Habitualmente leo y oigo la expresión “matrimonio infantil” empleada tanto en websites, prensa y campañas mediáticas, como algo que nos pone de inmediato en un estado de alerta y rechazo de un hecho que condenamos como una violación de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Es una difícil y lamentable realidad pero antes de llegar a esta forma de unión asentada en costumbres e incluso por necesidad ante situaciones de extrema pobreza, teniendo en cuenta que incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos, podemos reflexionar sobre lo que es el matrimonio y lo que representa en la mayoría de las sociedades.
Pongámonos las gafas o perspectiva de derechos humanos para afirmar que el matrimonio entre iguales, entre mayores de edad, supone que dos personas de igual o diferente género e identidad sexual, de forma voluntaria afianzan social y jurídicamente una relación sobre la que se asienta la base del desarrollo en si mismo o en un futuro inmediato, de un grupo familiar. Fuera como fuere, ya bien sea por el “amor romántico” o por el “contrato o pacto entre partes”, el matrimonio ha de ser una opción igualitaria, voluntaria y consentida por, precisamente, las partes. Cabe añadir que hay una edad mínima de dieciocho años que la normativa internacional establece para ser contrayente.
“El matrimonio no es ni puede ser infantil, ni debe ser una forma supervivencia o de comercialización de niñas y jóvenes en contra de su voluntad o como víctimas de condiciones de pobreza”
Nieves Gascón, Amnistía Internacional
En España hasta 2016 el matrimonio podía ser entre personas menores de edad y mayores de catorce años. Una excentricidad si consideramos que la sociedad española ya había cambiado lo suficiente para valorar el matrimonio como una práctica poco recomendable para adolescentes. No fue muy complicado ni jurídica ni políticamente, conseguir elevar esta edad a dieciséis años y esta tampoco ha ser considerada una edad del todo adecuada, por mucho consentimiento que las y los familiares den para menores de dieciocho años.
Obviamente entra en contradicción y quizás a mi justo entender, el empleo de la terminología “matrimonio infantil” ya que resulta duro e ilegal que un niño o una niña pasen a temprana edad al mundo adulto, y que por lo mismo se considere que puedan ser satisfactoriamente madres y padres. Niños, mayoritariamente niñas que cuidan de sus bebés, pasan por una vivencia inadecuada e innecesaria, considerando que las personas menores de dieciocho años y de acuerdo a la normativa internacional (Convención de los Derechos del Niño, ONU), tienen derecho a una protección especial y a que sean satisfechas sus necesidades educativas, sanitarias, de bienestar en general, por sus familias e instituciones públicas con independencia del lugar donde vivan. Niños, niñas y adolescentes han de llegar a su madurez preparadas y preparados para afrontar de forma satisfactoria su autonomía, además gracias a esa salvaguarda y protección especiales.
Refugio para mujeres víctimas de matrimonio infantil y forzado en Burkina Faso. © Sophie García/ Corbis para AI
El matrimonio no es para niñas ni para niños, no lo permite la ley internacional y este planteamiento es el que debe ser, por una cuestión no sólo jurídica, sino de coherencia social y cultural.
Pongámonos ahora las gafas de género o limpiemos las que nos proporciona la perspectiva patriarcal, para ir un poco más allá. En muchos lugares del mundo las niñas pueden ser forzadas a contraer matrimonio, a tener relaciones sexuales, contraer enfermedades de trasmisión sexual, tener embarazos no deseados y dar a luz poniendo en grave riesgo su integridad, e incluso morir por complicaciones en el parto por su inmadurez física, o por la falta de medios de atención sanitaria en sitios donde se vulnera el derecho a la asistencia ginecológica obstétrica. Entonces la situación cambia porque este matrimonio infantil, conlleva una especial situación de vulnerabilidad para las niñas. Añadamos los casos en los que las niñas sean entregadas a un marido mucho más mayor y a la familia de este. Esto sucede en sociedades más que patriarcales, donde los cuerpos de las mujeres son considerados como mercancía reproductiva y el control de la sexualidad femenina reproduce sistemáticas violencias y violaciones de derechos humanos. Para estas niñas y jóvenes la situación es aún de mayor vulnerabilidad.
Las niñas novias no son tan sólo una imagen estereotipada que nos viene a la mente, sino un síntoma de degradación, negación de derechos y violencia hacia las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres. Porque estas niñas, no lo son tanto para estas sociedades donde se les considera adultas. No son como las niñas y jóvenes sobreprotegidas en las sociedades occidentales, que sin embargo entran en contradicción cuando se les cuestiona como víctimas de violencia sexual, revictimizándolas y negándoles protección. Hemos de exigir como ciudadanía responsable, democrática y consciente de nuestros derechos, el respeto a la participación, a la protección jurídica, social y familiar de niñas y adolescentes en cualquier lugar.
El matrimonio no es ni puede ser infantil, ni debe ser una forma supervivencia o de comercialización de niñas y jóvenes en contra de su voluntad o como víctimas de condiciones de pobreza. Lo deja muy claro la normativa internacional en materia de derechos humanos y nuestra voluntad, la de las mujeres. Debemos dejar de lado el uso de una terminología que no permite ver la dimensión real de estas situaciones. Hablemos en otros términos de lo que es y conlleva el “matrimonio infantil”: mayoritarias situaciones de sistemática violencia de género y sexual contra niñas y adolescentes. Entonces hablemos mejor de matrimonios forzados, visibilizando y exigiendo atención y protección ante la violencia de género y sexual de niñas y adolescentes. No las olvidemos.
