El aumento de la deuda se está convirtiendo rápidamente en un grave problema global.
Más del 60% de los países de bajos ingresos y más del 25% de los países de mercados emergentes están en situación de sobreendeudamiento, o corren el riesgo de estarlo, según Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha afirmado que 54 países, en los que viven la mitad de las personas más pobres del mundo, necesitan con urgencia alivio de la carga de la deuda.
Según datos del Banco Mundial, la carga de la deuda de los países de bajos ingresos del mundo ascendía a 860.000 millones de dólares de EE. UU. en 2020.
Pero la deuda no tiene que ver sólo con cifras. También tiene que ver con la vida de las personas; muchos habitantes de los países sobreendeudados sufren perjuicios directos para sus medios de vida y su salud debido a las dificultades financieras de sus respectivos países.
Dado que el Grupo de los Siete (G7) integra a muchos de los mayores prestamistas bilaterales del mundo y a los miembros más influyentes de las entidades crediticias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), este año el Grupo, bajo el liderazgo de Japón, debe hacer más para abordar la crisis de deuda mundial. Aliviar la carga de la deuda de los países en dificultades debe ser una prioridad del grupo.
Los prestamistas bilaterales, las instituciones financieras internacionales, los bancos de desarrollo multilaterales y otros acreedores tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Las obligaciones derivadas de los acuerdos de deuda no deben obstaculizar la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales.
Proliferan las crisis que se superponen. Cinco de los 10 países que corren más riesgo de sufrir desastres relacionados con el cambio climático están ya sobreendeudados o corren un riesgo elevado de estarlo.
Una persona sostiene su tarjeta del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el distrito de Daynile de Mogadiscio, Somalia 26 de octubre de 2020. © REUTERS/Feisal Omar
Un nivel insostenible de deuda puede tener graves consecuencias para el bienestar de las personas. Con frecuencia, los países ricos y las instituciones financieras internacionales ofrecen préstamos y alivio de la deuda en condiciones que limitan la capacidad de los gobiernos de invertir en salud, educación y otros sectores sociales, a menudo en momentos en que ese gasto es más necesario. El costo de atender el servicio de la deuda existente también desvía financiación esencial de gastos sociales fundamentales.
Es posible lograr una reestructuración efectiva de la deuda que proteja los derechos humanos. De hecho, una acción internacional coordinada que ofrezca alivio de la deuda puede transformar la capacidad de los gobiernos para invertir en protección económica y social.
En el caso de países como Somalia, el alivio de la deuda puede liberar importantes recursos para mejorar prestaciones de salud pública esenciales.
Este país de África oriental, uno de los menos desarrollados del mundo, apenas ha tenido capacidad para hacer pruebas, aplicar tratamientos o gestionar la COVID-19. El acceso a servicios de transporte de emergencia y ambulancias prácticamente no ha existido, y se ha registrado escasez de suministros esenciales como respiradores y oxígeno. Mediante el aplazamiento o la renuncia a parte de su deuda, los acreedores pueden conceder a Somalia margen para aumentar el gasto en salud.
Paralelamente, Sri Lanka está sumido en una crisis económica catastrófica, debido en parte a su agobiante deuda. En 2020, el 71,4% de los ingresos del Estado se destinaron al pago de intereses, frente a una media mundial del 6%.
Sri Lanka incumplió sus obligaciones en cuanto al pago de la deuda el año pasado en un contexto de grave escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y otros artículos esenciales. En junio pasado, aproximadamente el 11% de las familias afirmaban que sus ingresos se habían interrumpido y el 62% decían que sus ingresos se habían reducido en un momento en que la inflación de los productos alimenticios superaba el 90%.
Varias personas esperan para comprar tanques de gas doméstico cerca de un distribuidor en Colombo, Sri Lanka, 23 de mayo de 2022. © REUTERS/Dinuka Liyanawatte
En este tipo de circunstancias, la capacidad económica del gobierno para prestar asistencia social y de salud es clave para proteger a la población. Un alivio de la deuda urgente y adecuado concedería margen fiscal a Sri Lanka para ese tipo de programas.
