@aestevez212, analista de Amnistía Internacional España sobre comercio de armas, reflexiona sobre el comercio de la muerte que alimenta las atrocidades en los numerosos conflictos armados activos en el mundo y explica las propuestas de Amnistía Internacional sobre este tema.
“La paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”.
No podría estar más de acuerdo con estas palabras de Rigoberta Menchú, la activista guatemalteca que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992.
Unos años antes, al concederle ese mismo galardón a Amnistía, el Comité del Nobel destacaba que la lucha por el respeto a los derechos humanos era una condición esencial para lograr la paz. No es la única (hay otras como la justicia, la reparación a las víctimas y acuerdos sobre cuestiones económicas, de recursos, territoriales o políticas), pero es fundamental.
Manifestantes antigubernamentales queman neumáticos y bloquean carreteras en Bamako, Malí, el 10 de julio de 2020. © AP Photo/Baba Ahmed
¿Cómo se define la paz?
La paz no es una arcadia lejana. Hay quien la define como la ausencia de guerras. Sin embargo, las personas que se dedican a la educación para la paz califican ese concepto como “paz negativa”.
La “paz positiva” es un concepto dinámico y global más amplio, que recoge el proceso de realización de la justicia en los diferentes niveles de la relación humana.
Se trata de un proceso en permanente construcción para la resolución no violenta de los conflictos, cuyo fin es conseguir la armonía de la persona con ella misma, la naturaleza y las otras personas, que requiere el compromiso y la implicación de todo el mundo.
La paz se construye y ese proceso de “construcción de la paz” es el conjunto de medidas, planteamientos y etapas necesarias encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones más pacíficas y sostenibles.
Desde el año 2000, cuando el Consejo de Seguridad aprobó su resolución 1325, la ONU impulsa una agenda sobre mujeres, paz y seguridad. La sociedad civil ha hecho numerosas aportaciones a esa agenda, pero dos de ellas, de la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA), son especialmente relevantes en este día. Una aborda la masculinidad y las armas de fuego y otra, las formas de abordar la masculinidad hegemónica y la violencia armada.
Migrantes que estaban a bordo de una embarcación se agarran mientras son rescatados por un equipo de la Sea Watch-3, octubre de 2021. © AP Photo/Valeria Mongelli
¿Qué relación hay entre el comercio de armas y los conflictos armados?
No se me olvidará. Cuando negociábamos con gobiernos de todo el mundo la adopción del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) en los años previos a su aprobación en la ONU en 2013, un diplomático italiano definió a quienes formaban el departamento en el que trabajaba como responsable del control de comercio de armas como “los mercaderes de la muerte”.
Efectivamente, las armas son el combustible para los conflictos armados. Sin embargo, no es la ley de la selva, por lo que no todo vale. Así, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece las normas mínimas de comportamiento de las partes en los conflictos. Son las llamadas “leyes de la guerra”, plasmadas en los Convenios de Ginebra de 1949 que, entre otras cosas, prohíben los ataques deliberados y arbitrarios contra la población civil, hospitales o bienes de carácter civil, la tortura o la toma de rehenes.
La realidad de los numerosos conflictos armados (enfrentamientos en que hay más de 100 víctimas anuales) abiertos en 2021 es bien distinta a la teoría. Como veremos más adelante en algunos de estos conflictos, como Etiopía, Yemen, Myanmar o Siria, se han cometido atrocidades documentadas por AI, alimentadas por ventas de armas rusas, chinas, estadounidenses y de varios países europeos.
Un arma es apuntada desde un vehículo militar mientras las fuerzas leales a Abdul Hamid Dbeibah, uno de los dos primeros ministros rivales de Libia, aseguran las calles de la capital, Trípoli, el martes 17 de mayo de 2022. © AP Photo/Yousef Murad
Luces y sombras del Tratado sobre Comercio de Armas
Cuando negociaron el TCA, los gobiernos se quedaron cortos en su alcance y en las prohibiciones, fruto de las cesiones de las diferentes partes para alcanzar un acuerdo.
En cuanto a las actividades comerciales y los tipos de armas, la rueda estaba ya inventada. Cuando en 2011 cayó la Libia de Gadafi, estábamos negociando el alcance del TCA en uno los comités preparatorios previos a la conferencia de negociación de 2012. El Consejo de Seguridad de la ONU nos hizo el trabajo al aprobar su resolución 1970, que imponía un embargo de armas, la prohibición de viajar y la congelación de activos a Libia. El embargo era exhaustivo e impedía el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta a Libia. La solución era sencilla: seguir ese modelo, pero China y otros países poderosos se oponían a eso y abogaron por dejar fuera del texto del Tratado el transporte, y limitar las armas bajo control a las pequeñas y ligeras y siete categorías de armas incluidas en el Registro de Armas Convencionales de la ONU.
