En un intento de huir del monopolio informativo de la pandemia, los telediarios informaron hace unos días sobre las iniciativas legislativas en curso en el Congreso de los Diputados al iniciar el otoño... olvidando la Ley de Secretos Oficiales.
Los titulares enumeraron una serie de reformas (el Código Penal y la Ley Integral contra la Violencia de Género, entre otras) y me llamó la atención un silencio: la reforma de Ley sobre Secretos Oficiales (LSO) de 1968, que fue registrada en el Congreso a finales de 2019.
Este silencio me hizo pensar en los peligros de olvidar que tenemos derecho a saber. ¿Cómo una ley del periodo de la dictadura, como la actual LSO, cuya reforma está pendiente desde hace más de 40 años, se ha ido sumergiendo sutilmente hasta las profundidades del olvido? La amnesia es una dolencia grave para un Estado social y democrático de derecho y, especialmente, cuando afecta a informaciones del pasado, del presente y de un hipotético futuro que están relacionadas con el respeto y protección de nuestros derechos humanos.
Los “secretos oficiales” son un tema clave de derechos humanos. Convertir información pública en “secreto” o “material reservado” significa restringir el derecho de acceso a la información; un derecho que es parte del derecho humano a la libertad de expresión y opinión, como establece el art. 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como ha recordado el Comité de Derechos Humanos en su Observación General N°34 de 2011, los Estados pueden restringir el derecho de acceso a la información, pero siempre por razones muy limitadas y específicas (como la protección de la seguridad nacional, entre otras), y en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En otras palabras, ante cada potencial decisión de clasificar información e impedir su divulgación total y/o parcial, es el Estado quien tiene que demostrar el cumplimiento de este “triple test”.
“Los 'secretos oficiales' son un tema clave de derechos humanos. Convertir información pública en “secreto” o “material reservado” significa restringir el derecho de acceso a la información”
En España, sin embargo, la vigente ley de secretos oficiales no establece un procedimiento claro para clasificar y desclasificar información pública: ignora el test de proporcionalidad y necesidad; no contempla plazos de clasificación a diferencia de la mayoría de países del mundo, permitiendo que los secretos sean eternos; y justifica enunciados genéricos y ambiguos que encubren la mala práctica, reiterada durante décadas, de los Gobiernos de la democracia. Prueba de ello son, por ejemplo, el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de marzo de 1987, que convierte en secretas todas las actas de la junta interministerial encargada de aprobar las exportaciones de armas; y el posterior Acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2010, que autoriza la clasificación de 14 áreas completas de la política exterior española, prácticamente su totalidad.
Desde Amnistía Internacional intentamos averiguar el contenido de la carga del carguero saudí sin exito debido a tratarse de información secreta. Nos preocupaba que fueran armas que se pudieran usar contra la población civil en Yemen. © REUTERS / Vincent. © REUTERS / Vincent.
La Ley de Secretos Oficiales y derechos humanos
La actual LSO ha sido, además, un obstáculo para avanzar en la investigación de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación, así como a obtener garantías de no repetición. El Estado podría haber contribuido a esclarecer estas violaciones de derechos humanos con información que, hoy por hoy, permanece oculta. Algunos ejemplos: el franquismo, la lucha contra el terrorismo o las violaciones del derecho internacional humanitario en el actual conflicto armado en Yemen. No hay que olvidar que España ha realizado preocupantes operaciones de venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos que lideran la coalición internacional contra Yemen desde 2015.
Por todo ello, el actual proceso de reforma de la LSO, abierto en el Congreso de los Diputados a iniciativa del Partido Nacionalista Vasco (PNV), es una valiosa oportunidad para salir de la amnesia; de ese profundo olvido en el que silenciosamente ha habitado esta ley desde la transición democrática española. Es importante dar publicidad a su proceso legislativo, informarse sobre su evolución y vigilar que la nueva ley cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por España.
Tras más de cuarenta años de democracia, se abre una gran oportunidad para dejar de olvidar que tenemos derecho a saber sobre el pasado, el presente y el futuro. En contra de las falsas dicotomías, el respeto y la protección de los derechos humanos es y será una condición necesaria para la seguridad nacional del Estado. La oportunidad está ahora al alcance de los grupos parlamentarios: legislar secretos transparentes y bien sujetos a la ley.
