El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres (Convenio de Estambul), aprobado en 2011 y en vigor desde 2014, establecía la necesidad de crear centros de atención de emergencia para las víctimas de violencia sexual. Diez años después, España cuenta con tan solo dos en todo su territorio.
Víctimas de violencia sexual desatendidas
Ese número es totalmente insuficiente para atender una realidad que, según la Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer de 2019 podría afectar a más de 2,8 millones de mujeres mayores de 16 años en nuestro país (el 13,7 por ciento de la población femenina comprendida en esa franja de edad).
Este dato, con ser desolador, no es sino uno más de los muchos que se acumulan hasta demostrar que la violencia sexual, que se ejerce mayoritariamente contra las mujeres, es una realidad ante la que las autoridades y la sociedad española tienden a volver la cara.
En noviembre de 2020 el Grupo de Expertas en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia de Género (GREVIO) hizo público su primer informe sobre el grado de cumplimiento del Convenio de Estambul por parte de las autoridades españolas. Según el mismo, de las 17 comunidades autónomas, solo diez cuentan con un servicio especializado dirigido a las víctimas de agresión sexual y violación, lo que deja desatendida "una gran parte de España", en particular las zonas rurales. Además, señalan, no existe un protocolo nacional sobre violencia sexual que aborde de manera integral esta materia, sin ayudar a potenciar una recuperación social, laboral, personal ni psicológica.
Esta misma semana, la Universidad Oberta de Catalunya ha hecho público el dato de que tan solo un 20 por ciento de las compensaciones solicitadas a las administraciones públicas por víctimas de delitos sexuales al amparo de la Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual son resueltas favorablemente.
Acto público de Amnistía Internacional denunciando la violencia contra las mujeres. © AI
Si nos centramos en el tema de los centros de atención de emergencia a las víctimas de violencia sexual, llamados también centros de crisis, veremos que su ausencia refleja por sí misma la desatención que sufren las víctimas de violencia sexual.
El artículo 25 del Convenio de Estambul establece que los Estados Parte del mismo "tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para permitir la creación de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones o de violencias sexuales".
Los apartados 138-142 del Informe Explicativo del Convenio de Estambul detallan las características que deben tener estos centros. Estos requisitos se derivan de "la naturaleza traumática de la violencia sexual", que hace que las víctimas requieran "una respuesta particularmente sensible por parte de personal especializado y entrenado".
Centros de crisis, escasos y deficientes
Según dicho informe, los centros de crisis deben ofrecer a las víctimas de violencia sexual asistencia médica inmediata, examen forense y recogida de pruebas (independientemente de que haya denuncia previa o no), asistencia en el trauma y asesoramiento y remisión a las víctimas a los recursos especializados existentes.
Sin embargo, a día de hoy, "solo Asturias y el Ayuntamiento de Madrid cuentan con centros de crisis". Así lo aseguraba hoy Verónica Barroso, responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional España, tras entregar en el Congreso 140.000 firmas reclamando una ley que garantice la protección de todas las víctimas de violencia sexual.
El problema de la falta de centros de crisis es todavía más grave si tenemos en cuenta que ni siquiera en los casos de Asturias y Madrid se llega a cumplir con los requisitos para los centros de crisis fijados en el Convenio de Estambul. Para empezar, este tratado internacional texto recomienda que haya un centro de crisis por cada 200.000 mujeres. Algo que ni Asturias (algo más de un millón de habitantes) ni Madrid (3,3 millones de habitantes) cumplen.
En el caso de Madrid, además, un informe de Amnistía Internacional Madrid ha encontrado numerosas deficiencias en sus protocolos de funcionamiento.
El Ayuntamiento de Madrid describe su Centro de crisis 24 horas para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, en funcionamiento desde enero de 2020, como un "servicio de atención especializada a mujeres que hayan vivido un intento o una situación de violencia sexual reciente o pasada, o que tengan sospecha de haberla sufrido".
Sin embargo, según Amnistía Internacional, el protocolo aplicable a víctimas de violencia sexual de la capital de España debe modificarse, pues no cumple con los estándares de derechos humanos, al exigir denuncia previa para garantizar la recogida de pruebas por parte del personal forense y estar centrado en la violencia sexual con penetración, dejando fuera otro tipo de violencias sexuales.
Frente a esta situación de desatención de las víctimas de violencia sexual, Amnistía mira con esperanza el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que en breve debe comenzar su tramitación en el Parlamento.
La organización estima que el borrador del texto legislativo aborda "por primera vez con un enfoque integral la violencia sexual", fijando en el consentimiento la clave para definir la existencia o no de dicho tipo de violencia.
El artículo 33 del anteproyecto establece las Administraciones Públicas, garantizarán la disponibilidad de Centros de Crisis 24 Horas para atender a las víctimas de violencia sexual, asegurando "la previsión de un número suficiente de centros, con personal suficiente y cualificado, y de un reparto equitativo de los mismos que asegure la accesibilidad a las mujeres de las zonas alejadas de los núcleos urbanos de gran densidad. De esta manera conseguiremos ofrecer el apoyo que necesitan miles de mujeres desatendidas".
Aunque el anteproyecto no cuantifica que quiere decir "número suficiente de centros", el texto tiene todavía que ser debatido en el Parlamento y puede ser mejorado mediante las enmiendas de los distintos grupos políticos.
Las 140.000 firmas entregadas hoy en el Congreso por Amnistía Internacional España en apoyo de su manifiesto #NoConsiento. Basta de obstáculos a las víctimas de la violencia sexual, que contó además con la adhesión de 338 organizaciones, pretender dejar claro a nuestros representantes políticos que estaremos vigilantes para que la ley (y la correspondiente memoria económica que debe acompañarla) haga honor a su nombre y garantice la protección integral de la libertad sexual.
Es algo que no sucederá a no ser que exista un número adecuado de centros de crisis para atender a las víctimas de violencia sexual, pues esos centros son una parte esencial de cualquier escudo que pretender realmente ayudar a prevenir la violencia sexual.
Contando con ellos las víctimas se animarán a denunciar esa violencia en un porcentaje mayor de lo que actualmente lo hacen (se calcula que se denuncian tan solo en torno al 8 por ciento de los delitos contra la libertad sexual). Con las denuncias se podrá combatir la impunidad y lograr con ello que disminuya la violencia sexual.
Formación adecuada y conveniente
También hace falta impulsar la formación con enfoque de género a los agentes (policía, personal sanitario, forenses y personal de la administración de justicia) que podrían estar en contacto con la víctima de violencia sexual, para hacer frente a estereotipos y prejuicios que pudieran perjudicar a la mujer si decide iniciar una demanda judicial.
E igualmente es necesario impulsar campañas a nivel estatal y autonómico de sensibilización para el conjunto de la sociedad basadas en la libertad sexual y seguridad de las mujeres, y de información clara para que éstas sepan qué pueden hacer en caso de sufrir una agresión sexual.
Los centros de crisis no son la solución al problema, pero sí una parte fundamental para lograr abordarlo. Las víctimas de violencia sexual necesitan centros de atención de emergencia. La sociedad también, pues solo una sociedad libre de violencia sexual puede ser una sociedad verdaderamente libre.
