La empresa española CAF participa en la ampliación del tren ligero que une la parte Occidental de Jerusalén con asentamientos ilegales de Jerusalén Este, territorios que pertenecen legalmente a población palestina. De este modo, la constructora se hace partícipe -y beneficiaria- de un apartheid cada vez más violento y actúa en contra de la legislación internacional.
¿Quién es CAF y qué hace en Israel?
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (C.A.F.) es una empresa española que opera en la industria ferroviaria desde hace más de 100 años. Nacida en la localidad guipuzcoana de Beasain, es uno de los principales referentes en la construcción de trenes de alta recorrido, cercanías y urbanos, tranvías y otros materiales ferroviarios.
En la actualidad, CAF tiene en marcha decenas de proyectos en España a nivel estatal y autonómico, y ha realizado ventas en más de 60 países. Cotiza en bolsa y según sus propios informes en 2024 logró un beneficio neto de más de 100 millones de euros.
En agosto de 2019, CAF consiguió, como parte de un consorcio, la adjudicación de la ampliación del tren ligero en la ciudad de Jerusalén. Su socia en el proyecto, la empresa israelí Shapir, está incluida en la lista elaborada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde figuran un centenar de empresas que contribuyen y se benefician de las sistemáticas violaciones de derechos de la población palestina. Esta lista está pendiente de actualización y Amnistía Internacional considera que CAF cumple los requisitos para ser incluida por su participación en este proyecto, calificado como ilegal por el propio Consejo de Derechos Humanos.
El proyecto contratado incluye la ampliación de la “Línea Roja”, ya finalizada, la construcción de la “Línea Verde”, así como el suministro de vehículos y servicios técnicos. Estas extensiones conectarán Jerusalén Occidental con asentamientos israelíes ilegales en Jerusalén Oriental, un territorio ocupado en 1980, cuya anexión no reconoce Naciones Unidas y donde la Unión Europea ha declarado que es ilegal cualquier asentamiento israelí de acuerdo al derecho internacional.
Israel puso sobre la mesa 1.800 millones de euros para poner en funcionamiento 28 kilómetros de vías. Tras estudiar su impacto, otras empresas ferroviarias internacionales descartaron presentarse al proyecto. Ya en 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su profunda preocupación por el proyecto del tranvía considerando que constituye una clara violación del derecho internacional y ha estado pidiendo su cese. CAF no solo decidió seguir adelante, sino que se presentó a la licitación de otra linea más en Territorio Palestino Ocupado.
Es evidente que todas estas infraestructuras contribuirán al mantenimiento y crecimiento de estos asentamientos ilegales y la situación de apartheid en la que vive la población palestina.
¿Qué sucede en Jerusalén Oriental?
Desde 1967 Israel ha derribado decenas de miles de propiedades palestinas tanto en Cisjordania como en Jerusalén Oriental. Además, se han desviado recursos naturales de estas zonas para destinarlos a los asentamientos de colonos. En ellos viven ya cerca de 600.000 personas.
El derecho internacional tipifica como un crimen de guerra el hecho de que una potencia ocupante construya asentamientos en un territorio ocupado y permita que su población pase a vivir allí. En este sentido, el IV Convenio de Ginebra prohíbe trasladar a la fuerza a personas residentes en el territorio ocupado y apropiarse de sus bienes. Es decir, los asentamientos que conecta el proyecto que está ejecutando CAF son ilegales, y contribuir a su mantenimiento y consolidación con esa infraestructura también lo es.
La población palestina que vive en Jerusalén Oriental no tiene ciudadanía, sino un permiso de residencia que en teoría es de carácter permanente. Pero solo en teoría. Más de 14.000 personas palestinas han visto cómo se les retiraba y se les obligaba a abandonar la ciudad. Los barrios de Jerusalén son muy atractivos para las organizaciones de colonos, que cuentan con el apoyo total del gobierno israelí para desplazar a las familias palestinas y pasar a ocupar sus viviendas. A partir de ahí, los colonos parecen tener carta blanca para hostigar a sus vecinos.
