Años de conflicto armado han devastado el medioambiente de Yemen y contribuido a causar una de las peores crisis humanitarias del mundo. Los ataques a infraestructuras hidráulicas interrumpieron el acceso a agua potable de miles de personas, agravando un brote de cólera que se calcula que ha causado 4.000 muertes desde abril de 2017. Los combates también dañaron las infraestructuras agrícolas de Yemen, lo que ha contribuido a la inseguridad alimentaria de unos 16,2 millones de personas.
Los nocivos efectos del conflicto de Yemen en el medioambiente podrían empeorar. El petrolero Safer lleva más de cinco años abandonado en una terminal petrolífera del mar Rojo con más de un millón de barriles de crudo en su interior. La ONU ha advertido de que este barco cisterna corre peligro de sufrir derrames, explotar o incendiarse por falta de mantenimiento, aunque el grupo armado huzí, que controla la zona, ha aplazado repetidamente el acceso de un equipo de evaluación técnica de la ONU.
El uso de Agente Naranja durante la guerra de Vietnam y el incendio de campos de petróleo en la primera guerra del Golfo son dos de los ejemplos más atroces de la destrucción ambiental en un conflicto. Más recientemente, un decenio de disturbios y conflicto armado en Siria se ha cobrado un alto precio en el medioambiente. En Irak, el grupo armado autodenominado Estado Islámico cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad atacando deliberadamente el medio rural iraquí, incluidos los pozos de riego de pequeños agricultores sin recursos. En el este de Ucrania, una región altamente industrializada, el conflicto entre las fuerzas ucranianas y los grupos armados apoyados por Rusia ha puesto en peligro casi 250 centros industriales, incluidas pequeñas plantas metalúrgicas y químicas que entrañan graves riesgos para el medioambiente.
La necesidad de proteger mejor el entorno antes, durante y después de las situaciones de conflicto armado, incluidas situaciones de ocupación, es cada vez más evidente. Las recientes iniciativas de la Comisión de Derecho Internacional, órgano de la ONU formado por especialistas jurídicos que se encarga de promover el desarrollo progresivo de legislación nacional y su codificación, son un decisivo paso adelante.
Una panorámica de la refinería de petróleo Safer en Marib, Yemen, 30 de septiembre de 2020. © REUTERS/Ali Owidha
Establecer el marco jurídico
En 2019, la Comisión de Derecho Internacional presentó un proyecto de 28 principios para la protección del medioambiente en relación con los conflictos armados. Este borrador establece medidas para proteger el entorno durante el ciclo completo de un conflicto armado. Contiene disposiciones para prevenir y mitigar los daños ambientales (sobre todo antes del conflicto armado y en su transcurso, incluidas las situaciones de ocupación) así como medidas de reparación después del conflicto.
Las medidas de prevención incluyen, por ejemplo, designar las zonas de gran importancia ambiental y cultural como zonas protegidas y protegerlas de cualquier ataque, “siempre que no contengan un objetivo militar”.
Conflictos por recursos naturales
En este proyecto de principios también se aborda el papel de la explotación de los recursos naturales en el avivamiento de los conflictos armados, especialmente pertinente en los conflictos nacionales, que predominan en la actualidad. Esta atención se ha acogido con satisfacción, dado que el Programa de la ONU para el Medio Ambiente señaló en 2009 que el 40 por ciento de los conflictos internos ocurridos en los 60 años anteriores estaban relacionados con recursos naturales.
Una niña mira a través de las rejas desde su cama en el hospital al-Sabeen donde recibe tratamiento, Yemen, 14 de septiembre de 2019. © REUTERS/Khaled Abdullah
Este proyecto de principios reafirma la prohibición del pillaje de recursos naturales. Asimismo hace un llamamiento a los Estados para que adopten medidas enfocadas a garantizar que las empresas que actúan desde o dentro de sus territorios ejercen la diligencia debida respecto al medioambiente y son obligadas a rendir cuentas por los daños ambientales que causan en las zonas de conflicto.
El proyecto de principios incluye disposiciones relativas a situaciones de ocupación, reafirmando que las potencias ocupantes tienen el deber general de evitar daños a la población protegida, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y ejercer la diligencia debida para no causar daños fuera del territorio ocupado.
Adoptar medidas correctivas —incluidas evaluaciones ambientales después del conflicto—, reparar los daños al medioambiente e indemnizar a las personas y comunidades afectadas son pasos muy importantes como parte de los esfuerzos de reconstrucción y consolidación de la paz. Pero también son pasos fundamentales para hacer respetar los derechos económicos, sociales y culturales, porque los daños ambientales que causan los conflictos pueden limitar o interrumpir el acceso a suministros vitales (como alimentos y agua), trastocar los medios de vida que dependen del entorno o perjudicar la salud humana cuando el suelo, el aire y la tierra se contaminan con sustancias peligrosas. A menudo estos efectos perduran muchos años después de que hayan dejado de sonar las armas. No abordarlos agrava el sufrimiento humano y puede aumentar la inseguridad en entornos muy inestables.
Personas yazidíes en el Monte Sinjar, 21 de diciembre de 2014. © REUTERS/Ari Jalal
Es importante señalar que este proyecto de principios no crea nuevas obligaciones jurídicas. Lo que hace es aclarar las obligaciones internacionales existentes que se derivan de distintas ramas del derecho aplicable, como el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho ambiental internacional. Por ejemplo, la prohibición del pillaje y el deber de los Estados de reparar plenamente los daños ambientales son obligaciones ya existentes con arreglo al derecho internacional.
Otros principios del proyecto hacen recomendaciones a los Estados. Los relativos a las empresas, por ejemplo, reflejan este enfoque de asesoramiento. Recomiendan que los Estados adopten las medidas necesarias para garantizar que las empresas que operan en o desde sus territorios ejercen la diligencia debida respecto a la protección del medioambiente y son obligadas a rendir cuentas por los daños causados al actuar en una zona de conflicto armado.
Instalaciones de un generador de turbina de gas móvil que se encendió en Crimea, 22 de noviembre de 2015. © REUTERS/Pavel Rebrov
En el futuro
Los Estados y demás partes pueden formular comentarios para mejorar el proyecto de principios hasta junio de 2021 (los documentos de consulta de la Comisión de Derecho Internacional sobre este asunto están disponibles aquí). Posteriormente, la Comisión procederá a la segunda lectura de los principios antes de que se sometan a la consideración de la Asamblea General de la ONU en 2022.
El borrador actual es ciertamente mejorable, y los Estados, las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil deberían aprovechar la oportunidad para hacerlo. Hay un asunto que no se aborda actualmente en el proyecto de principios, y es la responsabilidad de los grupos armados no estatales en los daños causados al medioambiente. Dada la preponderancia de estos grupos en los conflictos armados, urge solucionar esta deficiencia.
Asimismo cabe mejorar las disposiciones relativas a la limpieza medioambiental. Por ejemplo, entre las medidas correctivas debería estar la obligación de hacer una consulta significativa con las personas y comunidades afectadas por el daño ambiental. En general, existe la necesidad apremiante de un mecanismo internacional que vele por la protección del medioambiente en los conflictos armados y tome decisiones sobre presuntas violaciones de derecho internacional.
La aprobación de este proyecto de principios será un hito importante que establecerá un marco de referencia para la protección ambiental en los conflictos armados. Pero no es el final del viaje. Los Estados deberían evaluar sus prácticas con arreglo a ese marco de referencia y garantizar la implementación plena de legislación nacional vinculante. Por su parte, las organizaciones internacionales y la sociedad civil deberían cumplir la función de vigilar atentamente estos procesos para garantizar su éxito.
