Hoy en día, la tortura está prohibida de una manera categórica, al igual que todo trato cruel, inhumano y degradante. Sin embargo, el comercio de material para hacer cumplir la ley que puede facilitar la comisión de este tipo de actos, continúa a nivel global.
Este término (“material para hacer cumplir la ley”) se refiere a productos relacionados con el uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, excluyendo las armas de fuego, cuyo comercio está regulado por normas y tratados internacionales existentes. Este tipo de material incluye instrumentos y armas utilizados para el control de multitudes, (gases lacrimógenos, cañones de agua, porras), para tratar con personas violentas, (pulverizadores de pimienta, proyectiles que aplican descargas eléctricas, proyectiles de impacto cinético), y para la detención y durante la reclusión (por ejemplo, las esposas y grilletes).
Aunque existe un mosaico de leyes y normas regionales que regulan parte de este comercio, la ausencia de normas internacionales ha impedido la formulación de una respuesta global integral y consistente. En mayo de 2022, a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un Grupo de Expertos Gubernamentales publicó un informe que pretendía abordar esta laguna. El Grupo recomendó el establecimiento de normas internacionales comunes y planteó la opción de un tratado —un instrumento jurídicamente vinculante— para alcanzar este objetivo. A día de hoy, es cierto que, por ejemplo, la Unión Europea ha introducido controles sobre el comercio de algunos tipos de material, y tanto Naciones Unidas como el Consejo de Europa han reconocido la necesidad de regular la exportación de material para hacer cumplir la ley que pueda utilizarse para infligir tortura y otros malos tratos. Sin embargo, este tipo de material, conocido también como armas menos letales, sigue facilitando actos de tortura.
Un policía antidisturbios apunta con su pistola de gases lacrimógenos hacia los manifestantes en Bogotá, Colombia. © DANIEL MUNOZ / AFP
Las armas menos letales y la tortura
En abril de 2021, Leidy Cadena Torres, que entonces tenía 22 años, caminaba en dirección a una protesta por las reformas fiscales en Bogotá, Colombia, cuando fue alcanzada en el rostro por una bala de goma disparada a corta distancia por un policía antidisturbios. Perdió un ojo.
En noviembre de 2019, en Chile, Gustavo Gatica, de 22 años, estudiante de psicología, quedó ciego de ambos ojos tras ser alcanzado en el rostro por balines de metal recubiertos de goma disparados por la policía durante protestas contra la desigualdad en la capital, Santiago. Hasta el momento, nadie ha rendido cuentas por ello. Los casos de Leidy y Gustavo no son una excepción; miles de manifestantes y transeúntes han sufrido mutilaciones y decenas han muerto debido al uso, a menudo imprudente y desproporcionado, de armas menos letales con fines de cumplimiento de la ley, incluidos proyectiles de impacto cinético como balas de goma, así como a disparos de balines recubiertos de goma.
Gustavo Gatica, de 22 años, quedó ciego de ambos ojos tras ser alcanzado por balas de goma lanzadas por la policía durante una protesta en Santiago de Chile. © Edgard Garrido
No solo las pelotas de goma se usan para facilitar la tortura. Las consecuencias del uso de granadas de gas lacrimógeno también son nefastas para el derecho a la protesta. En los últimos meses, Amnistía Internacional ha documentado terribles casos de uso indebido de gas lacrimógeno por las fuerzas de seguridad durante la brutal represión de protestas en Irán, Perú y Sri Lanka, por ejemplo.
En Irán, tras las protestas que tomaron las calles como respuesta a la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, las autoridades usaron perdigones y cañones de agua, entre otros gases lacrimógenos, además de munición real. Miles de personas sufrieron lesiones de consideración, incluida pérdida de la vista, para las que muchas no buscaron atención médica por miedo a ser detenidas. Incluso una niña de 6 años murió tras recibir el impacto de un bote de gas lacrimógeno en la cabeza. Todo con un objetivo: aplastar protestas en gran medida pacíficas.
En Perú, durante las protestas generalizadas que comenzaron en diciembre de 2022, las fuerzas armadas y la Policía Nacional dispararon ilegítimamente armas letales y usaron otras armas menos letales contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas. Cuarenta y nueve personas perdieron la vida. Las protestas fueron en su mayor parte pacíficas, pero los datos indican que la policía y el ejército dispararon balas, perdigones y gas lacrimógeno de forma temeraria y mataron o causaron lesiones a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas.
En Sri Lanka, el uso indebido de gas lacrimógeno y de cañones de agua se convirtió en habitual en la respuesta a las manifestaciones y afectó a manifestantes y transeúntes, incluidos niños y niñas, que protestaban por la grave situación económica del país. Estas tácticas causaron al menos una muerte en una protesta en julio de 2022.
Manifestantes universitarios de Sri Lanka son rociados con cañones de agua y gases lacrimógenos. © Tharaka Basnayaka/NurPhoto vía Getty Images
Por un Tratado de Libre Comercio sin Tortura
El 26 de junio se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Tortura. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997 con una clara intención: la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Hoy, 26 años después, tenemos que seguir lamentando que miles de personas en todo el mundo sigan siendo objeto de esta cruel violación de derechos humanos. Tristemente, estamos demasiado acostumbrados a escuchar, leer o ver noticias sobre torturas en conflictos armados, como recientemente en Ucrania, o remontándonos en el tiempo, en Irak, Yemen o Siria. Pero la tortura no solo se da en situaciones de conflicto. En nuestro día a día, el uso deliberado e indiscriminado de este tipo de armas menos letales por parte de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, no solo supone un peligro para la integridad física de las personas y facilita la tortura, sino que también menoscaba los derechos de manifestación y reunión.
Investigaciones como la de la Fundación Omega, una organización de investigación independiente con sede en el Reino Unido, dedicada a investigar la fabricación, el comercio y el uso de tecnologías militares, de seguridad y policiales (MSP), sobre el comercio de instrumentos de tortura ha demostrado que esta actividad económica está actualmente fuera de control. Es un problema global que exige una respuesta global. Por eso, más de 30 organizaciones internacionales han aunado sus fuerzas para pedir que se establezca un tratado internacional a fin de controlar el comercio de los instrumentos de tortura que se utilizan en todo el mundo para reprimir protestas pacíficas y cometer abusos contra personas detenidas, ya que este tipo de artículos suelen utilizarse para cometer actos de tortura u otros malos tratos, terminantemente prohibidos por el derecho internacional. La solución a este problema debe venir desde la ley, y al igual que existe un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que regula (sobre el papel) las ventas y exportaciones, así como el uso final que se da al armamento, es urgente que la comunidad internacional preste atención al comercio de armas menos letales y apruebe un Tratado de Libre Comercio sin Tortura fuerte, global y legalmente vinculante, que regule el comercio de armas menos letales.
