realiza España de los fondos que recibe de la UE para el control fronterizo. Los informes de la organización Por Causa ponen de manifiesto que la administración española adjudica seis de cada diez contratos provenientes de estos fondos sin concurso público y a menudo sin publicar los pliegos ni ningún otro detalle.
El Ministerio del Interior califica como confidenciales estos contratos alegando razones de seguridad nacional para impedir el acceso a ellos y no ofrece cifras estimadas sobre el gasto que destina a control fronterizo. En los últimos años, el Gobierno ha adjudicado contratos millonarios a empresas o entidades privadas que después subcontratan a otras sociedades, lo que se traduce en una capa más de opacidad e imposibilita la realización de un seguimiento adecuado del destino de los fondos. Ante esta situación, una plataforma de entidades ha denunciado estas prácticas ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
Un migrante es detenido por agentes de policía en suelo español tras cruzar la valla que separa el enclave español de Melilla de Marruecos, el viernes 24 de junio de 2022. © AP Photo/Javier Bernardo
La tragedia de Melilla y las elecciones
Un mes después del aniversario de la masacre de Melilla tendrán lugar las elecciones generales en España. Entre las 14 peticiones que ha trasladado Amnistía Internacional a los partidos políticos de cara a la cita electoral figura la de que “Ceuta y Melilla dejen de ser lugares donde es prácticamente imposible pedir asilo, y donde se aplica una legislación excepcional al margen de las obligaciones internacionales contraídas por España”.
Además, en la anterior legislatura se perdió la oportunidad de terminar de una vez por todas con las “devoluciones en caliente” (expulsión sumaria de personas migrantes o refugiadas sin que tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese acto a través de un recurso judicial efectivo en contra del principio de no devolución)a través de una reforma legislativa. Los partidos políticos deben comprometerse a eliminar la normativa que permite estas actuaciones contrarias al derecho internacional.
La organización mantiene abierta también una petición de firmas con esta reivindicación y hará entrega de las cerca de 22.000 muestras de apoyo conseguidas internacionalmente tanto a La Moncloa como a la Embajada de Marruecos en España.
