Los derechos humanos en Turquía peligran tras el sangriento y fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio.
La reacción de las autoridades turcas ha sido rápida y brutal, desencadenando una represión de proporciones excepcionales que continúa tras la declaración del estado de excepción cinco días después. Estas son algunas de las cifras de la brutal campaña represiva tras el fallido golpe de Estado:
principales cifras
208
personas murieron y más de 1.400 resultaron heridas en el fallido intento de golpe de Estado en Estambul y Ankara, según fuentes del gobierno.
10K
personas han sido detenidas desde el intento de golpe.
45K
han sido suspendidas de empleo o despedidas, entre ellas policías, jueces y fiscales.
medios de comunicación
42
Órdenes de detención contra periodistas (a 25 de julio de 2016) y hay seis periodistas detenidos (a 26 de julio).
20
Sitios web de noticiAs fueron bloqueados en los días siguientes al intento de golpe de estado.
25
Licencias a medios de comunicación fueron revocadas. Además se cancelaron decenas de credenciales de prensa.
LOS TIEMPOS DE LA REPRESIÓN
48 HORAS:
El tiempo que, según informes, la policía turca
ha mantenido a las personas detenidas en posturas en tensión en Ankara y Estambul. Se ha negado a las personas detenidas comida, agua y tratamiento médico, y han sido objeto de insultos y amenazas. Algunas han sido sometidas a palizas brutales y a tortura, incluida la violación.
3 MESES:
El periodo inicial del
estado de excepción impuesto el 20 de julio, que confiere al primer ministro y a su gabinete la facultad de gobernar por decreto y eludir el Parlamento.
30 DÍAS:
El 23 de julio se amplió el plazo máximo de la detención preventiva sin cargos de cuatro a 30 días, en virtud del primer decreto promulgado bajo el estado de excepción.
ADEMÁS:
El artículo 15 de la Constitución turca establece que las autoridades no pueden “suspender” el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Incluso durante un estado de excepción, sólo se pueden derogar algunos derechos.
Cero observadores independientes de derechos humanos tienen acceso a centros de detención en Turquía tras la abolición en abril de 2016 de su institución nacional de derechos humanos.