El mes pasado, 182 economistas, expertos en desarrollo y otros profesionales hicieron un llamamiento a los acreedores de Sri Lanka para que “garantizar[an] una cancelación de la deuda suficiente para encontrar una salida a la crisis actual”.
A veces, las condiciones del alivio de la deuda también pueden ser perjudiciales para los derechos humanos.
En 2008, en plena crisis financiera en Grecia, el gobierno impuso medidas de austeridad a instancias de los acreedores. Estas medidas implicaron la reducción del gasto público en salud, la merma de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud y la imposición de límites al gasto en salud mediante cambios estructurales.
Esto dio lugar violaciones del derecho a la salud de la población de Grecia. Un informe de Amnistía Internacional reveló que estos recortes menoscabaron el acceso a atención de la salud esencial y su asequibilidad. A muchas personas les resultó más difícil usar el sistema de salud público cuando lo necesitaron.
El trabajo de Amnistía Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales durante dos decenios ha mostrado que los problemas estructurales subyacentes que perpetúan la desigualdad y afianzan la injusticia sólo pueden resolverse si los países trabajan conjuntamente para abordar las amenazas globales para los derechos humanos de las personas.
La comunidad internacional ya ha demostrado que puede unirse para abordar colectivamente el problema del aumento de la deuda.
Una paciente con síntomas de cólera recibe tratamiento en una clínica de Médicos Sin Fronteras días después de que la policía haitiana bloqueara las calles durante una protesta en Puerto Príncipe, Haití, 3 de febrero de 2023. © REUTERS / Ricardo Arduengo
En 2005, los países del G7 acordaron cancelar parte de la deuda de varios países sobreendeudados. Durante la pandemia de COVID-19, la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del Grupo de los 20 (G20) permitió la suspensión de algunos pagos de intereses, lo que dio a los países beneficiarios más margen fiscal para responder a la pandemia.
Estas iniciativas podrían haber ido más lejos, pero al menos pusieron de relieve la disposición de los países acreedores a actuar de manera coordinada con respecto a la deuda en caso necesario. No actuar ahora, cuando las señales de alarma son claras y es mucho lo que está en juego, entraña el riesgo de permitir que estas crisis se conviertan en catástrofes de derechos humanos.
La agenda del G7 incluye este año múltiples asuntos relacionados con la deuda y la economía mundial, como el comercio, el trabajo y el empleo o el clima, la energía y el medioambiente.
El aumento de la deuda y sus repercusiones para los derechos humanos deben constituir una parte clave de los debates. Con su influencia y sus recursos combinados, los países del G7 pueden y deben trabajar conjuntamente para hacer frente a la crisis de la deuda en aumento y aplicar soluciones sostenibles.
Varios haitianos se reúnen frente a una oficina de inmigración para solicitar un pasaporte en Puerto Príncipe, Haití, el 2 de febrero de 2023. © REUTERS/Ricardo Arduengo
El primer paso debe ser el compromiso de proporcionar alivio a los países que están en crisis de deuda, o que corren el riesgo de estarlo, antes de que se vean afectados los derechos económicos y sociales. Deben estudiarse todas las opciones para el alivio de la deuda, incluida su cancelación.
En segundo lugar, acreedores y prestamistas —bilaterales, multilaterales o privados— deben abstenerse de imponer a los contratos de préstamo o las medidas de alivio de la deuda medidas susceptibles de menoscabar la capacidad de los prestatarios para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.
En tercer lugar, también es importante la manera en que se proporcione el alivio: las negociaciones y los acuerdos relativos a la deuda deben respetar los principios de transparencia y rendición de cuentas y ser accesibles al escrutinio público.
En una intervención reciente, en la que expuso las prioridades de Japón para su presidencia del G7, el primer ministro Fumio Kishida subrayó los “crecientes desafíos” a los que hace frente la comunidad internacional, como el cambio climático, la salud global y el desarrollo.
La crisis de la deuda en curso se inscribe en la misma categoría. Sin una acción coordinada y urgente con respecto a la deuda, el riesgo de que aumenten la pobreza, la desigualdad y el sufrimiento humano innecesario es grave.
El artículo fue publicado originariamente aquí