Por su parte, el Tratado adoptado en 2013 prohíbe, en su artículo 6, la transferencia de armas cuando un gobierno “tiene conocimiento” de que podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El objetivo último de AI era conseguir que esta prohibición también se aplicara a una situación de violaciones graves de derechos humanos como torturas, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales.
Una niña siria estudia fuera de la tienda de su familia en un campo de personas refugiados en la ciudad de Bar Elias, en el Valle de la Bekaa, Líbano, el 7 de julio de 2022. © AP Photo/Bilal Hussein
Sin embargo, la propuesta de AI, que recogió y presentó España en la última fase de negociación del texto, apoyada por Reino Unido y otros países europeos, se topó con la oposición de EE.UU. al colisionar con su forma de entender la seguridad nacional.
Era la prueba del algodón y no la superó, aunque sí conseguimos que los gobiernos deban llevar a cabo una evaluación de riesgo objetiva de toda exportación de armas, para determinar cómo afecta a la paz y a la seguridad y el potencial de su uso para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando ese riesgo sea sustancial, la exportación no se autorizará.
Una curiosidad más. La actitud de la industria fabricante de armas en la negociación del Tratado fue constructiva. No le interesaba que se la asociara a la comisión de las peores atrocidades en conflictos armados. Ojalá empresas españolas como Navantia o Airbus, que proporcionan corbetas y aviones de combate a la coalición encabezada por Arabia Saudí y Emiratos que interviene en Yemen desde 2015, tomasen nota y escuchasen las propuestas de Amnistía para un comercio de armas que no contribuya a la comisión de atrocidades y que garantice que las armas se usen de acuerdo con el derecho internacional.
Por último, es verdad que el TCA no tiene un mecanismo con capacidad de sancionar a los Estados que incumplen sus disposiciones, pero eso es solucionable, con voluntad política, mediante un protocolo adicional al Tratado. Sin embargo, en la balanza pesan más cuestiones positivas porque, en menos de una década desde su entrada en vigor, ha conseguido que numerosos Estados de los 111 que están obligados legalmente a respetarlo, adecúen su legislación a las obligaciones del TCA y mejoren la transparencia al presentar un informe anual sobre exportaciones e importaciones de armas. Por último, ha conseguido centrar la atención en el desvío de armas, un asunto de capital importancia que ocupó la mayor parte de la 8ª Conferencia de Estados Parte celebrada en agosto en Ginebra.
Para muestra, un botón: tras varios años de presión por parte de Amnistía y denuncias de casos de desvío de armas españolas a la República Centroafricana desde Camerún y del riesgo de desvío a grupos armados en Yemen o Siria de armas enviadas a los saudíes y emiratíes en los últimos años, en 2020 España adoptó un nuevo mecanismo para evitar el desvío de sus exportaciones de armas. Entre 2020 y 2021 se aplicó a nueve operaciones de munición (tres a Arabia Saudí y seis a Emiratos Árabes Unidos) de un total de casi 6.000 licencias autorizadas por el gobierno español de las más 7.000 tramitadas en esos dos años. Además, se reforzaron los controles en otras 73 operaciones a esos dos países. El mecanismo se centra demasiado en la ubicación física de las armas en lugar del uso final, pero es un paso adelante que muestra que la combinación de presión y propuestas realistas (el nuevo mecanismo español se aplica con éxito ya en EE.UU. Alemania y Suiza desde hace años) funciona.
Trabajadores de la defensa civil siria y civiles trabajan sobre los escombros de un edificio destruido, en Alepo, Siria, el 7 de septiembre de 2022. Un edificio de cinco pisos se derrumbó matando a varias personas, entre ellas tres niños. © SANA vía AP
Atrocidades y conflictos armados
Esta es la preocupante fotografía que nos deja un recorrido por alguno de los actuales conflictos armados.
