Human Rights Campaign, la mayor organización de Estados Unidos de defensa de los derechos LGBTI ha declarado el estado de emergencia en el país ante el aumento sin precedentes de legislaciones aprobadas por distintos estados contra las personas LGBTI. Más de 525 proyectos de ley anti-LGBTI presentados, 70 convertidos en leyes y 220 dirigidos contra las personas trans. ¿El objetivo? Volver a meter al colectivo LGBTI en el armario. ¿Qué está pasando?
Desde comienzos del año 2023, en Estados Unidos estamos viendo un proceso de violencia legislativa y de retroceso de derechos humanos de las personas LGTBI sin parangón. En los últimos seis meses, se han registrado un total de 532 leyes que limitan abiertamente diferentes facetas de los derechos de nuestra comunidad.
Un simpatizante de la comunidad LGBTQI+ se unió a la protesta Don't Drag Us Down que se celebró en Carolina del Sur, EE.UU., el 5 de mayo de 2023. © REUTERS/Sam Wolfe
Leyes contra la comunidad LGBTI en Estados Unidos
Ya hubo mucho revuelo en 2022 cuando el gobernador de Florida aprobó la ley Don’t Say Gay Bill, cuyo contenido se amplió en abril de este año. Esta ley prohíbe enseñar cualquier contenido educativo relacionado con la orientación sexual o la identidad de género a estudiantes de entre 3 a 17 años e impone que el currículo educativo defina necesariamente el sexo como “determinado por la biología y las funciones reproductivas” y el género como “binario, estable y fijo”.
También, y de una forma muy similar al veto parental propuesto en España, permite a los padres y madres impedir que sus hijos/as reciban contenidos educativos contrarios a sus convicciones morales y les faculta para exigir judicialmente la retirada de materiales educativos que consideren que violan esta ley.
Siguiendo esta estela, los grupos antiderechos estadounidenses han ampliado las áreas en las que atacar a nuestra comunidad. Aquí os dejamos algunos ejemplos que, hasta ahora, eran realmente inimaginables.
La policía divide a padres/madres y contramanifestantes mientras se enfrentan frente a una escuela de primaria en el Día del Orgullo LGBTI en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 2 de junio de 2023. © REUTERS/David Swanson
Por un lado, los estados están discutiendo medidas que buscan aniquilar los derechos de las personas trans, prohibiendo y criminalizando el acceso a tratamientos afirmativos del género, su participación en las categorías deportivas correspondientes con su género sentido o el uso de baños públicos de su identidad de género. No sólo eso, sino que también se han propuesto normas que hacen equivaler el género registral al “sexo biológico”, que imponen a los centros educativos el deber de dirigirse a sus alumnos/as por su “sexo biológico”; y que incluso les obligan a notificar a sus progenitores si “tienen sospechas” de que su hijo o hija es LGTBI.
Una de estas leyes, la Kentucky Senate Bill 150, aprobada en abril de 2023, obliga a las escuelas a notificar a los padres y madres cuando reciban alguna información relativa a la orientación sexual o identidad de género de sus hijos/as; e incluye expresamente la abstinencia y las relaciones heterosexuales monógamas como las únicas técnicas de salud sexual que se pueden enseñar en los colegios. ¡Esperad, esperad, que va más allá! Prohíbe que los colegios respeten los pronombres de su alumnado y que las personas trans usen baños y espacios segregados distintos a los de su “sexo biológico”.
En el ámbito de la salud, esta ley obliga a todos los profesionales de la salud a denegar el acceso a tratamientos afirmativos del género a cualquier menor que se lo solicite y, además, impone el deber de que se les pauten –a quienes ya estuvieran en tratamiento– medicamentos para que detransicionen forzadamente.
Un grupo de manifestantes sostienen pancartas en el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el 31 de marzo de 2023. © REUTERS/Rebecca Noble
Sin embargo, al lado de la Michigan House Bill 4257, estas prohibiciones en el ámbito sanitario se quedan en peccata minuta. Esta norma, actualmente en tramitación avanzada, tipifica penalmente como “abuso infantil” cualquier conducta consistente en consentir o facilitar tratamientos afirmativos del género a un menor, sancionando tanto a los padres/madres como al personal sanitario que lo paute con cadena perpetua.
Similarmente, la Arkansas Senate Bill 270, aprobada el 11 de abril, también recurre al Código Penal para castigar la diversidad de género. En este caso, convierte en responsables de un delito de “indecencia sexual” –con 30 días de cárcel– a las personas que entren en un vestuario público o en un baño del género opuesto al suyo mientras haya algún menor dentro de este.
Por otro lado, otras normas también plantean limitaciones más amplias y que afectan a los derechos de todo el colectivo LGTBI, restringiéndolos. Así, se proponen gravísimos obstáculos al derecho a la educación –como las leyes Don’t Say Gay, que prohíben hacer referencia a la diversidad sexual y de género en las escuelas–, a la libertad de expresión –prohibiendo la realización de espectáculos drag–, a la libertad de asociación –prohibiendo el registro y la apertura de locales con temática LGTBI– o al derecho a acceder a cualquier servicio –reconociendo el derecho de objeción de conciencia para negarse a atender a personas LGTBI en cualquier ámbito–.
Un ejemplo es la Tennessee Senate Bill 3, aprobada el 2 de marzo, que criminaliza con hasta seis años de cárcel la participación u organización de “espectáculos de cabaret para personas adultas” –definidos como eventos donde haya imitadores del género masculino o femenino– en cualquier espacio cerrado en el que pueda entrar un menor.
Yendo más allá, la West Virginia House Bill 2919, que se haya bajo análisis de la Comisión de Justicia del Congreso estatal, prohíbe la apertura de negocios enfocados en la orientación sexual con 10.000 euros de multa y un año de prisión, así como de comercios y establecimientos cuya principal finalidad sea realizar actividades entre personas del mismo género, cuando al menos una de ellas esté desnuda o semidesnuda.
Simpatizantes de la comunidad LGBTQI+ se unieron a la protesta Don't Drag Us Down que se celebró en Carolina del Sur, EE.UU., el 5 de mayo de 2023. © REUTERS/Sam Wolfe
Finalmente, y como os comentábamos al principio, algunos estados se están aprovechando de la objeción de conciencia para impedir que las personas LGTBI accedamos a servicios, pudiendo, en algunos casos, llegar a costarnos la vida. Así, la recién aprobada Florida Senate Bill 1580 –apodada ‘Let Them Die Bill’– reconoce el derecho a cualquier profesional sanitario a denegar el trato a pacientes o el acceso a cualquier servicio sanitario sobre la base de sus creencias ideológicas.
Aun así, no todo son malas noticias. El pasado martes 20 de junio, el magistrado del Eastern District Court of Arkansas se pronunció por primera vez sobre una de estas normas –la House Bill 1570 de Arkansas–, que prohibía los tratamientos afirmativos del género. En su sentencia, el juez declaró inconstitucional la ley afirmando que “la norma discrimina a las personas trans, viola el derecho a la libertad de expresión y opinión de los médicos e ignora el hecho científico de que estos tratamientos son buenos para la salud de las personas trans”.
