El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas para revisar cada cuatro años y medio la situación de esos derechos en todos y cada uno de los 193 Estados Miembros de la ONU. A nuestro país le toca el turno la próxima semana, y el investigador de Amnistía Internacional España Ignacio Jovtis será testigo directo de la sesión en Ginebra.
El EPU se concibió para asegurar un trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de derechos humanos.
Se trata de una revisión entre iguales, no de una evaluación por parte de especialistas, y su gran objetivo es mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno desde la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre países. En la actualidad no existe ningún otro mecanismo universal como el EPU.
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en Amnistía Internacional damos seguimiento y acompañamos con nuestras investigaciones y lobby todas las fases del EPU, uno de los mecanismos más importantes en el sistema multilateral de derechos humanos.
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La relación del Examen Periódico Universal con el CDH es clave, porque este Consejo creado en 2006 es el principal organismo intergubernamental de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos a escala global. El CDH es un organismo colectivo de 47 Estados Miembros de la ONU (en la actualidad España es uno de ellos), elegidos por la Asamblea General para tres años –cada 12 meses se renueva un tercio– y con un reparto equitativo por regiones que garantiza su diversidad. De los 193 miembros de Naciones Unidas, más de un centenar han formado ya parte del Consejo.
En cuanto a su funcionamiento, el Grupo de Trabajo del EPU celebra tres reuniones al año en Ginebra, en las que 14 países explican el grado de cumplimiento de sus obligaciones sobre derechos humanos, sus progresos y limitaciones y sus retos. Anualmente se examinan 42 Estados, que reciben recomendaciones para mejorar sus políticas en la materia y a los que otros países pueden ofrecer asistencia técnica para conseguirlo. Por su parte, y esto es fundamental, cada Estado asume sus propios compromisos de buenas prácticas. Desde que comenzó en 2008, el EPU ha examinado ya dos veces a todos los 193 integrantes de la ONU, a todos sin excepción. Éste hecho hace único a este mecanismo.
Garantía internacional
El Examen Periódico Universal comprende varias fases. La primera, el análisis de situación a partir de diversas fuentes: el informe nacional presentado por cada Estado examinado, una compilación de información sobre la cuestión por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –incluidas las observaciones y comentarios del país protagonista– y un resumen de la información adicional aportada desde la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. También se produce un diálogo interactivo de tres horas y media –transmitido por Internet– entre el Estado examinado y el Grupo de Trabajo del EPU.
En la segunda fase, este grupo adopta un informe con las recomendaciones de los otros Estados al país examinado –que deberá concretar cuáles acepta y cuáles no--, los compromisos asumidos y las conclusiones. Tres o cuatro meses después. el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptará formalmente el resultado del EPU.
La dos últimas fases son decisivas para materializar ese trabajo inicial. La tercera se centra en la implementación de las recomendaciones asumidas por cada país examinado. Y en la cuarta corresponderá a esos Estados informar sobre cómo las están implementando.
Aunque la estructura y las acciones de las Naciones Unidas son objeto de frecuentes críticas, el sistema multilateral de la ONU en materia de derechos humanos no deja de ser una garantía internacional. Y más en casos como el del Examen Periódico Universal, donde la organización sirve de 'paraguas' para los compromisos concretos asumidos entre Estados libremente y en condiciones de igualdad. Los países del Consejo de Derechos Humanos, y las propias Naciones Unidas en último caso, ejercen de garantes del cumplimiento de esos derechos al controlar la implementación de las recomendaciones aceptadas por cada Estado.
España destaca en ese escenario por su amplio compromiso, ya que es el segundo país más activo en la presentación de recomendaciones a los diferentes Estados para mejorar su situación de derechos humanos.
“Para Amnistía Internacional, el Examen Periódico Universal es una gran oportunidad para hacer oír nuestra voz y presionar a favor de los derechos humanos”
Rol de organizaciones como Amnistía Internacional
Para organizaciones como Amnistía Internacional, el Examen Periódico Universal es una gran oportunidad para hacer oír nuestra voz y presionar a favor de los derechos humanos. Más allá del claro protagonismo de los Estados en ese mecanismo, el EPU reserva un papel relevante a las organizaciones no gubernamentales, incluso antes de las reuniones del Grupo de Trabajo en Ginebra, ya que por ejemplo Amnistía aporta directamente –en alianza con otras ONG– información adicional a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que se tenga en cuenta en el EPU.
Además, antes de que se celebre, llevamos a cabo iniciativas de lobby desde las capitales para pedir a los gobiernos que sean activos y presenten determinadas recomendaciones en línea con nuestras preocupaciones en los EPU de los diferentes países. Publicamos documentos que recogen las recomendaciones y que son de una gran utilidad para los gobiernos que van a llevar a cabo el examen.
También durante el Examen Periódico Universal aunque no podemos intervenir en las sesiones del Grupo de Trabajo, sí aprovechamos nuestra presencia en Ginebra para tejer redes con otras ONGs, organizar actividades paralelas informativas y dejar escuchar su voz conjunta para convencer a Estados, Gobiernos y ciudadanía sobre los compromisos de los países examinados y la necesidad de que los Estados 'examinadores' hagan un riguroso seguimiento de su implementación.
Un nuevo reto para Amnistía surge después, cuando llega la hora de decidir sobre las recomendaciones planteadas. El país examinado puede aceptarlas o rechazarlas, lo que convierte en decisivos los esfuerzos no gubernamentales para convencer a cada Estado de que asuma y cumpla sus compromisos. La sociedad civil tendrá otra gran oportunidad cuando, tres o cuatro meses después, el Consejo de Derechos Humanos formalice oficialmente las conclusiones del EPU, lo que permitirá a las ONG acreditadas en la ONU hacer una declaración oral en el Consejo sobre la situación de derechos humanos en cada país examinado.
Para Amnistía, la etapa fundamental se abre con la implementación a nivel nacional de las recomendaciones, será el momento de presionar a los Estados –examinados y examinadores– para que el EPU alcance su gran objetivo de mejorar la situación de derechos humanos sobre el terreno. Y todo ello con una monitorización continua del proceso con la vista puesta en el siguiente Examen Periódico Universal o, si fuera necesaria, en una 'revisión intermedia' que impulse y refuerce los esfuerzos de implementación.
En la práctica, este trabajo paralelo de organizaciones como Amnistía es clave para conseguir la máxima eficacia del EPU. Aunque no puedan plantearlas directamente al Grupo de Trabajo, sí pueden sugerir sus propias recomendaciones a los Estados examinadores para que las hagan suyas en él.
Organizaciones como Amnistía Internacional damos seguimiento y acompañamos con nuestras investigaciones y lobby todas las fases del EPU ya que consideramos que este mecanismo es actualmente uno de los más importantes en el sistema multilateral de derechos humanos. Animamos a todos los Estados a comprometerse con él: siendo activos cuando examinan y siendo ambiciosos cuando se comprometen con las mejoras.
