Lorenzo Rivas Echeverria, Mario Alberto Tenorio y José Antonio Almendariz pueden dar un vuelco a la historia de su país. Los tres son diputados de partidos de la oposición y se sientan en la Comisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Su voto es decisivo para cambiar la obsoleta y absurda legislación que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, sin importar que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto, que la vida de la embarazada corre peligro o que el aborto sea espontáneo.
María Teresa Rivera fue detenida en un hospital después de que su suegra la encontrara en el cuarto de baño casi inconsciente y sangrando profusamente. Había sufrido un aborto espontáneo, sin embargo, el personal del hospital la denunció a la policía. Durante el juicio, uno de sus jefes testificó que ella le había comunicado su embarazo en enero de 2011. Si eso fuera cierto, María Teresa habría estado embarazada de 11 meses cuando se produjo el aborto. Ese indignante testimonio fue una de las pruebas utilizadas para condenarla a 40 años de prisión por “homicidio agravado”. Aunque María Teresa es un caso con final feliz, porque fue liberada después de que varias organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional, intercedieran por su caso, pasó cuatro años en la cárcel. Su familia se resintió muchísimo económicamente porque era la única que trabajaba, lo que impidió que pudiera visitarla su hijo porque no podían pagar el transporte a la cárcel. Las secuelas psicológicas para todos son difíciles de calcular.En la actualidad existe una propuesta presentada por el partido gobernante, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que permitiría la legalización del aborto cuando la vida de la mujer o la niña corra peligro, cuando el embarazo sea consecuencia de violación y cuando el feto no tenga probabilidades de sobrevivir. La decisión de que la reforma sea sometida a debate y votación en la Asamblea Legislativa Salvadoreña recae sobre la Comisión Legislativa. Y hay tres personas clave.
“ María Teresa Rivera sufrió un aborto espontáneo, pero el personal del hospital la denunció. uno de sus jefes testificó que ella le había comunicado su embarazo en enero de 2011. Si eso fuera cierto, María Teresa habría estado embarazada de 11 meses cuando se produjo el aborto. Ese testimonio sirvió para condenarla a 40 años de prisión.
Por un lado está Mario Alberto Tenorio, presidente de la Comisión de Asamblea Legislativa que discutirá la propuesta y miembro del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Cuando Amnistía Internacional le entregó en diciembre de 2016 más de 30.000 firmas con las que se pedía a la Asamblea que rechazara una antigua propuesta de reforma de la ley del aborto existente, por la que se incrementaban a hasta 50 años las penas de prisión para las mujeres acusadas de haberse sometido a un aborto, él dijo que su partido no la apoyaría.
Los otros dos diputados que pueden cambiar la historia son Lorenzo Díaz Echeverría, de GANA, y José Antonio Almendáriz del Partido de la Conciliación Nacional (PCN).>
Estos tres diputados se encuentran ante una decisión histórica para los derechos humanos de las mujeres en El Salvador.
En Amnistía Internacional tenemos muy claro lo que tienen que decidir. Actúa en nuestras redes sociales.