Etiopía:
China y Rusia son los principales suministradores de armas a las partes de un conflicto en que todas las partes han cometido abusos y violaciones graves de derehos humanos. En la década anterior, datos de la ONU indican que los principales exportadores de armas a Etiopía habían sido Eslovaquia, Israel, india, Sudán y Rusia. Esta última se niega a participar en el TCA, mientras que China sí es Estado Parte del Tratado desde que se adhirió en 2020, poco después de que el entonces presidente estadounidense Trump comunicara su intención de retirar la firma del gobierno de su predecesor Obama, algo que, hasta la fecha, no ha modificado el actual presidente Biden. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos suministró seis drones de combate a Etiopía en noviembre de 2021, pese a que todas las partes en el conflicto armado en Tigré y regiones limítrofes perpetraron violaciones del DIH constitutivas de crímenes de guerra.
Myanmar:
De nuevo Rusia y China, además de Serbia, son los principales vendedores de armas a un país al que AI ha pedido que se aplique un embargo de armas ante la magnitud de las atrocidades cometidas en los últimos años.
Yemen:
Aunque desde hace unos meses se observa una tregua que expira a principios de octubre, EE.UU., Francia, Reino Unido y otros países como España han alimentado la peor catástrofe humanitaria con ingentes cantidades de armas. Otros como Irán han proporcionado armas al grupo armado Ansar Allah (los huzíes), que controla la capital de Yemen y gran parte del país desde finales de 2014. A pesar de haber retirado sus fuerzas terrestres del sur de Yemen a finales de 2019, los EAU siguen apoyando a fuerzas locales yemeníes que han detenido arbitrariamente, hecho desaparecer por la fuerza, torturado y abusado de decenas de personas durante las operaciones de seguridad, incluso transfiriendo armas a estas fuerzas. Una investigación de AI puso de manifiesto cómo EAU se ha convertido en un importante canal de distribución de vehículos acorazados, sistemas de mortero, fusiles, pistolas y ametralladoras, que se están desviando ilegalmente a milicias que no rinden cuentas y están acusadas de crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos. El TCA ha sido crucial para que la sociedad civil presentara recursos judiciales contra las autorizaciones concedidas en países como Bélgica, EE.UU., Italia y Francia e incluso una petición de investigación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Colombia:
Durante años Amnistía Internacional ha cuestionado el envío de armas y ayuda militar de EE.UU. y ha cuestionado la venta de armas españolas a Colombia. En 2021, AI pidió el cese de las transferencias de armas utilizadas para reprimir las protestas sociales en mayo de ese año.
Libia:
El embargo de armas impuesto en 2011 por la ONU tiene como fin proteger a la población civil de Libia. Pero Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, entre otros, se lo saltaron descaradamente en 2019 suministrando sofisticados vehículos blindados, drones, misiles guiados y otras armas. En abril de ese año se produjo una escalada del conflicto armado en Trípoli y sus inmediaciones cuando las fuerzas del autoproclamado Ejército Nacional Libio, con el general Khalifa Haftar al mando, lanzaron una ofensiva para arrebatar el control de la ciudad al Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, internacionalmente reconocido.
Malí:
Desde 2011, Malí se enfrenta a un movimiento de insurgencia liderado por diversos grupos armados y el conflicto se ha extendido a Burkina Faso y Níger. Los grupos armados han perpetrado múltiples ataques contra la población civil y una crisis humanitaria se está apoderando de la región a toda velocidad. El conflicto del Sahel se caracteriza por graves violaciones de derechos humanos cometidas por todos los bandos, incluidas masacres de civiles a manos de incontables grupos armados. Más de un millón de personas han tenido que desplazarse en la región y la crisis humanitaria se está convirtiendo por momentos en una de las peores del mundo. En agosto de 2021, Amnistía Internacional identificó armas de fabricación serbia en vídeos publicados por grupos armados que actúan en el Sahel, incluido un grupo afiliado del autodenominado Estado Islámico que ha reivindicado la autoría de cientos de muertes de civiles.
Siria:
Con armas y apoyo de Rusia, que en años anteriores probó en Siria las mismas tácticas terroríficas aplicadas en Ucrania, además de Turquía, las partes en el conflicto han seguido cometiendo con impunidad violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros abusos flagrantes contra los derechos humanos. En los primeros años de la guerra civil, EE.UU. y otros países suministraron armas a grupos de oposición, algunos de los cuales recibieron armas desviadas desde Arabia Saudí y otros países de la región.
En conclusión, la paz solo será una realidad si, más allá de treguas puntuales en conflictos armados, la rendición de cuentas permite que la justicia sea una realidad y se abordan todos los retos globales de derechos humanos, incluido un comercio de armas que impida la comisión de las peores atrocidades.
