Amnistía Internacional alerta de que, a pesar de los importantes avances frente a la violencia de género en el ámbito de las parejas y exparejas, otras manifestaciones de violencia contra las mujeres permanecen desatendidas. Es el caso de la violencia sexual, que es una de las más generalizadas, invisibles e impunes, como constató AI en su informe de 2018 “Ya es hora de que me creas”.
El cien por cien de las mujeres no volvería a denunciar [a su agresor sexual], incluso con condena… ¿Por qué van a querer pasar por este infierno?”. Estas palabras de una abogada penalista sobre el trato a las víctimas durante el proceso judicial resumen bien las asignaturas pendientes en la lucha contra la violencia sexual, una forma de violencia por razón de género que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, que vulnera sus derechos humanos y cuyas secuelas físicas y psicológicas pueden persistir de por vida.
Los testimonios de las propias víctimas y de sus familiares tampoco dejan lugar a dudas. “El tono del fiscal era correcto, pero yo sentía que me cuestionaba, parecía que yo era la culpable. (…) El juicio fue un esperpento, fue una violación otra vez...”, se lamenta Clara. “Te machacan judicialmente, el sistema no te protege y utiliza tu pasado para desacreditarte. Yo creo que me trataron como a un perro, pero los perros tienen más derechos”, protesta Mónica, madre de una adolescente acosada sexualmente que murió por suicidio.
Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 realizada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 13,7% de las mujeres de 16 o más años residentes en España (más de 2,8 millones) ha sufrido violencia sexual de cualquier persona a lo largo de su vida; en los últimos 12 meses, el 1,8% (359.095).
Violencia sexual fuera de la pareja o expareja
Manifestación frente al Tribunal Supremo tras la sentencia de La Manada, Madrid, el 21 de junio de 2019. © REUTERS / Susana Vera TPX IMÁGENES DEL DÍA
La Macroencuesta ofrece por primera vez un amplio retrato de la violencia sexual fuera de la pareja o expareja, que ha alcanzado en algún momento de su vida al 6,5% de la población femenina de 16 o más años y al 0,5% en el último año. Un 3,4% fue víctima en su infancia, antes de cumplir 15 años. Un 2% ha sido violada alguna vez en su vida, y el 74,6% de ellas ha sufrido además otras violencias sexuales.
En este ámbito de violencia sexual fuera de la pareja, la autoría es prácticamente siempre masculina: en el 99,6% de los casos el agresor fue un hombre. Y los perfiles que señalan las víctimas incluyen a familiares varones (21,6%), amigos o conocidos (49,0%) y hombres desconocidos (39,1%). A falta de ese dato en la Macroencuesta 2019, todo indica que el porcentaje de desconocidos es menor en el caso de las violaciones, que la investigación de 2015 situaba en el 18,8%.
Los resultados incluyen todo tipo de agresiones sexuales, desde una violación a un tocamiento, cuya autoría puede abarcar varios de esos perfiles. De hecho, la mitad de las víctimas (49,6%) ha sufrido violencia sexual más de una vez (el 41% de ellas al menos una vez al mes), mientras la otra mitad (50,4%) la sufrió en una sola ocasión. Por otra parte, un 12,4% señaló que en alguna de las agresiones sexuales sufridas había participado más de una persona.
Una manifestante gesticula mientras grita durante una protesta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Madrid, el 8 de marzo de 2020. © REUTERS / Susana Vera
El 44,2% de las víctimas sitúa la agresión en una casa (18,5% la propia, 20,1% la del agresor, 9,7% la de otra persona), el 17,8% en bares o discotecas y el 32% en zonas abiertas como calles o parques. En el caso concreto de las violaciones, el escenario de las viviendas se eleva al 59,1%.
En cuanto a las denuncias por violencia sexual fuera de la pareja, apenas el 8% de las víctimas ha acudido a la Policía, la Guardia Civil o el Juzgado, un porcentaje que llega al 11,1% al sumar las denuncias interpuestas por otra persona o institución.
