No hay salud sin salud mental. Los trastornos mentales afectan a personas de todas las edades, género, niveles socioeconómicos y lugares del planeta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su día a día, y se calcula que 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Sin embargo, hablar de ello o contar con ayuda profesional sigue siendo un tabú.
La COVID-19 ha visibilizado y ha puesto sobre la mesa algo que varios colectivos llevan reclamando durante años: la importancia de la salud mental. Con la pandemia han aumentado cuadros clínicos como la ansiedad y la depresión. La salud mental es un derecho humano fundamental e invertir en su cuidado y promoción es básico para el buen funcionamiento de la sociedad.
Una persona pide dinero con un cartel en una estación de metro de Nueva York. El alcalde Eric Adams anunció un nuevo plan de seguridad en el metro. Se trata de enviar más policías, profesionales de la salud mental y trabajadores y trabajadoras sociales al metro. © AP Photo/Seth Wenig
1. ¿Qué es la salud mental?
La OMS describe la salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.
Según la Confederación de Salud Mental de España, esto significa que el concepto de ‘salud mental’ está relacionado con la promoción del bienestar físico y psíquico, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y recuperación de las personas con problemas de salud mental.
2. ¿Qué se entiende por derecho a la salud mental?
La salud mental es un derecho humano que forma parte del derecho de todas las personas a una salud integral. No hay derecho a la salud si la salud mental no está cubierta. Supone garantizar a la población una atención adecuada en este campo.
El derecho a la salud mental se encuentra comprometido, en muchos casos, por la escasez de personal especializado contratado. Es el caso de España donde faltan psicólogos y psicólogas en la atención primaria, que es la principal puerta de entrada de las personas con problemas mentales.
3. ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud mental?
En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución “Salud mental y derechos humanos” donde reafirmaba el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Esta resolución pone de relieve que la salud mental es una parte esencial de ese derecho.
Los Estados son los que deben garantizar este derecho a la salud mental a la población a través de programas de promoción y prevención de la salud mental, invirtiendo en ellos y dedicando los recursos necesarios.
Sin embargo, la inversión sanitaria por los Estados es ínfima, lo que hace que este derecho se vea desprotegido.
Un grupo de estudiantes se sientan separados por divisores de plástico durante el almuerzo en la Escuela Secundaria del Condado de Wyandotte en Kansas City. © AP Photo/Charlie Riedel
4. ¿Es la salud mental una de las esferas más desatendidas de la salud?
Los datos hablan por sí solos. La OMS prevé que en 2030 la salud mental sea la primera causa de enfermedad en el mundo y ya en 2020 denunció que los países solamente destinan el 2% en promedio de sus presupuestos sanitarios a atenderla. Un porcentaje insuficiente.
En España hay una media de seis profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que la media de la Unión Europea, y solo el 60% de los hospitales públicos cuenta con atención psicológica. Unos datos que muestran que los países no están invirtiendo en los recursos suficientes para que la población reciba una atención en salud mental responsable y adecuada. Sobre todo si tenemos en cuenta que el 6,7% de la población española padece ansiedad, y el mismo porcentaje, depresión. Según la Confederación de Salud Mental de España, más de la mitad de las personas que padecen un trastorno mental no reciben el tratamiento adecuado o ni siquiera son atendidas. En cuanto a la gente joven, el Barómetro Juvenil 2021 indica que el 15,9% de los chicos y chicas jóvenes han sufrido algún tipo de problema de salud mental con mucha frecuencia, habiendo sido diagnosticado el 36,2% de ellos con depresión o ansiedad.
5. ¿Qué valor añaden los derechos humanos a la salud pública?
Los derechos humanos ponen de relieve lo importante que es proteger y garantizar el derecho a la salud de las personas en todo el mundo y facilitan el marco normativo para ello. Los derechos humanos proporcionan criterios para evaluar las políticas y los programas sanitarios existentes. También ofrecen una base sólida para que los sistemas de salud den prioridad a las necesidades sanitarias de los grupos de población más vulnerables.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”.
