En estos cinco casos de impacto celebramos los logros de Amnistía Internacional en 2019 y rendimos homenaje a las personas valientes que han ayudado a conseguirlos.
Yves Boukare Traore, director Amnistía Internacional Burkina Faso
1. Acabar con la pena de muerte
El número de ejecuciones se redujo en casi un tercio en 2019, hasta alcanzar la cifra más baja en más de un decenio.
Gracias, en parte, al intenso trabajo de campaña de activistas de Amnistía Internacional, Gambia y Malasia declararon la suspensión oficial de las ejecuciones y Burkina Faso abolió la pena de muerte para los delitos comunes.
“La abolición de la pena de muerte para los delitos comunes en Burkina Faso se consiguió tras una lucha nacional, regional e internacional larga y coordinada. Pero aún no hemos terminado, pues aspiramos a abolir la pena de muerte para todos los delitos”
Yves Boukari Traore, director de Amnistía Internacional Burkina Faso
Andrea Sanhueza, docente en la universidad de Chile
2. Defender a los defensores y defensoras de los derechos humanos
En 2018, 16 países de América Latina y el Caribe firmaron el Acuerdo de Escazú, primer tratado de la región que protege los derechos y la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos ambientales. Amnistía Internacional junto con una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil realizaron una campaña de incidencia que se extendió a lo largo de 2019 y que ayudó a convencer a poderes regionales clave de que firmarán el acuerdo.
“En América Latina los defensores y defensoras ambientales desempeñan un papel esencial en la protección del suelo, el agua y los recursos naturales. Ahora necesitamos que los países ratifiquen el Acuerdo a fin de que pueda hacerse cumplir en la práctica”
Andrea Sanhueza es docente en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, directora de Espacio Público y representante electa de la sociedad civil para las negociaciones de Escazú. Fue una de las primeras personas en pedir el Acuerdo, y actualmente trabaja para garantizar que los 16 países firmantes lo ratifican.
Suki Chung, coordinadora regional de campañas de Amnistía Internacional para Asia Oriental. En 2016 puso en marcha la primera iniciativa regional de derechos LGBTIQ de Asia y Oceanía
3. Derechos LGBTIQ en todas partes
Amnistía Internacional hizo campaña para garantizar que se aprobasen 24 nuevas leyes de derechos humanos, algunas de las cuales representan grandes victorias para el movimiento LGBTIQ en Asia: el Tribunal Supremo de India despenalizó la homosexualidad, el gobierno municipal de Tokio aprobó un proyecto de ley que prohíbe discriminar a las personas LGBTIQ, el gobierno tailandés aprobó un proyecto de ley sobre las uniones civiles y el tribunal de última instancia de Hong Kong resolvió que la negativa del gobierno a conceder beneficios laborales conyugales a las parejas del mismo sexo era ilegal.
“En estos dos últimos años, estamos asistiendo a una emocionante ‘ola de orgullo’ en la región, a raíz de la adopción por más países del principio de igualdad de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Es alentador ver cómo Amnistía Internacional aporta energía y sinergias al ‘activismo arcoíris’ en Asia a través de campañas de gran resonancia y coaliciones con entidades asociadas locales en el terreno”
Suki es coordinadora regional de campañas de Amnistía Internacional para Asia Oriental. En 2016 puso en marcha la primera iniciativa regional de derechos LGBTIQ de Asia y Oceanía.
4. Acoger a más personas refugiadas
Millones de personas de todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus países de origen huyendo de la violencia, la guerra y la persecución. Amnistía Internacional está potenciando el crecimiento del patrocinio comunitario en todo el mundo, dando a la gente corriente la oportunidad de ofrecer vías de protección de manera directa.
La retórica contra las personas refugiadas y migrantes va en aumento en muchos países en los que los políticos están intentando impedir que la gente pida asilo. Este año Estados Unidos admitirá a un máximo de 30.000 personas refugiadas —la cuota de admisión más baja en la historia del programa de reasentamiento— que el gobierno de Trump desea reducir a 18.000 el próximo año.
“Nuestra relación no puede ser más positiva. Trasladarme aquí solo y por mi cuenta fue difícil, pero me están ayudando a adaptarme y a recuperar mi independencia. Ahora vivo en una habitación alquilada en una casa compartida y he encontrado trabajo en una escuela. Hemos forjado un vínculo familiar; ¡voy a su casa cada vez que hacen una barbacoa!”
Eyad “Eddy” Jaabary, Argentina. Eyad huyó del conflicto en Siria y ahora vive en Argentina, donde está siendo patrocinado por Susana y Patricio.
Ben Jaffey, abogado en Blackstone Chambers, representó a Amnistía Internacional
5. Detener la vigilancia ilegal
Cuando Edward Snowden se convirtió en un denunciante, reveló que Reino Unido interceptaba secretamente a diario millones de comunicaciones privadas de gente corriente. Tras seis años de batalla judicial encabezada por Amnistía Internacional y otras organizaciones de cuatro continentes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la legislación del Reino Unido que permitía esa vigilancia masiva de las comunicaciones violaba los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.
Pese a este fallo positivo, el Tribunal se negó a considerar que la vigilancia gubernamental no selectiva era una violación de derechos humanos en sí misma. En respuesta a eso, Amnistía y sus entidades asociadas han llevado el caso hasta la Gran Sala del Tribunal Europeo, órgano judicial de más alta instancia en materia de derechos humanos de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa.
“Los documentos de Edward Snowden muestran la verdadera magnitud de la interceptación masiva de nuestras comunicaciones. Amnistía Internacional y otras organizaciones presentaron recursos judiciales para garantizar que los controles a la vigilancia se mantienen actualizados de acuerdo con la rápida evolución de la tecnología y la sociedad.”
Ben trabaja como abogado en el bufete londinense Blackstone Chambers. Representó a Amnistía Internacional y a otros miembros de la coalición de ONG que llevaron el caso ante el Tribunal sobre Competencias Indagatorias de Reino Unido y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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