Por una curiosa casualidad de nuestra historia reciente, Amnistía Internacional España fue legalizada el mismo año en que vio la luz la Constitución española, en 1978.
Han transcurrido nada menos que cuarenta años, y nuestra organización hace ahora un alto en el camino para reflexionar sobre cuáles han sido los logros en derechos humanos a los que hemos contribuido en este periodo, y también cuáles son los retos que nos quedan por delante. Y uno de estos retos está nada menos que en nuestra Constitución.
Una cadena se suele romper por el eslabón más débil, y nuestra Constitución ha mostrado sus peores costuras tras la larga crisis económica que hemos sufrido en España, que ha acabado desembocando en una crisis de derechos humanos. Como ha acabado resultando evidente para casi todo el mundo, las políticas de austeridad de las últimas legislaturas han antepuesto las cuestiones económicas a las personas, mostrando poco o nulo respeto por los derechos humanos. Y nuestra Constitución no ha protegido a las miles de personas que se han llevado la peor parte de la crisis.
El rey Juan Carlos I durante la sanción regia de la Constitución. © GTRES/SFGP
Esto es porque nuestra Constitución, a través de su artículo 53, establece unos derechos “de primera” como el derecho a la vida o a la libertad, que pueden ser reclamados ante los tribunales, y unos derechos “de segunda”, como el derecho a la vivienda o la salud, que no tienen estas garantías. Y no es sólo una cuestión meramente teórica. Esta división ha resultado ser de lo más insidiosa y tiene un impacto enorme en la vida de las personas.
En España, por no poder pagar la hipoteca o el alquiler muchas personas han acabado en la calle sin que hayan podido defender su derecho a una vivienda adecuada ante un juez. Y esto ha afectado sobre todo a madres solteras y víctimas de violencia de género. En España se ha dado un paso atrás en cuanto a protección de derechos con la reforma sanitaria, que ha supuesto la retirada de tarjeta sanitaria a casi 750.000 personas. Y esto a pesar de que el derecho a la salud, al igual que el derecho a la vivienda, están reconocidos en nuestra Constitución, eso sí, como “derechos de segunda”.
Nuestra Constitución ha permitido que durante la crisis económica los derechos humanos de las personas hayan quedado literalmente a la intemperie, porque no ha resultado ser un buen instrumento para protegernos de determinadas violaciones de derechos humanos. Esto no debería ocurrir. La protección de los derechos humanos es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los Gobiernos, y al albur de las vicisitudes políticas.
Necesitamos urgentemente una Constitución que blinde los derechos humanos y los proteja de los vaivenes políticos. Nuestra Constitución necesita una reforma. Hay que reformar su artículo 53.
Por ello, en el cuarenta aniversario de Amnistía Internacional España y de la Constitución volvemos a pedir al Gobierno y a los partidos políticos que promuevan una reforma constitucional. Una reforma que garantice la máxima protección de los derechos humanos en línea con los estándares internacionales. Una reforma que, entre otras medidas, mejore las garantías de protección de los derechos económicos, sociales y culturales ,equiparándolas a las que tienen los derechos civiles y políticos. Una reforma para que nuestra Constitución supere la crisis de los 40.>
