La Ley Mordaza se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos. El 1 de julio se cumplirán nueve años de la entrada en vigor de las Leyes Mordaza. Estamos comprometidas a que no cumplan ni uno más.
Desde los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil volvemos a movilizarnos para denunciar la criminalización de la protesta que vienen causando las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal de 2015, conocidas como Leyes Mordaza.
El intento fracasado de reformar la Ley en la anterior legislatura, no puede impedir que tenga lugar en la actual e incorporando las peticiones que llevamos años presentando desde la sociedad civil. Teniendo en cuenta la promesa recogida en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar de octubre de 2023, reclamamos que este sea el último año de Ley Mordaza.
En el caso de que no se culmine la reforma de la Ley Mordaza incorporando las peticiones desde la sociedad civil, se mantendrán las amenazas al derecho de protesta de los movimientos sociales, los medios de comunicación seguirán viendo mermada su libertad de información, y se perpetuará la discriminación y la indefensión de colectivos como migrantes, personas refugiadas, trabajadoras sexuales, víctimas de trata o personas sin hogar.
Por supuesto que no nos vamos a quedar calladas y nos vamos a movilizar. Por ello estamos impulsando movilizaciones para el 22 de junio en todo el Estado español. Poco después se llegará a un acuerdo y vamos a empujar para que el resultado de la reforma sea una nueva ley que garantice el ejercicio de nuestros derechos y libertades. El reto es enorme, pero estamos convencidas de que si nos unimos, ¡podemos lograrlo!
Tenemos muchos motivos para salir a la calle a exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertades.
