Amnistía Internacional denuncia un año más la falta de rendición de cuentas en torno a lo sucedido en El Tarajal, la ausencia de reparación para los familiares de las víctimas y la ilegalidad de las “devoluciones en caliente”.
El 6 de febrero del 2014, 15 personas perdieron la vida cuando intentaban alcanzar a nado las playas de Ceuta, al ser repelidas violentamente por integrantes de la guardia civil. Otras 23 personas fueron devueltas de forma colectiva y sumaria a Marruecos. Siete años después, la denominada “tragedia del Tarajal” sigue impune, sin haberse esclarecido judicialmente lo ocurrido y, lo que es más grave, sin que los familiares de las víctimas hayan obtenido verdad, justicia y reparación.
Desde entonces, año tras año, Amnistía Internacional ha venido exigiendo que esta tragedia no quede en el olvido y que haya una investigación judicial exhaustiva que esclarezca la responsabilidad de los 16 guardias civiles que, con botes de humo, armas de fogueo y pelotas de goma, impidieron la entrada a unas 90 personas,entre las que se encontraban las personas fallecidas. Viene, asimismo, exigiendo que se ponga fin a las “devoluciones en caliente”, contrarias a las normas internacionales de derechos humanos.
Manifestación para pedir justicia para los familiares de las víctimas de la "tragedia del Tarajal" que siguen sin obtener verdad, justicia y reparación. httpsflic.krp2is4EYG
Justicia para la "tragedia del Tarajal"
Muchos han sido los avatares de la investigación judicial impulsada, contra viento y marea, por los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Entre otras cuestiones han denunciado que no se haya identificado a cuatro de las víctimas, que no se tomase declaración a dos de los supervivientes o que no se practicase la autopsia de 10 de las personas fallecidas.
También exigían, infructuosamente, que se permitiese a los familiares de seis de las víctimas que se personaran en el proceso judicial. Tras varios archivos, recursos y reaperturas ordenadas por diversas instancias judiciales, en agosto de 2018 la Audiencia de Cádiz reabrió nuevamente el caso, considerando que no se había realizado el mínimo intento de escuchar a los supervivientes. Un mes después, el juzgado nº 6 de Ceuta procesaba a los 16 agentes de la guardia civil investigados, reconociendo que las fronteras no “se pueden entender ni remotamente” como “zonas de excepción en relación con los derechos humanos”.
Consideraba que los guardias civiles omitieron su obligación de auxiliar a las personas migrantes que se encontraban en peligro cuando intentaban llegar a nado a la playa del Tarajal. Sin embargo, a finales de octubre del 2019, la misma magistrada volvía a archivar el caso por tercera vez, aplicando la doctrina Botín debido a la ausencia de acusación particular y a pesar de se habían rechazado anteriormente dos intentos de los familiares de las víctimas de personarse en el proceso. Aunque en julio de 2020 la Audiencia de Cádiz desestimó los recursos contra ese archivo, la investigación sigue abierta al haberse presentado un recurso ante el Tribunal Supremo. Siete años después, las familias de las víctimas tendrán que seguir esperando a que se haga justicia.>
Amnistía Internacional continúa, asimismo, denunciando la ilegalidad de las devoluciones en caliente que, desde hace muchos años, se realizan en las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla. Considera que dichas expulsiones vulneran las normas internacionales de derechos humanos que prohíben las expulsiones colectivas y reconocen el derecho de toda persona a solicitar asilo o a no ser expulsada sin la debida protección ni garantías.
En la “tragedia del Tarajal” 23 personas fueron devueltas en caliente desde Ceuta a Marruecos. Poco después, se introducía en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana una disposición para modificar la ley de extranjería y blindar el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla. Dicha norma servía al juzgado de instrucción nº6 de Ceuta para archivar el caso de Tarajal. También permitía que hayan continuado las expulsiones sumarias de España a Marruecos.
“Siete años después, las familias de las víctimas tienen que seguir esperando a que se haga justicia.”
Hace un año, en febrero del 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalaba esas devoluciones en caliente. Cuestionaba así su anterior decisión de octubre de 2017, en la que consideró que esas expulsiones de carácter colectivo y sin un procedimiento con garantías, eran contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En octubre de 2020, el Tribunal Constitucional (TC) avalaba la figura del rechazo en frontera introducido en la Ley de Extranjería mediante una enmienda de la LOSC. Sin embargo, en su intención de ofrecer “garantías” en esta figura, nuevamente estableció una serie de requisitos que terminaban siendo contradictorios entre sí.>
A la vez que reconoce que estas personas están bajo la jurisdicción española y, por lo tanto, se les deben aplicar las garantías y salvaguardas previstas en la legislación, ampara que se prescinda de todo tipo de procedimiento que dé seguridad jurídica y protección a estas personas cuando son sorprendidas en el perímetro fronterizo. De nuevo otorga una gran discrecionalidad a los miembros de las fuerzas de seguridad. La falta de procedimiento hace imposible la detección de personas necesitadas de protección internacional y el control judicial de la actuación policial está, en realidad, vacío de contenido.
Todas las personas que acceden a territorio español, independientemente de por donde lo hagan, deben tener acceso a un procedimiento con todas las garantías, y especialmente a que se les facilite su derecho a buscar protección internacional. flic.kr/p/RFCg9w
Las expulsiones y la falta de derechos humanos
Para Amnistía Internacional, las decisiones del TEDH y el TC sientan un precedente muy negativo, La organización recuerda que las expulsiones sumarias y colectivas contravienen el derecho internacional de los derechos humanos y considera que debe garantizarse que todas las personas que acceden a territorio español, independientemente de por donde lo hagan, tienen acceso a un procedimiento con todas las garantías, y especialmente a que se les facilite su derecho a buscar protección internacional. Las denominadas devoluciones en caliente o rechazos en frontera deben prohibirse expresamente.
Por ello, pide a las autoridades españolas que termine con las devoluciones en caliente, derogue la disposición adicional de la Ley Mordaza que pretende darles cobertura legal y garantice los derechos de las personas migrantes en la frontera sur, ofrecerles la oportunidad de recibir un abogado, un intérprete o un médico y, en especial, su derecho a pedir asilo y obtener protección. Recuerda, asimismo, que no se puede priorizar el control migratorio por encima de la protección de los derechos humanos y que, en los últimos seis años, más de 20.000 personas han muerto en el Mediterráneo en la ruta más mortal del mundo.