Es necesario proteger y garantizar el derecho a la salud de las personas en todo el mundo. © Cottonbro en Pexels
6. ¿Cómo afectó la pandemia a la salud mental de las personas?
Estudios de varios organismos señalan que la COVID-19 agravó enfermedades mentales preexistentes -como alzhéimer, esquizofrenia, trastorno bipolar o trastornos de ansiedad y depresivos-, al mismo tiempo que generó problemas de salud mental. Las situaciones derivadas de dos años de pandemia, marcados por el miedo, la incertidumbre, la muerte, el no poder despedir a familiares, la falta de contacto social y las consecuencias económicas impactaron gravemente en nuestro bienestar emocional.
Un estudio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) señala que, durante el confinamiento, un 65% de la población española manifestó síntomas de ansiedad y cuadros depresivos. La encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2021 refleja que un 41,9% de las personas encuestadas tuvo problemas de sueño, un 51,9% reconoció sentirse cansado o con pocas energías y el 23,4% haber sentido mucho o bastante miedo a morir debido a la COVID-19.
Las consultas profesionales de psicología por problemas de salud mental se duplicaron respecto a 2019 y el consumo de ansiolíticos, sedantes e hipnóticos subió entre noviembre de 2020 al mismo mes de 2021 entre un 4 y un 6% según datos del Ministerio de Sanidad. Con una media de 110 personas por cada 1000 consumiendo al menos una dosis al día, España lidera la clasificación mundial de consumo de benzodiazepinas, el fármaco más utilizado contra la ansiedad.
La OMS ha señalado que los niveles de ansiedad y estrés en Europa han aumentado, y alrededor de un tercio de las personas adultas sufre niveles de angustia. Los grupos más vulnerables a sufrir consecuencias en su salud mental son las personas enfermas de COVID-19, aquellas que tienen riesgo más alto (enfermedades crónicas, personas mayores, etc), las personas con diagnósticos previos en salud mental, las personas con situación socioeconómica más desfavorable, el personal sociosanitario, las mujeres -que han tenido que asumir además la carga de los cuidados-, y los niños, niñas y jóvenes, pues la pandemia ha roto sus espacios de socialización y crecimiento. Si no se presta especial atención a la salud mental de estos colectivos, puede desembocar en enfermedades mentales futuras.
Según la OCDE, la prevalencia de ansiedad y depresión entre los 18 y 24 años “fue desproporcionada especialmente entre finales de 2020 y principios de 2021”. Save the Children puso también sobre la mesa esta realidad: la pandemia triplicó el número de trastornos mentales entre niños, niñas y adolescentes. Un 3% tuvo pensamientos suicidas.
Muchas mujeres están fuera del acceso a tratamiento para los problemas de salud mental. © AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi
Olvidadas en el tratamiento de problemas de salud mental están también las mujeres víctimas de trata, migrantes, menores víctimas de acoso escolar, personas con discapacidad e internos de prisiones. Estos colectivos pueden sufrir a menudo enfermedades mentales que necesitan un tratamiento urgente.
Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha denunciado la deficiencia en la recogida de datos sobre salud mental en relación a la violencia de género. Así, sobre violencia sexual no existen datos oficiales disponibles de cuántas mujeres han necesitado apoyo psicológico o cuántas lo han recibido. Por otra parte, Amnistía Internacional recuerda que actualmente no hay ningún recurso especializado de salud mental para las mujeres víctimas de trata de seres humanos.
7. ¿Y cómo afectó la pandemia a la salud mental del personal sanitario?
Los profesionales sanitarios y sociales, tanto por el mayor riesgo que tienen de enfermar como por la tensión de atender a personas enfermas durante muchos meses, fueron uno de los colectivos que más sufrió las consecuencias de la pandemia y que, por tanto, necesitó con mayor urgencia acceder a tratamientos de salud mental.
La sobrecarga asistencial, las condiciones de trabajo y la sensación de no abarcar todas las necesidades de salud de los y las pacientes, junto a la percepción del creciente riesgo a cometer errores, provocaron un deterioro de la salud mental de las y los sanitarios y un elevado desgaste profesional.