Confiscaciones masivas de tierras y viviendas, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, restricciones a la circulación, negación de ciudadanía. Estos actos son constitutivos del crimen de derecho internacional de apartheid y es a lo que se enfrenta la población palestina bajo la ocupación israelí. El Estatuto de Roma define apartheid como un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro. Construir una infraestructura permanente entre los asentamientos ilegales es una muestra más de la confianza israelí en seguir disfrutando de impunidad por parte de la comunidad internacional.
En Khan Yunis, una mujer intenta continuar con sus tareas diarias con el escaso agua disponible. Las personas desplazadas en Gaza sobreviven en tiendas improvisadas, atrapadas entre la destrucción, el bloqueo y la falta de ayuda humanitaria. © Hani Alshaer / Anadolu vía Getty Images
¿Cómo afecta a Cisjordania el genocidio en Gaza?
El recrudecimiento del conflicto a partir de octubre de 2023 ha provocado unos ataques constantes y despiadados por parte de Israel en Gaza que hacen concluir que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina. Estos ataques se han acompañado de un incremento alarmante de homicidios y ataques también en Cisjordania, llevados a cabo tanto por fuerzas del ejército como por los propios colonos israelíes.
Confiscaciones masivas de tierras, demoliciones de casas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos forman parte del día a día para cientos de miles de personas que viven en el Territorio Palestino Ocupado e Israel. Según el Informe Anual de Amnistía Internacional, en 2024 Israel cometió el crimen de apartheid por medios como el traslado y desplazamiento forzosos de población palestina, al tiempo que se creaban y crecían los asentamientos de colonos.
Toda esta violencia ha provocado el desplazamiento forzoso de miles de personas. “Nos dimos cuentas de que la excavadora empezaba a demoler también nuestras casas. Eran apartamentos que habíamos construido con nuestras propias manos. Allí crecimos y construimos recuerdos. Ahora, nuestras casas y todas nuestras pertenencias que estaban dentro han desaparecido”. Así contó Ibraheem, un vecino de Nur, cómo el ejército israelí hizo escombros su hogar el pasado 9 de febrero.
Como consecuencia de esta realidad, la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024 resolvió que las políticas y prácticas de Israel en el territorio violan el derecho internacional en tal manera que la presencia de Israel en el Territorio Palestino es ilegal. Por ello, destacó que los Estados tienen “la obligación de abstenerse de mantener relaciones convencionales con Israel en todos los casos en que pretenda actuar en nombre del Territorio Palestino Ocupado” así como de “entrar en contratos económicos o acuerdos comerciales con Israel relacionados con el Territorio Palestino Ocupado o partes del mismo que pueda afianzar su presencia ilegal en el territorio”. Es decir, empresas como CAF estarían contradiciendo nada menos que una resolución de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional, junto a 162 organizaciones de la sociedad civil, ha pedido recientemente a la Unión Europea que prohíba el comercio y los negocios con los asentamientos ilegales de Israel en Territorio Palestino Ocupado, a fin de cumplir con las obligaciones legales establecidas por la Corte Internacional de Justicia.
Un joven llora junto a los cuerpos de víctimas del bombardeo israelí. Ese día, 18 de marzo de 2025, se registró el ataque más letal sobre la Franja desde el fin del alto el fuego en enero. © Omar Al-Qattaa / AFP vía Getty Images
Pactos, declaraciones, informes y otros papeles mojados
“Respeto escrupuloso de los derechos humanos”, “ética en los negocios”, “mejores prácticas de buen gobierno corporativo”, “igualdad de oportunidades”, “contribución y desarrollo social”, son algunos de los principios que en sus informes anuales CAF dice observar en el desarrollo de su actividad. La empresa se ha adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas, que supone el compromiso de respetar los derechos humanos, el medio ambiente y luchar contra la corrupción.
