Cuando hacemos encuestas a nuestros socios y socias sobre diferentes temas, solemos incluir alguna pregunta sobre cómo valoran la independencia económica de Amnistía Internacional, es decir, el hecho de que no admitimos subvenciones públicas ni donaciones de partidos políticos para financiar nuestras campañas e investigaciones.
Siempre me llama la atención lo poco que se valora esta característica de nuestra organización.
¿Por qué? ¿Quizás porque lo que ya se tiene no se valora? ¿Será que no sabemos comunicar desde Amnistía Internacional la importancia que tiene? Me aventuro a pensar que una gran parte de nuestros socios y socias no son conscientes de que somos una de las poquísimas organizaciones grandes en España, a excepción de Greenpeace, que realiza su trabajo gracias a la generosidad de personas corrientes, como tú y como yo. No son conscientes de que decenas de miles de personas (más de 84.000 según escribo este post) aportamos una media de 10€ al mes y que en 2017 conseguimos recaudar más de 10 millones de euros para la defensa de los derechos humanos.
Hace 20 años que trabajo en el ámbito de la captación de socios, socias y fondos en diferentes organizaciones en España y me choca esa baja valoración, porque habiendo trabajado como fundraiser (captadora de fondos) en alguna organización que sí recibía dinero en forma de subvenciones, viví en mis propias carnes los “ajustes” que hay que hacer para que encaje lo que la organización (no lucrativa) desea hacer y lo que los Gobiernos u otras entidades quieren financiar, sea por los intereses que sea.
No quiero que con estas reflexiones nadie piense que hay organizaciones mejores ni peores por la naturaleza de su financiación, o que no valoro el trabajo ingente que siempre conlleva conseguir fondos para una causa, sea cual sea, pequeña o grande. Pero en el caso de Amnistía Internacional, la independencia económica es de un enorme valor para nuestro trabajo. Me atrevería a decir que es crítica.
Amnistía Internacional lleva a cabo investigaciones sobre el terreno en las que documenta las violaciones de derechos humanos que se perpetran. En imagen, Donatella Rovera, investigadora de AI, durante una misión de investigación a Irak. © AI
No somos una organización cómoda a la que apoyar, como tampoco es fácil entender en qué gastamos nuestros fondos, porque muchas veces nuestro trabajo no es tangible. No podemos aportar, por ejemplo, cifras concretas de niños y niñas vacunados o escolarizados. En la mayoría de ocasiones, nuestro trabajo es a medio o largo plazo, pues los cambios en derechos humanos no suelen ser rápidos. Incluso en algunos momentos sufren retrocesos. Y en algunos casos, el impacto de nuestro trabajo en la vida de las personas puede pasar incluso inadvertido, pues cuando se consigue, por ejemplo, que un Estado deje de aplicar la pena de muerte, o que deje de torturar impunemente, se trata de grandes victorias, sí, pero que pueden pasar inadvertidas para la mayoría de la gente.
Nuestro trabajo es poner el foco en situaciones que los Gobiernos tratan de ocultar, o hacer frente a Gobiernos que tratan de menoscabar o erosionar los derechos humanos abiertamente. Este trabajo de permanente denuncia a los Gobiernos y a otros agentes nos pone en situaciones en las que no complacemos a nadie. Porque no tenemos ideología. Y porque somos inflexibles a la hora de poner a las personas por delante.
A pesar de todas estas dificultades, como socia de Amnistía Internacional hace tiempo que tengo claro que los derechos humanos deberían ser la hoja de ruta de todos los Gobiernos. Y tengo claro que la independencia económica es una de las mejores defensas para resistir los ataques de los poderosos que nos quieren anular.