Entre los motivos para no hacerlo, las mujeres apuntaron que “era menor, era una niña” (35,4%), que no concedieron importancia a lo sucedido (30,5%), que sintieron vergüenza (25,9%), que sucedió “en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas” (22,1%) y que temían no ser creídas (20,8%). Entre las víctimas de violación, los principales motivos fueron la vergüenza (40,3%), la condición de menor (40,2%), el temor a no ser creída (36,5%) y el miedo al agresor (23,5%).
También fueron pocas las que buscaron ayuda psicológica (10,2%) y ayuda médica (6,5%), aunque los porcentajes se duplicaron (21,8% y 14,4%) entre las víctimas de violación.
Sexo sin consentimiento es violación
Manifestación contra la liberación bajo fianza de los componentes de La Manada, Madrid, 22 de junio de 2018. © REUTERS / Susana Vera
En realidad, ese amplio retrato de la violencia sexual fuera de la pareja o expareja confirma los problemas de fondo que Amnistía Internacional denunció ya en su informe de hace dos años, empezando por los diferentes abordajes asistenciales en las comunidades autónomas y acabando por los distintos grados de maltrato institucional. Y también confirma la urgente necesidad de afrontar numerosas asignaturas pendientes señaladas por Amnistía: creación de centros de crisis multidisciplinares, teléfonos permanentes de atención especializada, campañas de información y prevención dirigidas tanto a víctimas como a ciudadanía, formación con enfoque de género a profesionales, reforma del Código Penal centrada en el consentimiento libre y expreso de la mujer y, como soporte y referencia de esas y otras medidas de futuro, una Ley Integral contra la Violencia Sexual.
La reforma del Código Penal es imprescindible y urgente porque las leyes orientan las actitudes y conductas de la gente, y por eso la revisión de los delitos “contra la libertad e indemnidad sexual” debería centrarse en la protección de la autonomía sexual y el consentimiento de la mujer. Así lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos y el Convenio de Estambul, que España ratificó el mismo año de su entrada en vigor en 2014 y que sitúa la ausencia de consentimiento en la base de cualquier definición legal de violación y otras formas de violencia sexual.
La actual regulación penal española de los delitos de agresión y abuso sexual es muy cuestionada en ámbitos feministas, jurídicos y políticos. Y mucho más tras la conocida como sentencia de ‘La Manada’ (000038/2018) en la Audiencia Provincial de Navarra, que consideraba solamente abuso sexual la violencia de cinco hombres contra una joven en los sanfermines de Pamplona de 2016.
En el vigente Código Penal, la violación como delito de agresión sexual requiere violencia o intimidación, y sin uno de esos dos elementos se considera abuso sexual, un delito con penas inferiores. El Tribunal Supremo acabaría rectificando la sentencia inicial al considerar que hubo violación y elevó de 9 a 15 años la pena de prisión.
Una mujer reacciona durante la manifestación de protesta contra la violencia hacia las mujeres en la Plaza del Sol en Madrid, 20 de septiembre de 2019. © REUTERS / Juan Medina
Amnistía Internacional recalca que la reforma penal debe dejar claro que el sexo sin consentimiento constituye violación y que el único responsable de esa agresión sexual es quien la comete.
Dos cuestiones básicas que todavía no han sido plenamente asumidas ni en la sociedad ni en los tribunales por el arraigo de inquietantes mitos, ideas preconcebidas y estereotipos de género relacionados con el acoso sexual en el trabajo, la forma de vestir ‘provocativa’ o el alcohol como ‘disculpa’ agresora. Así lo reflejó hace dos años el estudio sobre “Percepción social de la violencia sexual” realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y así lo constatan otros estudios en la Unión Europea, donde más del 25% cree que las relaciones sexuales sin consentimiento podrían estar justificadas en ciertas circunstancias (si la víctima está borracha o drogada, si va voluntariamente a casa con alguien, si lleva ropa sugerente, si no dice claramente que no, si no se resiste físicamente) y más del 20% piensa que las mujeres a menudo inventan o exageran las denuncias de abusos o violación.
