El crimen contra la humanidad cometido el 11 de septiembre de 2001 pedía a gritos justicia. Pero, en lugar de ello, Estados Unidos respondió con sus propios crímenes de derecho internacional y, en los 20 años transcurridos desde los atentados, ha distorsionado los principios de la justicia penal. La ausencia de justicia continúa a día de hoy.
De hecho, el presidente George W. Bush prometió justicia desde el principio. La noche de los atentados, anunció que había "dirigido todos los recursos de nuestras comunidades de inteligencia y de aplicación de la ley para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia". Cuatro días después de que comenzara la intervención militar liderada por Estados Unidos en Afganistán, dijo que "este frente de batalla en particular" duraría "todo el tiempo que sea necesario para llevar a Al Qaeda ante la justicia. Puede que ocurra mañana; puede que ocurra dentro de un mes; puede que tarde uno o dos años". El mundo sigue esperando.
Las flores adornan los nombres de las personas que murieron durante los ataques al World Trade Center, sábado 11 de septiembre de 2021. © Craig Ruttle/Newsday vía AP, Pool
Por aquel entonces, el presidente Bush dijo que, tras la expulsión de los talibanes del poder, el nuevo gobierno de Afganistán "debe respetar los derechos humanos fundamentales". Ese mismo día de noviembre de 2001, el mundo pudo ver lo que estaba dispuesto a alejarse de los derechos humanos y de los principios de la justicia penal ordinaria cuando firmó una orden militar que autorizaba la detención indefinida sin juicio de ciudadanos extranjeros, y juicios militares en los que, según la orden, no se aplicarían "los principios del derecho y la reglamentación de pruebas generalmente reconocidos en el juicio de casos penales" en los tribunales federales de Estados Unidos. Estas comisiones militares siguieron el modelo de las utilizadas 60 años antes para procesar y condenar a muerte en la silla eléctrica a seis ciudadanos alemanes en juicios totalmente secretos. Difícilmente un precedente del que enorgullecerse, y menos aún copiarlo en la era moderna.
La muerte como justicia
Que el concepto de justicia de Estados Unidos en la "guerra contra el terror" podría incluir la ejecución era evidente por la autoridad otorgada a las comisiones militares. También parecía probable, dado el propio historial del presidente Bush como gobernador de Texas, al autorizar la primera ejecución federal en 37 años en su primer año en la Casa Blanca. El presidente se remontó a ese caso –el de Timothy McVeigh, condenado por un asesinato en masa cometido en el atentado contra un edificio federal en Oklahoma en 1995– al prometer justicia para el 11-S: "El atentado de Oklahoma City fue un crimen terrible, y se hizo justicia. Y puedo asegurar a cada uno de ustedes que se hará justicia con todos los responsables de los malvados actos del 11 de septiembre". La pena de muerte es siempre aborrecible, y la comunidad internacional ha acordado que los tribunales penales internacionales no tendrán la muerte como opción de condena, ni siquiera para los peores crímenes del mundo, incluidos los crímenes contra la humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra.
La bandera de Estados Unidos ondea en el interior del Campo VI en la Base Naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba. © REUTERS/Lucas Jackson
La muerte como "justicia" se extendió al campo de batalla global en la "guerra contra el terror". En un primer ejemplo de ello, en noviembre de 2002, un presunto miembro de alto nivel de Al Qaeda y otros cinco hombres que se encontraban en un coche en Yemen fueron objeto de un ataque con misiles no tripulados Predator controlados por la CIA. Se trató de "un caso claro de ejecución extrajudicial", concluyó el experto de la ONU en ejecuciones ilegales. Estados Unidos discrepó, afirmando que los asesinatos cumplían con el derecho de la guerra y que el experto de la ONU no tenía mandato para evaluarlo. Por su parte, poco después de los asesinatos de Yemen, el presidente Bush declaró que nadie podía esconderse de Estados Unidos, y añadió que algunos individuos ya estaban "respondiendo a preguntas en Guantánamo" –en lo que ahora sabemos que incluía interrogatorios bajo tortura–, mientras que otros habían "encontrado su destino por la justicia repentina", es decir, habían sido asesinados.
Los principios comunes de la justicia y los derechos humanos –el tratamiento humano de las personas privadas de libertad, el acceso de los detenidos a la representación legal y a los tribunales, y los juicios justos dentro de un plazo razonable en tribunales independientes e imparciales para los acusados de delitos reconocidos internacionalmente- se quedaron en el camino. En cambio, la búsqueda de información y el paradigma de la guerra global se utilizaron para justificar, entre otras cosas, la tortura, la desaparición forzada y la detención indefinida sin cargos, incluso por parte de las fuerzas militares y de inteligencia estadounidenses en Afganistán. La ausencia de justicia para las víctimas y los supervivientes del 11-S se vio reflejada en la falta de responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por el personal estadounidense.