El proyecto Mindcovid, con datos de más de 9.000 personas sanitarias de 18 hospitales, reveló cómo el 45,7% de los profesionales estaba en riesgo alto de sufrir algún tipo de trastorno mental después de trabajar en la primera ola. Depresión, ataques de pánico, ansiedad y estrés postraumático fueron los trastornos de salud mental más frecuentes. En la primera ola un 8,4% del personal sanitario tuvo pensamientos suicidas frente al 4,5% del resto de la población.
Las mujeres sanitarias se vieron especialmente afectadas por los problemas mentales. A su sobrecarga asistencial se sumó el trabajo de cuidados en el espacio doméstico, haciéndolas alcanzar niveles adicionales de estrés y sufrimiento. Una encuesta realizada por la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) a 1.025 enfermeras durante la pandemia reveló que el 94% estaban preocupadas por su bienestar, el 64,7% por su salud física y el 75,8% por su salud mental. Más del 90% de las enfermeras participantes dijeron tener ansiedad y angustia, y más del 85%, estrés.
Las mujeres sanitarias se han visto especialmente afectadas durante la pandemia. © Liza Summer en Pexels
8. ¿Cuáles fueron los efectos de la COVID-19 en los servicios de salud mental?
La OMS alertó de que la pandemia había perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales en el 93% de los países del mundo, en un momento en el que, al mismo tiempo, aumentaba la demanda de atención de salud mental.
En España, la ruptura del vínculo médico-paciente puso en riesgo el acceso de las personas con problemas de salud mental a una atención adecuada. Además, el colapso de la atención primaria cerró la puerta a pacientes con casos inicialmente leves de ansiedad, estrés, somatización o insomnio, que terminaron agravándose.
Este colapso generó largas listas de espera de hasta dos meses para conseguir una primera cita en los servicios de salud mental públicos en algunas comunidades autónomas.
9. ¿Acude la gente a profesionales de la salud mental?
Acudir a terapia psicológica sigue estando rodeado de tabúes. En muchas ocasiones es un paso difícil de dar para personas con trastornos, y cuando alguien se decide a tener una atención psicológica, se encuentra con varias barreras. Entre ellas, las ya mencionadas largas listas de espera en la sanidad pública y la falta de personal especializado contratado. A ello hay que sumar el tiempo que pasa entre una visita a otra, que puede llegar a los tres meses. Un tiempo inviable para disponer de la frecuencia recomendada, entre 7 y 15 días.
Por otro lado, la opción de acudir a terapia privada, también con listas de espera, no está al alcance de toda la población a nivel económico. La salud mental se convierte así en un lujo en lugar de un derecho.
Joe Papa, director de eventos de la Alianza de Times Square, se prepara para quemar un cartel en el que se lee "El trabajo a distancia y la salud mental". © AP Photo/Corey Sipkin
10. ¿Cómo se debería reforzar la sanidad pública para atender correctamente a los y las pacientes?
- Es necesario que los gobiernos prioricen la inversión en la atención a la salud mental.
- Es urgente reforzar la atención primaria con un plan específico que evalúe las necesidades, aumente recursos y plantillas, y reduzca las listas de espera.
- Es esencial incrementar el número de psicólogos/as en los centros de atención para mejorar la atención de salud mental, y poder descargar así también la presión asistencial que sufre la atención primaria y acercarnos a la ratio de psicólogos/as de la UE.
- Se debe adoptar y poner en marcha un plan de recuperación por Síndrome de Burnout y de Estrés Postraumático (TEPT) del colectivo sanitario, que integre una perspectiva de género.
- Urgen también recursos públicos para atender los problemas de salud mental de la infancia y la adolescencia, especialmente la más vulnerable.
- La nueva Estrategia de Salud Mental es un paso hacia la protección del derecho a la salud mental, pero quedan aspectos por mejorar. Es necesario contar con un plan de acceso a colectivos como las víctimas de violencia de género y trata, personas migrantes, víctimas de acoso escolar e internos de prisiones.