El consentimiento sexual, subraya Amnistía Internacional, debe ser una elección voluntaria y libre para todas las partes implicadas, y la clave está en la comunicación entre ambas para asegurarse de que todos sus actos sexuales se hagan con consentimiento mutuo. Guardar silencio o no decir “no” expresamente, no es lo mismo que dar el consentimiento. Y tampoco puede darlo una persona que está dormida o inconsciente.
En ese contexto, el escenario europeo aún deja mucho que desear, porque apenas 9 de 31 países analizados por Amnistía tienen leyes que definen la violación en base a la ausencia de consentimiento. Según una encuesta en la UE, 1 de cada 20 mujeres de 15 años o más ha sido violada, y 1 de cada 10 ha sufrido algún tipo de violencia sexual.
Insuficiente asistencia especializada
Activistas de Amnistía Internacional denuncian los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violencia sexual. © AI
La insuficiencia de recursos especializados es abrumadora en el capítulo de centros de crisis de atención permanente e integral. Ese tipo de centros -inspirados en los “rape crisis centers” que se abrieron en los años 70 en Estados Unidos y se han ido extendiendo sobre todo por Reino Unido, Canadá y Australia- están disponibles las 24 horas y los 365 días del año para ofrecer no sólo atención de emergencia, sino también una intervención a corto, medio y largo plazo según las demandas posteriores de las mujeres.
Para poder ofrecer esa asistencia cercana y personalizada desde el primer momento, lo forman equipos multidisciplinares de psicología, sanidad, trabajo social, asesoría jurídica y mediación cultural, y su tarea se centra en intervenir psicosocialmente con víctimas y familiares, acompañarlas en su proceso de obtención de justicia o reparación integral y combatir la violencia sexual desde la sensibilización y la incidencia política.
Solo una comunidad autónoma (Principado de Asturias) y un Ayuntamiento (Madrid) cuentan ya con un centro de crisis que atiende de manera integral a las mujeres víctimas de violencia sexual las 24 horas del día, todos los días de la semana, tal y como recomienda el Consejo de Europa.
A otro nivel, siete comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla León, Comunidad Valenciana, y Murcia) ofrecen asistencia integral para víctimas de violencia de género y violencia sexual en su mayoría 24 horas al día. Otras como Castilla La Mancha cuentan con un programa de atención psicológica para mujeres víctimas de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja; o en Cataluña se han creado una unidad contra las agresiones sexuales, y se han puesto en marcha protocolos de prevención de abusos sexual en educación en tiempo libre y en el transporte público.
Amnistía Internacional reconoce algunos progresos en la lucha contra la violencia sexual, pero echa en falta que las comunidades autónomas desarrollen servicios o redes similares a las existentes para la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja.
Entre los avances parciales están los centros o servicios de atención especializada en violencia sexual en 10 comunidades autónomas, algunos a cargo de ONG -a veces desbordados y limitados por recortes presupuestarios-, y la mayoría en la capital provincial, lo que puede dificultar el acceso a mujeres de zonas rurales.
Una mujer grita un lema durante la huelga feminista celebrada el Día Internacional de la Mujer en Málaga, el 8 de marzo de 2018. © REUTERS / Jon Nazca
También existen protocolos de actuación en 11 comunidades, así como teléfonos de emergencia -específicos o ampliando las funciones del 016- en otras 11, aunque no todos atienden las 24 horas del día.
Lo que siguen faltando, insiste Amnistía, son campañas preventivas y tb informativas en caso de agresión: Se deben impulsar más campaña de sensibilización para el conjunto de la sociedad basadas en la libertad sexual y seguridad de las mujeres y de información clara para que éstas sepan qué pueden hacer en caso de sufrir una agresión sexual.
Un ejemplo más de las asignaturas pendientes en la lucha contra la violencia sexual, porque la tasa de denuncias es un indicador de si las mujeres creen en la eficacia del Estado para perseguirla.