Activistas de Amnistía Internacional enmascarados y vestidos como detenidos de Guantánamo participan en una performance para pedir el cierre de la base naval. © REUTERS/Cathal McNaughton
Cuando la "justicia repentina" llegó a Osama bin Laden a manos de las fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán en 2011, en circunstancias en las que los expertos internacionales volvieron a plantear dudas sobre si el asesinato había violado el derecho internacional, el presidente Barack Obama dijo que "se ha hecho justicia" y añadió que "cualquiera que ponga en duda que el autor de un asesinato en masa en suelo estadounidense no se merecía lo que le ocurrió necesita que le examinen la cabeza". El gobierno de Obama se hizo conocido por no haber puesto fin a las detenciones en Guantánamo, por no haber garantizado la rendición de cuentas por la tortura, por haber recurrido a los asesinatos selectivos con aviones no tripulados y por no haber garantizado la plena transparencia e investigación de dichos ataques. Dos años después del asesinato de Bin Laden, el presidente Obama reconoció que "desde nuestro uso de drones hasta la detención de sospechosos de terrorismo, las decisiones que estamos tomando ahora definirán el tipo de nación y de mundo que dejamos a nuestros hijos".
La justicia distorsionada, retrasada y negada es igual a la injusticia
Esas decisiones, y por tanto ese legado, incluyen la decisión del gobierno de Obama de continuar con los juicios de las comisiones militares y de aplicar la pena de muerte a algunos acusados. Hoy los procedimientos se reanudan tras los últimos retrasos, esta vez causados por la pandemia de Covid-19. Seis detenidos se enfrentan a cargos de pena capital, cinco por su presunta participación en los atentados del 11-S y uno por un ataque contra el USS Cole en Yemen en el año 2000. Los seis acusados fueron sometidos a torturas y a años de desaparición forzada, crímenes de los que nadie ha rendido cuentas y sobre los que la verdad sólo se ha revelado parcialmente. Si cualquiera de estas personas fuera ejecutada tras estos juicios injustos, su ejecución sería ilegal. Sus ejecuciones también equivaldrían a matar a los testigos de los crímenes cometidos por el personal estadounidense, que sigue gozando de impunidad. Esto no es justicia.
Fuerzas estadounidenses y un comando afgano patrullan la aldea de Pandola cerca del lugar de un bombardeo estadounidense en el distrito de Achin de Jalalabad, al este de Kabul, Afganistán. © AP Photo/Rahmat Gul
En la víspera del primer aniversario de los atentados, el presidente Bush se plantó ante la embajada de Afganistán en Washington DC y pidió "a todos los estadounidenses que defiendan los valores de Estados Unidos [...] En nuestra guerra contra el terror, nunca debemos perder de vista los valores que hacen a nuestro país tan fuerte". Independientemente de lo que se entienda por "valores estadounidenses", la respuesta de Estados Unidos al 11-S ya había perdido de vista la legislación internacional sobre derechos humanos y los principios básicos de justicia. A los pocos días del discurso del presidente Bush, la CIA abrió un centro de detención secreto al norte de Kabul, bajo su autoridad. El personal estadounidense cometió crímenes en ese centro, y en otros lugares de Afganistán.
Una participante sostiene una pancarta en la que se lee "Ayuda a los afganos" durante una manifestación cerca de la Cancillería en Berlín, el 17 de agosto de 2021 © JOHN MACDOUGALL/AFP vía
Además de socavar el Estado de derecho, Estados Unidos dilapidó gran parte de su buena voluntad y su prestigio moral mucho antes de los últimos acontecimientos en Afganistán. Ahora que la atención mundial ha vuelto a centrarse en Afganistán en medio de la preocupación por el futuro de los derechos humanos en ese país bajo el régimen talibán, y cuando el mundo acaba de conmemorar el 20º aniversario de los atentados del 11 de septiembre que condujeron al derrocamiento del entonces gobierno talibán, no hay que olvidar que Afganistán fue uno de los países en los que las fuerzas estadounidenses cometieron múltiples violaciones de los derechos humanos. El ejemplo en materia de derechos humanos que dio Estados Unidos fue muy pobre.
Esto tiene implicaciones más allá de EE.UU. e incluso de Afganistán: el debilitamiento del Estado de derecho y del sistema de protección internacional de los derechos humanos debería preocupar a todo el mundo. El gobierno de Biden no debe dar la espalda, sino ponerse a reparar el daño causado. La justicia distorsionada, retrasada y negada es igual a la injusticia. Ya es hora de que Estados Unidos se replantee cómo debe ser la justicia en un país que respeta plenamente los derechos humanos y el Estado de derecho.