La empresa afirma haber puesto en marcha un órgano de control “con poderes autónomos” para supervisar y gestionar de forma directa los riesgos derechos humanos, y un sistema de evaluación y gestión de riesgos que analiza desde la perspectiva de derechos humanos todos los proyectos y ofertas del grupo. A pesar de la contundencia de sus compromisos -sobre el papel- en derechos humanos y de los mecanismos de control establecidos, la empresa asegura que “no se ha detectado ninguna vulneración de derechos humanos derivada de la participación del Grupo CAF en ningún proyecto”.
Pero la realidad es tozuda y las actividades de la empresa en territorio ocupado muestran que sus compromisos son papel mojado, que los controles internos son ineficaces y que la persecución del negocio y de los beneficios empresariales de CAF se lleva a cabo vulnerando los derechos humanos, ignorando incluso resoluciones del Consejo de Seguridad, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia.
Este episodio se une a los de otras empresas en las que las buenas palabras de los pactos, declaraciones, sellos y certificados sirven para poco cuando llega una lluvia de dólares. Hemos conocido casos recientes en Arabia Saudí, Qatar o el Amazonas. Parte del problema está vinculado a la ausencia de una legislación internacional aplicable y contundente que haga responsables a las empresas de sus impactos en derechos humanos.
Ante esta realidad, más de 530 organizaciones han creado la Plataforma por las Empresas Responsablesque pide al gobierno español la aprobación de una ley que obligue a las empresas a actuar “con la debida diligencia” en el respeto de los derechos humanos y medioambientales. La Plataforma, de la que forma parte Amnistía Internacional, también trabaja para evitar retrocesos en la directiva europea aprobada en 2024 para que las empresas que operen en la Unión Europea se hagan responsables de sus impactos en derechos humanos a lo largo de toda su cadena de valor.
Peticiones para abandonar el proyecto
La empresa CAF no sólo ha ignorado sus propios compromisos en derechos humanos. También ha hecho oídos sordos a quienes le alertaban de las consecuencias de este proyecto. Amnistía Internacional se ha dirigido en repetidas ocasiones a CAF y a sus accionistas preguntando sobre los procesos de debida diligencia implementados y reclamando el abandono del proyecto por ser contrario al derecho internacional. La respuesta recibida no ha sido adecuada ni precisa. Ante las preguntas de accionistas minoritarios en las juntas, los responsables aseguran haber cumplido todos los requisitos pero sin explicar qué evaluación de impacto se ha realizado.
En un informe publicado en mayo de 2022 por una institución vinculada con la OCDE, el Punto Nacional de Contacto de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, afirma que la participación de CAF “podría contribuir a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos”, contribuyendo “al establecimiento, mantenimiento y crecimiento de los asentamientos”.
El informe recomienda, entre otras medidas, una “mayor diligencia en la valoración de los daños o vulneraciones a los derechos humanos que pueda ocasionar la actividad de la empresa española” así como mejorar la transparencia en la comunicación, ya que ha ocultado que el proyecto transcurre en Territorios Palestinos Ocupados.
Además de las más de 30 organizaciones sociales que pidieron la inclusión de la CAF en la lista de empresas que contribuyen a la vulneración de derechos humanos en Israel, el Comité de Empresa de la planta de Beasain, y 40 entidades del País Vasco han hecho llegar esta petición a la empresa para que renuncie a un proyecto al que nunca se debió presentar. A pesar de esto, a finales de 2022, el organismo del Gobierno vasco, Finkatuz, aumentó su partición en la empresa hasta el 3%.
Por tanto, a estas alturas parece claro que los propietarios de CAF no tienen ningún interés en saber cuál es el impacto real de su proyecto en los derechos humanos de la población palestina, y de hecho se han presentado a nuevos proyectos en Territorio Palestino Ocupado y ni siquiera las atrocidades cometidas en Gaza por el gobierno israelí en los últimos meses parece apartarles ni un milímetro de su hoja ruta centrada únicamente en sus beneficios. Quizás, solo si perciben que su participación les supondrá mayores pérdidas en el futuro, es posible que abandonen el proyecto. Si no lo hacen, la próxima parada de los tranvías de CAF se llamará apartheid.
